La Vanguardia.- Málaga, 7 nov (EFE).- El número de diligencias de investigación abiertas por delitos de odio ha registrado un repunte porque existe mayor conciencia de tal figura jurídica y además falta formación para tramitar adecuadamente este tipo de denuncias, según se ha puesto de manifiesto en un foro nacional celebrado en Málaga.
Hay cifras sumergidas en un 80 % en estos delitos ya que las víctimas no denuncian o cuando lo hacen su acción no llega a donde debía llegar, según ha asegurado a EFE la fiscal de la Fiscalía de Odio de Málaga, Mayte Verdugo, que ha participado en este encuentro.
Ha explicado que la Fiscalía de Málaga ha abierto en lo que va de año casi el doble de diligencias de investigación que en 2022, un repunte que achaca a un mayor concienciación que se traduce en más denuncias.
Con motivo del foro «Retos para la prevención social y la atención jurídica de los delitos de odio», organizado por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, ha manifestado que «la falta de formación impide que los delitos de odio puedan tener una adecuada tramitación».
Y es así «porque no se perciben como tales, o no se investigan de forma especifica y quedan como delitos leves o se archivan porque se consideran insulto o injurias, ya destipificadas» o se entiende que son delitos pero sin un reproche penal de mayor entidad.
Entre los casos no denunciados se ha referido a los gitanos, «tradicionalmente muy discriminados en España», que «tienen interiorizada la discriminación y son víctimas constantemente de que no se les deja acceder a espacios», pero no denuncian, o extranjeros «que no confían en el sistema porque en sus países la Policía y la judicatura no está para ayudar a los ciudadanos».
Ha incidido en que hay un problema de formación, ya que, aunque la figura del delito de odio «no es técnicamente compleja, hay que saber que existe, saber detectar la motivación de la discriminación, saber investigarlo», y ha añadido que hay fiscales especializados pero en otros ámbitos no ha habido ese aprendizaje concreto e igual ocurre con los jueces.
En este sentido, ha precisado que a veces se trata como un delito básico o se archiva porque no se le da importancia.
«Cuando los insultos o vejaciones se hacen reiteradamente y de forma objetivamente humillante de forma pública y afectan a la dignidad de las personas es un atentado contra la integridad moral, que se considera cuando está motivado por la raza, la orientación sexual o el origen nacional», ha señalado.
Ha resaltado que en Barcelona, pionera en la lucha contra los delitos de odio y con una Fiscalía especializada desde 2007 «hay veinte veces más delitos que en el resto de provincias; no porque haya veinte veces más problemas, sino porque se ha formado mucho mejor al personal para detectarlo».
Ha pedido a las organizaciones no gubernamentales que tratan con las víctimas que les hagan vencer el miedo a acceder a la Justicia y ha destacado la peligrosidad de las noticias falsas.
Por su parte, el capitán de la Guardia Civil en Málaga Esteban Merchán ha incidido en que la lacra es la formación, necesaria para identificar estos delitos y evitar que estos casos se queden en lesiones o coacciones pero sin el agravante y lleguen a un fiscal no especializado.
José Luis Berrón, del grupo de Racismo y xenofobia de la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, ha destacado la conveniencia de actuar con rapidez para las inspecciones oculares y en la investigación de estos casos.
Se ha referido a «la ley del silencio» de los testigos, que «nunca saben nada», y ha aconsejado que las víctimas acudan a denunciar acompañadas.
Manuel Montosa, del subgrupo de Mediación Policial y Gestión de la Diversidad de la Policía Local de Málaga, ha apostado por la mediación como cauce «ágil, sencillo y gratuito» para buscar una solución dialogada, al considerar que repara más a una víctima que le pidan disculpas y es más educativo para el autor del hecho. EFE
