EFE. LA VANGUARDIA.- Un informe elaborado por los jefes de misión de la Unión Europea en Jerusalén y Ramala describe la «discriminación legal sistemática» de los palestinos en una realidad de ocupación israelí «quasi-permanente».
Creado para informar en Bruselas del estado de las cosas sobre el terreno, el documento sobre la situación de seguridad, política y legal en Cisjordania analiza el contexto y plantea recomendaciones relevantes para el compromiso de la UE con los palestinos.
Éste, señala, está orientado a «apoyar el Estado palestino y la construcción de instituciones», así como al desarrollo de una economía sostenible que deriven en la creación de un Estado sobre las bases de los acuerdos de Oslo.
Los palestinos «afrontan numerosas y permanentes restricciones a su libertad de movimiento», tanto en su territorio como al entrar y salir del mismo, y están «privados de derechos civiles y políticos básicos, tales como el derecho a la autodeterminación».
Desde que comenzó la ocupación israelí de Cisjordania en 1967, se ha desarrollado un «régimen legal dual discriminatorio» que gobierna en este territorio en forma de una legislación militar administrada por cortes castrenses para los palestinos.
Además, Israel «aplica extensas secciones de las leyes israelíes sobre una base personal y extraterritorial» sobre los colonos.
«Como norma general, la legislación militar es más restrictiva y en numerosos casos conlleva castigos más severos que la legislación israelí, de manera notable en lo que tiene que ver con la legislación criminal, libertad de movimiento, libertad de expresión, planificación y construcción», señalan los representantes.
Estos lo ejemplifican con el caso de una detención de un israelí sospechoso de una agresión, explicando que éste será arrestado en una comisaría, interrogado y llevado ante un juez en el plazo de 24 horas, tras lo que es posible que se fije una fianza para su liberación.
En el caso de un palestino, el proceso se haría a través de instalaciones y cortes militares en 96 horas, la fianza sería «infrecuente» y puede que permaneciera detenido hasta el final del juicio si se tratara de un delito de seguridad.
El informe también recoge investigaciones que apuntan a que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre parte de Cisjordania, realiza «detenciones arbitrarias en las que los palestinos detenidos son retenidos sin cargos formales o procedimientos adecuados», especialmente por motivaciones políticas.
Bajo este liderazgo, hay denuncias «diarias» de torturas y abusos, a pesar de las leyes que prohíben el uso de la fuerza contra los detenidos, el espacio para la sociedad civil disminuye, hay restricciones para la libertad de expresión, detenciones de periodistas y bloqueo de páginas web, entre otros, recoge el texto.
«La descripción de la realidad sobre el terreno en la Cisjordania ocupada muestra que los palestinos viven en un contexto altamente problemático a nivel político, económico, legal y de seguridad que no atiende a sus derechos humanos básicos», a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, concluye el documento.
Por último, plantea una serie de recomendaciones para mejorar la situación sobre el terreno hasta la solución del conflicto palestino-israelí.
