Las entidades lamentan que el Govern ha tardado cinco semanas para dotarles equipos de protección. El Govern dice «no tener datos», pero la federación DINCAT cuenta almenos 55 fallecidos por el virus
ELISENDA COLELL. EL PERIÓDICO.- Sin equipos de protección, sin acceder a tests, sin desinfecciones y sin ninguna Administración que cuente el número de personas muertas y afectadas por el coronavirus en estos centros: así afrontan la pandemia mundial las residencias que atienden a personas con discapacidad, adicciones y trastornos mentales. Las entidades lamentan sentirse «desatendidas» y «olvidadas» por el Govern, mientras que algunas federaciones, como DINCAT, cuentan al menos 55 fallecimientos y más de 700 contagiados, la mitad sin acceder a pruebas que lo confirmen.
En Catalunya, aparte de ancianos en geriátricos, hay 10.167 personas con discapacidad física, intelectual, graves trastornos mentales y adicciones que viven también en centros asistenciales. Pero, a diferencia de las residencias para ancianos, la respuesta del Govern no es que haya sido desafortunada o tardía: es que no ha existido, según varias entidades consultadas. Cinco semanas después de la declaración del estado de alarma, empiezan a recibir el material para proteger a profesionales y enfermos. «Hemos tenido suerte de que compramos el material a principios de marzo, al ver lo que ocurría en Italia, porque si confiáramos en que nos lo diera el Govern, aún estaríamos esperando», explica Mireia Álvarez, directora de la residencia Esclat Marina, en Barcelona, que atiende a personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad que, por el momento, no ha registrado ningun caso de coronavirus.
«Estamos hablando de personas que tienen muchos problemas respiratorios y coronarios asociados: asma, atrofias, neumonías… Y los cuidados que requieren necesitan saltarse el distanciamiento social. Es un colectivo muy vulnerable… el Govern ha estado en contacto con nosotros, pero ha actuado tarde» expone Mercè Batlle, presidenta de la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT), cuyas entidades agregadas gestionan una decena de residencias. Batlle corrobora que esta semana la administración ha empezado a repartir equipos de protección para los centros de personas con discapacidad de forma generalitzada, aunque matiza que en casos de extrema emergencia, tras el llamamiento de las entidades, sí ha habido respuesta. «Hemos sobrevivido con donaciones, sobre todo de las familias, y comprando nosotros el material con un dinero que no tenemos«, se queja. Pero también ve una actitud de menoscabo con la atención médica recibida. «Se ha dado por supuesto que nuestros sanitarios, que trabajan aquí algunas horas, podrían hacerse cargo de los enfermos, cosa que no es así. Especialmente en el área metropolitana, ha costado que los ambulatorios visitaran a los enfermos aun si el centro no les podía aislar», lamenta.
Situación dramática
La federación DINCAT, especializada en atender a personas con discapacidad intelectual, confirma también la dramática situación en la que vive el sector. «Aun a pesar de las recomendaciones de la OMS, que cataloga a las personas con discapacidad como uno de los colectivos más vulnerables, no hemos sido prioritarios», se queja el director de la entidad, Carles Campuzano. Uno de los casos que ha gererado «más angustia», señala Campuzano, es la situación dada en algunas residencias que no tenían capacidad para aislar los contagiados. «Tuvimos que avisar al Govern, y aquí sí derivaron a los enfermos en un equipamiento de Barcelona», señala. Unos traslados que la Generalitat ha tenido que extender a un hotel de Sabadell, un centro de Girona, y un albergueVic, y que ahora busca un espacio para el Área Matropolitana y Barcelona.
Por el momento, la Generalitat ni siquiera tiene datos de la presencia del virus en estos equipamientos. Por ello, la federación DINCAT ha decidido preguntar a unos 70 centros que atienden personas con discapacidad intelectual. Según sus datos, 55 personas habrían fallecido en estos centros, un centenar estarían hospitalizadas y 750 estarían contagiadas. De estas, solo la mitad se han podido hacer la prueba. Pero recuerdan que la incidencia real es «mucho mayor», aunque «desconocida».
Protocolos que los ignoran
El Comité Catalán de Personas Con Discapacidad (COCARMI) señala que el «olvido» y la «dudosa» gestión del Govern sobre el sector no solo se muestra en la falta de medidas tomadas en las residencias, también en los protocolos de atención. «No se ha tenido en cuenta en ningún momento las barreras que implican para una persona con discapacidad a la hora de comunicar las informaciones oficiales, ni a la hora de hacer los aislamientos», se queja la gerente del comité Meritxell Caralt.
Pero es que además el COCARMI señala el polémico protocolo de Salut donde se cribaba el acceso a la UCI. «Allí decían que uno de los criterios a valorar eran las secuelas que podrían dejar los tratamientos a las personas, como la discapacidad. Esto es gravísimo, pone a las personas con discapacidad en un segundo nivel, las discrimina», insiste Caralt, que explica que algunas familias se han quejado de que no se ha atendido correctamente a sus familiares dependientes. «Queremos saber cuántas personas con discapacidad han muerto en sus casas, para poder saber si realmente se las deriva al hospital o no, sospechamos que no está pasando, pero reclamamos tener los datos», señala Caralt.
