Las alrededor de 600 mil personas sin papeles que viven en España no tienen acceso a las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis económica derivada de la sanitaria que ha provocado el covid-19. Los CIE se han vaciado, pero las personas que estaban ingresadas en estos centros continúan con una orden de expulsión y, en muchos casos, sin contrato de trabajo, lo que dificulta regular su situación, Las organizaciones recuerdan que estas personas tienen acceso a la sanidad pública, pero recalcan que muchas no acuden por el miedo a ser localizados en una situación irregular
LARA CARRASCO. INFOLIBRE.- Seydou Diop es senegalés y lleva más de tres años en España. Trabaja como jornalero en la provincia de Huelva y, a la vez, forma parte de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, aunque ahora también ejerce de portavoz del movimiento #RegularizaciónYa, apoyado por más de 1.000 asociaciones, organizaciones y colectivos. Él, precisamente, acaba de regularizar su situación, pero convive día a día con compañeros que todavía no han podido. Muchos de ellos trabajan en el campo, pero de manera informal. Y sin contrato es «muy difícil» conseguir los papeles. Por eso muchos también, según dice, viven en asentamientos. «Es una situación horrorosa porque no hay ni luz, ni agua potable, ni saneamiento y, además, está todo lleno de basura», lamenta desde el otro lado del teléfono. Esa situación, en el escenario de una crisis sanitaria como la provocada por el covid-19, no es la más adecuada. Pero es que además, a esas dificultades que ya existían y sufrían sus compañeros, se suma ahora la crisis económica que ya ha empezado a asomar la cabeza por detrás de la sanitaria. Sin papeles, quedan fuera de todas las medidas que el Gobierno ha aprobado para ayudar a quienes se han visto abocados a una situación de extrema vulnerabilidad. «Dijeron que no iban a dejar a nadie atrás, pero a nosotros nos han dejado atrás», lamenta.
Es el caso, por ejemplo, de Ángel, que prefiere utilizar un nombre ficticio cuando habla con infoLibre. De origen peruano, llegó a España hace casi tres años, pero todavía no tiene los papeles. Un día le interceptó la Policía Municipal de Madrid y, al comprobarlo, acabó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pasó allí algo menos de un mes. Ahora que tanto este centro como los otros siete que existen en España —Algeciras-Tarifa, Archidona, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Tenerife y Valencia— se han quedado vacíos, ha podido trasladarse a la casa de su pareja. Pero sigue sin papeles. Y sin contrato laboral. «Ahora estoy trabajando un par de horas como repartidor», cuenta desde el otro lado del teléfono. No le queda más remedio que buscar cómo ganar algo de dinero pues, tal y como dice, su situación de irregularidad le impide acceder a ningún tipo de ayuda. «Para todo hace falta un DNI o un NIE», afirma. Pero además, tiene que convivir con el miedo a que, una vez abiertas las fronteras y con la misma situación administrativa, se vea abocado a volver a su país o a ingresar de nuevo en el CIE. Porque estos centros han cerrado sus puertas, pero eso no significa que la situación de quienes estaban dentro haya cambiado. Si había una orden de expulsión, la sigue habiendo. Solo falta una fecha de ejecución.
Distintas organizaciones ya señalaron que la crisis económica y social en la que derivaría la pandemia afectaría de una forma mucho más virulenta a las personas migrantes, sobre todo a las que todavía no han regularizado su situación en España. «Es cierto que las personas migrantes, y sobre todo las que se encuentran en situación irregular, suelen ser los colectivos más vulnerables y castigados. Suelen estar en ámbitos informales de trabajo y en las crisis son las primeras en pagar los platos rotos», cuenta Virginia Álvarez, responsable de investigación en Amnistía Internacional España. «Ya antes de la crisis del covid-19 las personas migrantes eran consideradas grupos de mayor exclusión social y pobreza. Ya eran más vulnerables y ahora se prevé que la crisis impacte especialmente en ellas«, añade Cristina Fernández-Durán, asesora de migraciones para Oxfam Intermón.
De ahí que haya surgido la plataforma #RegularizaciónYa. Con papeles, el acceso al mercado de trabajo es más sencillo, la situación administrativa deja de suponer un limbo para estas personas y las ayudas aprobadas también van dirigidas a ellos, con lo que se evita que caigan en una situación de pobreza extrema. No son pocas las personas que están en esta situación. Según informó el movimiento en un comunicado, hay «alrededor de 600 mil personas en ‘un limbo vital y administrativo debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos tres años en este estatus’, lo que las empuja a la economía sumergida ‘para poder sobrevivir en un sistema que las invisibiliza y no las tiene en cuenta en ninguna de las políticas sociales». En otros países, como Italia, las regularizaciones masivas ya son más que una reivindicación para compensar los efectos adversos de la crisis.
¿Cuál es su situación legal? Pueden ser expulsados cuando la situación se normalice
El pasado 6 de mayo, la última persona que había permanecido en el CIE de Algeciras atravesaba la puerta del centro. Con su salida, los ocho centros de internamiento de extranjeros que hay repartidos por España se quedaban vacíos por primera vez desde 1985, año en el que se creó su figura jurídica. La noticia fue celebrada por distintas organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y que ya habían reclamado en distintas ocasiones la clausura de este tipo de espacios. Sin embargo, quedó empañada por la realidad: los CIE no han cerrado para siempre, solo lo han hecho, a priori, de manera intermitente y mientras dure el estado de alarma y el consiguiente cierre de fronteras. Estos espacios están diseñados para acoger a los migrantes en situación irregular durante un periodo máximo de 60 días antes de ser expulsados del país. Si no pueden ser expulsados, pierden su función primordial.
Pero, ¿qué ha ocurrido con las personas que estaban internas? Según explica Ana Bosch, abogada de Pueblos Unidos, una de las asociaciones que forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes, algunas como Ángel han podido regresar a sus domicilios o a viviendas de familiares. Otros con situaciones más complicadas, explica, «fueron derivados a recursos de ayuda humanitaria» o a «recursos locales habilitados para la gente sin hogar». «Hemos comprobado que en estas derivaciones no ha habido problemas», detalla Bosch.
Pero nada indica que, cuando la situación se normalice, no vuelvan a entrar. «Todas estas personas siguen teniendo orden de expulsión, lo que pasa es que no se ha ejecutado ni se va a hacer ahora porque las fronteras están cerradas. Pero la situación irregular continúa y sigue vigente», explica. Es por eso por lo que Ángel tiene miedo. Y es por eso también por lo que Yasin, que también estuvo interno en el CIE de Aluche, ha preferido acudir a otro lugar diferente al que figura en su padrón. «Tengo miedo a que cuando pase todo esto vuelva la normalidad y quieran recuperar a todas las personas que han soltado para volver a expulsarlas», dice en conversación telefónica.
Él, marroquí, ya fue expulsado a su país después de cumplir una condena en España. En ese momento se decretó que no podría volver a pisar territorio europeo, pero regresó. Ahora, con su situación, no tiene trabajo ni percibe ninguna ayuda de ningún tipo. «Estoy en un pozo, totalmente fuera de este sistema», lamenta.
El trabajo, abocado a lo informal y sin ayudas durante la crisis
Precisamente es su situación de irregularidad la que les conduce, en muchas ocasiones, a tener que trabajar sin un contrato de trabajo en regla. Y eso es justo lo que provoca, en un círculo vicioso, que no puedan conseguir los papeles con facilidad. Es lo que le ocurre a Ángel y a muchos compañeros de Seydou. Y a aproximadamente un 30% de las empleadas domésticas, que forman parte de la economía sumergida y que por tanto tampoco podrán acceder al paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo destinado a solventar los problemas derivados de las especificidades de su sector. Muchas de ellas son migrantes sin papeles.
Su caso es particular. Las empleadas del hogar pertenecen al Sistema Especial del Régimen General, de manera que no pueden acceder a derechos como la prestación por desempleo y tampoco cotizan por su salario real, sino en base a distintos tramos. Cuando se incluyó a este colectivo en el apartado especial, se acordó un periodo para su incorporación total al Régimen General. Sin embargo, el plazo fijado en un inicio se ha ido postergando de manera sistemática –gracias a la enmienda 6777–. A finales de febrero, la ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó su voluntad de ratificar el convenio internacional.
«Las personas irregulares son personas que dependen de la economía informal, que en estos momentos está parada. Además, trabajan en el sector de la agricultura o en otros que tienen dificultades en momentos como este», señala Álvarez. «Por no hablar de las personas que trabajan en el servicio doméstico y de las que se ha prescindido y ahora se han quedado sin cobertura», añade. No pueden verse sometidas, por tanto, a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero tampoco pueden recibir una prestación por desempleo. Si no tenían contrato, es como si no hubieran trabajado. Eso, sumado a que no pueden realizar ningún trabajo que les permita seguir adelante, les aboca a perder los ahorros que hubieran podido amasar.
Pero además hay otro peligro. Tanto Álvarez como Fernández-Durán apuntan a la posibilidad de que muchas personas, precisamente por perder su trabajo —en caso de tener contrato— se vean abocadas a una situación de irregularidad sobrevenida y, por tanto, a una posible orden de expulsión. «Hay personas con un permiso de residencia y trabajo que a lo mejor no podrán renovarlo si pierden el empleo. Se quedarán sin esa cobertura», lamenta la responsable de investigación de Amnistía.
Dificultad para acceder a la sanidad: miedo a ser descubiertos sin papeles
Y si no tienen papeles, ¿pueden acceder a la sanidad pública? Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez recuperó la sanidad universal en el año 2018, sí. El Consejo de Ministros aprobó el día 27 de julio un Real Decreto, a propuesta de la entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por el que se devolvió la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS). De este modo, se desligó la asistencia sanitaria a la condición de asegurado, como así estableció otro decreto puesto en marcha por el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy. Los migrantes en situación administrativa irregular, por tanto, pudieron volver a acceder al sistema.
Aun así, las organizaciones detallan que ese salvoconducto no ha sido suficiente para que los migrantes irregulares acudan a un centro sanitario cuando lo precisan. Ni siquiera durante el estado de alarma. «Gracias a la reactivación de la sanidad universal, estas personas tienen acceso a ella. Sin embargo, hay muchas que no acceden por miedo a que se puedan incoar procedimientos sancionadores contra ellas por no tener papeles», detalla Fernández-Durán, que apunta también a la «barrera del idioma» como problema. «En algunas ocasiones la atención sanitaria no ha sido la adecuada porque el paciente no habla el idioma y en las instituciones a veces no hay suficientes traductores», lamenta.
El Ingreso Mínimo Vital, reservado a las personas en situación regular
Seydou, además, apunta a otro detalle. No tener papeles les priva de una de las mayores prestaciones que aprobará el Gobierno durante la pandemia: el Ingreso Mínimo Vital. La intención del Ejecutivo es que esté listo en mayo y, según adelantó El Mundo, constará de una ayuda que se moverá en una horquilla de entre los 462 euros para los hogares unipersonales hasta los 1.015 euros en el caso de aquellas familias que estén formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo. Pero ya lo avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista concedida a eldiario.es: el ingreso mínimo vital «no está contemplado» para personas en situación irregular.
«A nosotros, como migrantes, no nos deberían dejar atrás. Lo necesitamos. Las personas irregulares son personas marginales, vulnerables y sin apoyo familiar. El único apoyo que pueden tener viene por parte del Gobierno», reclama Seydou que, por ello, apunta a la necesidad de una regularición masiva con la que Fernández-Durán, cuya organización forma parte del movimiento, se muestra de acuerdo.
«Reconocer la contribución esencial e imprescindible de las personas migrantes en situación irregular a la sociedad española permite abrir el debate sobre su inclusión en el acceso a un ingreso mínimo y vital. La petición de la inserción de las personas en situación administrativa irregular dentro de aquellas posibles peticionarias del ingreso mínimo responde a la urgencia que están viviendo los distintos colectivos en la actualidad (no poder hacer frente al pago del alquiler, imposibilidad o dificultad de pagar comida, facturas, insumos básicos, etc.)», explica la plataforma en defensa de la regularización en un informe que envió este mismo martes a distintos partidos políticos y entidades sociales.
Según Seydou, la reguralización solo está en manos del Gobierno, que tendría que tener en cuenta que constituyen una mano de obra «muy importante». «Vivimos en la exclusión, pero necesitamos una regularización ya porque no nos dejan integrarnos. No soportamos más la explotación laboral, que la tenemos que aguantar porque estamos aquí para mejorar nuestras condiciones de vida y la economía de nuestras familias. Por eso estamos aguantando», reclama.
