La Razón.- Solo habían transcurrido algunas horas desde la aprobación de la polémica Ley de Inmigración en la Asamblea Nacional cuando ya empezaban a brotar focos de protesta en diferentes regiones de Francia. Y es que el endurecimiento de las reglas de acogida de los migrantes tiene un buen número de detractores.
La norma contiene medidas destinadas a limitar las ayudas sociales a los extranjeros con residencia legal, la introducción de una fianza que deberán pagar los estudiantes extranjeros, la creación de «cuotas migratorias» fijadas por el Parlamento, la posibilidad de privar de la nacionalidad francesa a ciudadanos con una condena judicial y el restablecimiento del llamado «delito de residencia ilegal».
En ese contexto, se han registrado manifestaciones de calle en Rennes, Aviñón, Besançon, Caen, Lille, Dijon o Estrasburgo, que califican esta nueva Ley de Inmigración como un «texto racista y xenófobo». No son los únicos. A nivel sindical –donde las ideas de izquierda tienen un lugar tradicionalmente preferencial– un texto endurecido por el partido de derechas, Los Republicanos, cae como un baño de agua fría.
El jueves 21 de diciembre, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, hizo un llamamiento a la «desobediencia civil» ante una ley que cuestiona «todos los principios republicanos de solidaridad de Francia». En un comunicado conjunto, la unión intersindical condenó la ley etiquetándola de «discriminatoria».
Por el lado de la patronal, también hay descontento, aunque las razones sean distintas: el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF), Patrick Martin, declaró que la economía francesa tendrá una necesidad masiva de mano de obra extranjera en las próximas décadas, temiendo un déficit de empleados en sectores claves como restaurantes, agricultura, construcción, limpieza y otros, que se nutren frecuentemente de los migrantes. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, replicó que «la necesidad inmediata es formar y cualificar a los parados antes de recurrir a la inmigración». Pero seamos honestos, ni siquiera los parados franceses están dispuestos a trabajar largas horas en la cocina o a recoger la basura en las calles de París.Play Video
Por su parte, el ámbito universitario también se ha pronunciado contra la Ley de Inmigración. Los rectores de grandes universidades como la Sorbona, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo redactaron un comunicado conjunto en el que consideran que el texto es «indigno de Francia y contrario al espíritu de la Ilustración». El rector de la Universidad de Lyon fue más allá: acusó a la Ley de Inmigración de ser «un insulto a los estudiantes extranjeros, una afrenta al desarrollo de la investigación».
¿Y cómo afectan todas estas protestas –en la calle y en papel– al Gobierno de Emmanuel Macron? Primero, encienden el sentimiento de que el presidente francés ha servido en bandeja de plata a la extrema derecha una ley que favorece a sus propósitos. Marine Le Pen ha pedido por años un endurecimiento de las reglas contra los migrantes, señalándoles de ser responsables del aumento de la violencia, el despilfarro de los dineros del Estado y la pérdida de la identidad francesa. Y si bien el texto aprobado no es todo lo estricto que Le Pen desearía, sí se considera un avance hacia ese objetivo. Ella misma lo ha dicho sin tapujos, cantando «victoria ideológica» en plena asamblea.
Macron responde con tranquilidad en televisión que «asume la responsabilidad de la ley», asegurando que los franceses esperaban un texto como este. «Si no quieren que el partido Reagrupación Nacional (de extrema derecha) llegue al poder, hay que atacar los problemas que lo alimentan», remata el mandatario francés. Y quizás la clave de esta afirmación sean aquellos franceses que sí están de acuerdo con la ley.
Los sondeos realizados por empresas reconocidas como el Instituto de Estudios de Marketing y Opinión, Odoxa o ELABE, señalaron que alrededor de un 70% de los franceses saludan la aprobación de la Ley de Inmigración.
¿Tambalea el Gobierno de Macron a causa de las protestas? La respuesta es no. El presidente francés ha sobrevivido a manifestaciones mucho más violentas y prolongadas como la de los chalecos amarillos en 2018 y la de la controvertida reforma de las pensiones a principios de este año. No es popular como personaje, sin duda, pero su Gobierno se mantiene en pie.
