Lleva ante la Fiscalía las declaraciones de Paluzie sobre que los disturbios «visualizan» el conflicto en Cataluña
GERMÁN GONZÁLEZ. EL MUNDO.- Las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie sobre que la violencia en las calles y carreteras de Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremohacen «visible el conflicto» catalán en el mundo ya que «son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días», pueden ser delito. Así lo cree Societat Civil Catalana que presentará una denuncia ante Fiscalía contra la presidenta de la ANC por delito de odio y apología de la violencia
En concreto, Societat Civil considera que las declaraciones de Paluzie son «antidemocráticas e irresponsables y que ni siquiera representan a una parte importante del independentismo que quiere que se acabe esta ola de violencia, por parte del secesionismo radical, en toda Cataluña». Además, detallan que «la violencia se debe condenar siempre de forma contundente y rotunda. Es responsabilidad de todos los ciudadanos y, especialmente, de los representantes públicos, que deben predicar con el ejemplo».
«Hace dos semanas observamos con tristeza e indignación como lamentablemente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tardó tres días en condenar la violencia, desde que se empezaron a producir agresiones y altercados en la vía pública por parte del secesionismo radical», señalan desde Societat Civil Catalana.
También indican que Paluzie «no sólo no la ha condenado, sino que ha hecho una valoración positiva de la violencia secesionista que está habiendo en las calles de toda Cataluña» así «por este desgraciado y lamentable motivo, nos vemos en la obligación de presentar una denuncia este miércoles (mañana) ante Fiscalía contra ella por delito de odio y apología de la violencia».
«Nuestra entidad continúa trabajando para defender la democracia en Cataluña y no podemos tolerar que haya representantes públicos, con influencia en ciertos sectores de la opinión pública, que se dediquen a pronunciar declaraciones antidemocráticas que puedan correr el riesgo de ser interpretadas de una manera incorrecta», concluyen.
