Los trabajos de control de las actividades de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Brasil ya han comenzado. Entre las medidas de respuesta: intentar que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la medida.
VÍCTOR DAVID LÓPEZ. PÚBLICO.- Con la Medida Provisional nº 870 llegó el escándalo. Fue lo primero que firmó Jair Bolsonaro al llegar al poder, estableciendo la estructura básica del Ejecutivo, y entre el alboroto causado por las decisiones inaugurales, una de ellas, que ahora está empezando a tomar forma, estremeció a la sociedad civil: el general Carlos Alberto dos Santos Cruz vigilará de cerca a las organizaciones no gubernamentales.
La mencionada norma indica que una de las competencias de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República –cuyo ministro es el general Santos Cruz– es «supervisar, coordinar y monitorear las actividades –y realizar seguimiento de las acciones– de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional».
El colectivo «Pacto pela democracia» –proyecto lanzado por un centenar de organizaciones y movimientos sociales– envió una carta al general remarcando, entre otras cosas, que en Brasil ya existe y está vigente el Marco Regulador de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que pueden ser objeto de procesos legales como cualquier otra institución. Solicitaban una audiencia para acercar posturas, pero de momento la única organización no gubernamental que ha sido recibida por el ministro ha sido Human Rights Watch. Se trataba de una reunión metódica pero oportuna. La organización suele organizarlas justo antes de publicar su informe anual sobre derechos humanos. En este caso, era su primer contacto con el gobierno Bolsonaro.
En la cita estaban presentes, por parte de la ONG, José Miguel Vivanco (director de la División de las Américas HRW), Maria Laura Canineu (directora HRW Brasil) y César Muñoz (investigador senior HRW). La Secretaría de Gobierno estaba representada por el general Santos Cruz; su jefe de gabinete, el teniente-coronel Augusto César Barbosa Vareda, y dos de sus secretarios. Uno de ellos era Iury Revoredo Ribeiro, secretario nacional de articulación social: el elegido para avanzar en la fiscalización y vigilancia de las organizaciones no gubernamentales.
El jefe de gabinete pidió a los tres representantes de Human Rights Watch que dejaran sus teléfonos móviles en un sala contigua. Nunca les había pasado algo similar. Los tres activistas se negaron, y estuvieron a punto de cancelar la reunión ante tal exigencia. Una vez desatascada la situación e iniciada la conversación, el general Santos Cruz les certificó que los trabajos de fiscalización a las ONG que trabajan en Brasil ya han comenzado, y que se encuentran en fase de mapeo. «No explicó el siguiente paso», cuenta el investigador César Muñoz en conversación con Público. Muñoz resume las sensaciones de Human Rights Watch tras el encuentro con el general: «Medida preocupante, porque no tiene en cuenta el papel de las ONG vigilando al gobierno. Aquí es al contrario, el gobierno vigila a las ONG».
El necesario análisis de los antecedentes para contextualizar la medida
La presión a las ONG por parte de la extrema derecha brasileña, hoy al frente del país, hay que enmarcarla en el curriculum vitae de Jair Bolsonaro. Así lo sostiene Renata Neder, coordinadora de investigaciones de Amnistía Internacional Brasil. «La Medida Provisional 870 no puede ser vista de manera aislada, sino analizada en un contexto más amplio, el de las propuestas y discursos públicos del presidente Jair Bolsonaro durante su campaña electoral el año pasado».
Las amenazas durante los comicios no se olvidarán fácilmente. «Vamos a poner punto y final a todos los activismos de Brasil», dijo Bolsonaro en el pronunciamiento del 7 de octubre, tras las votaciones de la primera vuelta. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales elaboraron y difundieron rápidamente una nota de repudio. En el discurso –telefónico– de Bolsonaro emitido en el acto electoral de la avenida Paulista (São Paulo) 21 de octubre mantuvo el nivel de belicosidad: «Será una limpieza nunca vista en la historia de Brasil».
Pero esta estrategia de ataque desmesurado viene de atrás. En la memoria colectiva sobresalen dos casos más, hace tres años y medio. Durante la audiencia pública organizada el 16 de septiembre de 2015 dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, Bolsonaro desafiaba al Instituto Sou da Paz. Se debatía la actividad policial, el uso de la fuerza y las armas de fuego. Bolsonaro respondía a la intervención de la activista Stephanie Morin: «Si un día tuviera poderes para tal, no va a haber un céntimo para las ONG, ni un céntimo para cualquier órgano relacionado con los derechos humanos. Vais a tener que trabajar, vais a dejar de vivir a costa de la desgracia de un policía militar y de un policía civil».
Ese mismo mes, tras el lanzamiento de uno de los informes de Amnistía Internacional Brasil, Bolsonaro advirtió a esta organización que si un día llegaba a alcanzar el mandato presidencial, no les iba a permitir «interferir en la vida interna del país». Con estos precedentes, señala Renata Neder a Público, «la Medida Provisional 870 da pasos muy peligrosos hacia la restricción del derecho de libre asociación y puede desdoblarse en monitoreos e interferencias indebidas en las actividades de la sociedad civil organizada». Según la investigadora, “el Estado brasileño debería actuar para proteger derechos, y no para restringirlos”.
Al mismo colectivo que Sou da Paz, «Pacto pela democracia», pertenece también el Instituto Ethos. Su director adjunto, Caio Magri, ha explicado a este diario que como respuesta al intento de acercamiento al general Santos Cruz, especificado en la carta que le trasladaron, solo encontraron evasivas. «Hemos estado tres semanas intentando organizar este encuentro».
Ante semejante desinterés, “Pacto pela democracia” ha comenzado a «construir un diálogo para actuar en la revocación de esa medida”, adelanta Magri, «junto al Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República». El objetivo final es que el Tribunal Supremo declare inconstitucional esta vigilancia y control a las ONG.
Público ha entrado en contacto con la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República, para que explicaran cómo se va a realizar a partir de ahora ese control a las ONG, cuál es el objetivo y cuáles podrían ser las consecuencias. La asesoría de comunicación del general Santos Cruz se comunicó dos veces con el periódico, pero no llegó a responder a las cuestiones.
