La revista Pikara Magazine presenta un informe y una queja en la Comisión de Peticiones de la Cámara para poner sobre la mesa la dimensión de las violencias machistas en la red y exigir responsabilidad a las instituciones. «Estamos ante un vacío de políticas públicas al respecto. El Estado no le está dando la importancia que merece», explica la autora del estudio, Laia Serra. La comunicadora feminista Irantzu Varela recibe de forma sistemática amenazas y hostigamiento: «Son agresiones machistas porque agreden a nuestro cuerpo y a nuestra libertad sexual», argumenta
MARTA BORRAZ. ELDIARIO.ES.- «Pero qué ganas tenía de tirarte este meme«. En la imagen, el dibujo de un hombre apuntando con una pistola y, al lado, el logo de Vox. Es el mensaje amenazante que recibió la comunicadora feminista y coordinadora de Faktoria Lila, Irantzu Varela, el pasado domingo tras conocerse los resultados de las elecciones andaluzas que dieron al partido de extrema derecha 12 diputados. No es la única. La revista Pikara Magazine, en colaboración con el colectivo Calala y Front Line Defenders, ha registrado este martes una queja ante la Comisión de Peticiones del Congreso por vulneración de derechos fundamentales para denunciar la pasividad de España ante las violencias online que sufren las mujeres, que se encuentran «desprotegidas».
Es una de las principales conclusiones del informe Las violencias de género en línea, presentado junto a la queja con el objetivo de «construir una herramienta que vaya más allá del caso concreto», ha explicado la jurista feminista Laia Serra, encargada de elaborar el mismo, en rueda de prensa. «Las violencias digitales son violencias machistas, son una continuación de las violencias que sufren las mujeres fuera de las redes. Parece una obviedad, pero no lo es. Sin embargo, no se está dimensionando lo suficiente». Es decir, defienden que Internet es un nuevo espacio en el que se perpetran las mismas violencias que se dan fuera.
Las mujeres con perfiles públicos en redes sociales, en muchos casos que hablan de feminismo y defienden los derechos humanos, se enfrentan a violencias online que, en la mayoría de ocasiones, no se denuncian y, cuando sí, «no se encuentran con la respuesta adecuada», ha especificado Serra. «Estamos ante un vacío de políticas públicas al respecto y no sabemos nada sobre ello, ni a nivel cuantitativo ni cualitativo. El Estado no le está dando la importancia que merece».
El informe alerta de que este tipo de violencia se utiliza «para controlar y atacar a las mujeres y mantener y reforzar las normas, roles y estructuras patriarcales», algo particularmente evidente cuando se trata de activistas, comunicadoras y periodistas que hablan de feminismo en las redes: «Son agresiones machistas porque agreden a nuestro cuerpo y a nuestra libertad sexual», ha explicado Varela. Según María San Martín, de Front Line Defenders, se trata de violencias «específicas por el hecho de ser mujeres» como intimidaciones, hostigamientos e insultos machistas, amenazas con violencia sexual y «campañas de desprestigio usando estereotipos de género».
Cuando la violencia es también racista o tránsfoba
El informe que acompaña a la queja registrada y que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, hace un recorrido por las obligaciones internacionales que señalan a España el camino a seguir en cuanto a protección de las mujeres en el ámbito digital. Entre ellas, la resolución que adoptó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado julio en el que exhorta a los Estados a que adopten medidas «inmediatas y eficaces» para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, en concreto en contextos digitales.
Así, aunque en el ámbito europeo aún no se ha legislado en su contra, los pocos estudios disponibles «aseguran que las mujeres constituyen el objetivo de ciertas formas de ciberviolencia en una proporción muy superior a la de los hombres, que enfrentan amenazas específicas y que los efectos de estas son más traumáticos», detalla el estudio editado por Pikara Magazine. Muchas periodistas y colaboradoras de la revista han sufrido en algún momento este tipo de violencia, que desde la coordinación de la revista han querido afrontar como forma de «involucrarnos como medio en esta lucha. No solo porque la hemos sufrido nosotras mismas, sino por nuestra responsabilidad», ha dicho la coordinadora Andrea Momoitio.
En este sentido, la periodista ha puesto sobre la mesa la discriminación múltiple, también online, a la que se enfrentan las mujeres que sufren además otros tipos de violencia como el antigitanismo, el racismo, la transfobia o la lesbofobia, tal y como les ha ocurrido a algunas colaboradoras como la periodista Lucía Mbomío o Silvia Agüero, activista feminista y gitana sobre la que un artículo publicado en este medio desencadenó una avalancha de mensajes de odio y amenazas. «Voy a quedar con un grupito de payos y vamos a buscarte para darte una paliza», llegó a recibir.
Limitar la voz de las mujeres
Tal y como constata el estudio, el objetivo de este tipo de violencia, que llega a provocar «la autocensura de las mujeres», es atacar «la visibilidad de esas mujeres y su plena participación en la vida pública». Y es que más allá del impacto individual de este tipo de acoso, emerge un efecto colectivo: «se crea una sociedad en la que las mujeres ya no se sienten seguras en línea», matiza el informe, que hace hincapié en que «las violencias que se viven en Internet son reales y trascienden el ámbito virtual».
Ante este escenario, el informe incorpora algunas propuestas de enfoques con los que, a su juicio, debería contar la formulación de las políticas públicas al respecto. Entre ellas, la consideración de la diversidad de mujeres, considerar la especificad de las tecnologías y hacer una definición integral de violencia de género online, mejorar el sistema de registro, elaborar campañas públicas de sensibilización, instaurar la capacidad de reacción inmediata e investigaciones urgentes cuando las violencias son denunciadas o alentar a las plataformas intermediarias (Twitter, Facebook, Instagram…) a garantizar la seguridad de los datos y la privacidad.
