LA MAREA.- El Gobierno ha dado de baja ya 748.835 tarjetas sanitarias del Sistema Nacional de Salud desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria, que impulsó el Partido Popular en 2012. La cifra la ha hecho pública el propio Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita presentada en el Congreso de los Diputados. El parlamentario de Amaiur Jon Iñarritu registró la cuestión el pasado 14 de octubre, tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto, el 1 de septiembre.
El motivo que alega el Gobierno para haber dado de baja a cientos de miles de personas es que no está “reconocida por el Instituto Nacional de Seguridad Social su condición de asegurado o beneficiario”, al no encontrarse “residiendo en España en la fecha de verificación”.
Para Iñarritu, “es una barbaridad que vulnera los derechos humanos y la solidaridad dentro de un Estado”. Además, el parlamentario de Amaiur advierte de que la exclusión de parte de la población del sistema sanitario amenaza con crear “posibles brotes de infección y la propagación de enfermedades”, que afectarían tanto a indocumentados como a personas con documentación. Iñarritu ha asegurado esta tarde que repreguntará al Gobierno por la cuestión.
Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que la mayoría de los afectados son inmigrantes sin papeles (solo siguen con cobertura las mujeres embarazadas y los menores de 14 años), pero también los españoles mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, los parados de larga duración a partir de los dos años de paro y los mayores 26 años con una renta superior a 100.000 euros que no coticen a la Seguridad Social. Fernández acusa al Gobierno de haber acabado con “un sistema universal que no excluía a nadie”.
Las consecuencias
Al caer enfermos, algunos afectados optan desde hace un año por acudir al médico de cabecera con la tarjeta de un conocido. Pero esto tiene dos riesgos, enfatiza Fernández: sus enfermedades se registran en el historial del titular de la tarjeta y, además, este privilegio propicia un mercado negro de medicamentos, en el que los titulares de tarjetas sanitarias –españoles o extranjeros– piden medicinas al médico, que luego revenden.
Mónica García, portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (FAEM), recuerda que, además, el Gobierno no está analizando y estudiando las consecuencias que el abandono de un colectivo tan grande puede suponer: “No mide ni el impacto económico ni el social. No sabemos si han acudido más a las urgencias y, al final, nos ha salido más caro. Tampoco dicen cuántos son extranjeros, ni cuantos españoles. No dan información, ni analizan: ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las personas con tuberculosis?”, se pregunta.
García recuerda un estudio del director del equipo de Economía de la Salud en Oxford, David Stuckler, que analiza cómo Nueva York recortó 100 millones de dólares en la prevención de la tuberculosis y luego tuvo que gastar más de 1.000 millones para frenar su rebrote.
La insumisión de los médicos
Como consecuencia de la reforma sanitaria, se produjo una campaña de insumisión de médicos que, dentro de un “rechazo mayoritario”, explica Fernández, atienden a los excluidos por el sistema aunque no tengan tarjeta sanitaria. Tras la atención primaria, el problema con el que se encuentran es que no pueden derivarlos a atención especializada. Para terapia psicológica, por ejemplo, carecen de historial médico.
A nivel asociativo también se lanzó una campaña de solidaridad para proteger a los excluidos. Organizaciones como Karibú consiguieron acuerdos verbales con farmacias, que les suministran parte de los medicamentos que demandan los sin papeles.
