La Vanguardia.- Madrid, 21 jun (EFE).- Las personas con discapacidad que solicitan asilo en España por motivos como su raza, religión, opiniones políticas u orientación sexual se encuentran con numerosas barreras a la hora de acceder a las medidas de protección y, después, para empezar su nueva vida en el país.
Así lo han denunciado dos afectados, Sergio Contreras y Héctor Adán, durante la presentación de un estudio del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que pone en evidencia las trabas y la doble discriminación que enfrentan estas personas y la falta de datos desagregados e investigación para abordar esta problemática.
Sergio Contreras ha recordado que la propia discapacidad puede ser el motivo del desplazamiento forzoso de una persona porque en su país de origen no tenga acceso a la salud pública y a otras «condiciones específicas» como espacios públicos adaptados.
Ha relatado que, una vez que estas personas llegan a España, se encuentran «las primeras barreras» durante el propio trámite de solicitar asilo, un proceso ya de por sí farragoso y que puede presentar «muchas complejidades» añadidas a las personas con necesidades especiales: «No todo se arregla con poner podotáctiles, hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta», ha enfatizado.
Para él es necesario abordar todas estas cuestiones y también el de la salud mental y ha puesto de ejemplo a su hijo, que es autista y, aunque tiene reconocida esta condición desde el punto de vista sanitario, no ha podido dar traslado de su condición a la seguridad social porque es apátrida.
Otro de los afectados por estas circunstancias es Héctor Adán, quien se ha quejado de los largos plazos de espera para conseguir el reconocimiento del grado de discapacidad: en su caso, obtuvo el permiso de trabajo el pasado mes de octubre y calcula que no recibirá este documento que acredita su condición hasta finales de 2024
También de otras «complicaciones» para acceder al programa de acogida de pleno derecho para personas como él, que próximamente será operado de escoliosis, por lo que cree que «perderá» entre 5 y 7 meses de ayuda porque este no se suspende durante la hospitalización.
Ambos han participado en la presentación este miércoles de la investigación «Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas» realizado por la experta Gloria Álvarez.
Una de las conclusiones principales del estudio es que en España «existe un entramado jurídico» y un «discurso político» muy comprometido con la accesibilidad en la acogida a personas refugiadas, pero esta buena voluntad, «materialmente», no se está cumpliendo.
También han participado en el acto la representante de ACNUR en España, Sophie Muller, y el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín.
La primera ha recordado que ACNUR España cuenta desde hace tres años con un equipo especializado dedicado para personas con necesidades específicas y ha incidido en la importancia de incorporar estas particularidades en el sistema de acogida.
Por su parte, Jesús Martín ha subrayado que España cuenta con un «corpus jurídico sólido y potente» en esta materia y ejemplo de ello es el Reglamento de 2022 por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, que sí reconoce la discapacidad como una situación de vulnerabilidad a tener en cuenta. EFE
