Entre los manifestantes se encuentra Miguel Frontera, denunciado por la Guardia Civil por grabar en el interior del domicilio del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad
ELDIARIO.ES.- Los ultraderechistas han vuelto a manifestarse frente a la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Tras unas semanas en las que el acoso se había reducido, este sábado han regresado para concentrarse junto a la vivienda, en el madrileño municipio de Galapagar. Algo que lleva ocurriendo desde hace meses.
Entre los asistentes a la concentración de apenas una decena de personas está uno de sus promotores, Miguel Frontera, quien acumula problemas judiciales. Frontera fue denunciado por la Guardia Civil por grabar en el interior de la vivienda del vicepresidente y la ministra, donde ambos conviven con sus tres hijos de corta edad.
Frontera está inmerso en al menos un proceso judicial por sus acciones en las proximidades de la casa de Iglesias. La Guardia Civil lo denunció por haber grabado el interior de la casa con su móvil. El atestado de los agentes ha servido para que el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) abra una investigación, al que se ha sumado una querella del propio Iglesias, que le atribuye seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Además, en la instrucción del juzgado obra una investigación de la Fiscalía sobre las pancartas colocadas frente al domicilio de Iglesias y Montero y que concluyó que Frontera era autor de las mismas.
En su testimonio ante el juez de la semana pasada los guardias civiles aseguraron que Frontera «reconoció que había sido la persona que había grabado» un vídeo en el que se ve al vicepresidente en el interior de su propiedad, según informó La Vanguardia. En su testimonio, según recoge InfoLibre, el capitán de la Guardia Civil dijo que Frontera tiene «un papel protagonista en las reuniones” y que «siempre llevaba altavoces, jaleaba al personal y era una de las personas que más gritaba».
Los testimonios de los agentes se produjeron hace menos de 10 días. El denunciado ha recuperado justo ahora su presencia en las concentraciones, a las que había dejado de asistir de forma tan asidua.
No es la primera denuncia que instruye el mismo juzgado. Hace unas semanas archivó otra querella por acoso y coacciones que Montero presentó contra Cristina Gómez, una de las tres concejalas de Vox en Galapagar y promotora de esas concentraciones.
La magistrada consideró que los hechos estaban amparados por la libertad de expresión y que la vía penal no era la oportuna para analizarlos. Pero se da la circunstancia de que la concejala ha dimitido recientemente. Vox abrió un expediente de expulsión contra ella por comentarios homófobos en Twitter contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Poco después, un conocido de Gómez y de su marido denunció ante la Guardia Civil que había visto «comportamientos inapropiados de la pareja en presencia de sus hijos menores de edad», entre ellos el consumo de drogas, según una información de la Agencia Efe recogida por El Mundo. Esta información empujó a su dimisión y su expulsión del partido.
