Londres contempla obligar a las empresas a publicar el número de sus empleados extranjeros
PABLO GUIMÓN. EL PAÍS.- El Gobierno conservador británico ha querido dejar claro, en el congreso anual del partido que termina este miércoles en Birmingham, que no está dispuesto a esperar a que el país esté fuera de la Unión Europea para adoptar medidas que frenen la inmigración. La ministra del Interior, Amber Rudd, anunció el martes un endurecimiento de las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, con el objetivo de asegurar que no quitan empleos que podrían realizar ciudadanos británicos. «Tenemos que asegurar que la gente que viene está llenando los vacíos en el mercado laboral, no asumiendo trabajos que podrían realizar los británicos», dijo.
Las medidas incluirían la obligación a las empresas de publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean. La ministra también anunció restricciones a la llegada de estudiantes extranjeros a las universidades británicas. En concreto, habló de un endurecimiento de la política de visados para estudiantes, que dependería de la calidad de la universidad a la que se aplica, así como la dotación de 140 millones de libras para un «fondo de control de la migración».
El sistema de visados para trabajadores no europeos ya se endureció durante el tiempo que ocupó la cartera de Interior la predecesora de Rudd y hoy primera ministra,Theresa May. A pesar de ello, la inmigración neta en el país sigue en cifras récord. Los últimos datos la sitúan por encima de las 327.000 personas, tres veces más del umbral que el anterior primer ministro se comprometió a no superar.
Las medidas anunciadas provocaron una airada reacción de universidades y empresarios, incluidas cámaras de comercio británicas, que ya han mostrado diferencias con el Gobierno de May respecto al esbozo de sus planes de ruptura con la UE. «En tiempos en que necesitamos fuertes vínculos globales para acceder a nuevas oportunidades tras el referéndum, es vital que ofrezcamos una imagen de apertura», declaró al Financial Times Josh Hardie, de la patronal CBI. Las universidades recordaron que un alumnado internacional es esencial para la competitividad global de los centros y que los estudiantes no comunitarios son contribuidores netos a la economía británica: aportan 7.000 millones libras y su presencia genera cerca de 137.000 empleos en todo el país. Los estudiantes extranjeros suponen 167.000 de los 600.000 nuevos inmigrantes que llegan cada año.
Rudd ha salido al paso de las críticas este miércoles. En un programa matinal de la BBC, la ministra ha negado que sus planes fueran xenófobos. Las medidas, ha añadido, no están decididas sino que se encuentran entre una serie de posibilidades que contempla el Gobierno. «Debemos ser capaces de hablar sobre inmigración, sobre qué habilidades deben tener en el país para estimular la economía», ha dicho.
A las declaraciones de Rudd se sumaron el martes las del ministro Sanidad, Jeremy Hunt, que anunció una serie de medidas para reducir la dependencia del servicio nacional de sanidad de trabajadores extranjeros. El NHS será “autosuficiente” una vez el país abandone la Unión Europea, dijo. El 37% los médicos que trabajan en Reino Unido obtuvieron su licenciatura en otros países.
Por último, Liam Fox, titular de Comercio Internacional y uno de los tres ministros encargados de negociar el nuevo lugar del país en el mundo, se negó a garantizar los derechos de los cerca de dos millones de ciudadanos de otros países de la UE que residen en Reino Unido. Estos, reconoció el ministro, constituyen «una de las mejores cartas» de Londres en su negociación con el bloque.
