EFE.- Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ha denunciado hoy en la Asamblea de Madrid que en la región crecen los delitos de odio y existen grupos de extrema derecha como el Hogar Social Madrid.
En una comparecencia a petición del PSOE-M en la comisión regional de Políticas Sociales y Familia, Méndez ha pedido mayor implicación a los partidos, a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento de la capital contra este grupo que «promociona el odio contra aquel que no es igual a ellos».
«Vamos a seguir dando la cara, nos gustaría no vernos tan solos», ha asegurado el presidente de la Red Española de Inmigración sobre Hogar Social Madrid, organización contra la que se ha personado en dos denuncias. «No es agradable verse amenazado por este tipo de entidades», ha añadido.
En España suben un 6 por ciento los delitos de odio asociados a la inmigración y un 11 % los vinculados con motivos religiosos, según ha destacado Méndez citando estadísticas del Ministerio del Interior.
«Sí, existe un problema», ha añadido y ha explicado que los madrileños de origen español que piensan que los inmigrantes hacen mayor uso de los servicios públicos ha pasado del 35 por ciento en 2012 al 49,9 por ciento en la actualidad.
Más recursos es una de las peticiones de la red, que cree que los existentes son insuficientes para acoger a las 18.000 personas refugiadas que España se comprometió a dar asilo y que vendrán a «quedarse» porque no tendrán capacidad de retorno; al Gobierno autonómico le piden medidas específicas.
Esperan además «mayor impulso político» de la presidenta Cristina Cifuentes hacia el Estado porque se vive un momento «excepcional» y no ha mantenido reuniones con el Gobierno central, que sí se han producido por parte de la Consejería.
Para Méndez «no vale» el actual foro de la inmigración y aboga por un espacio «autogestionado» de asociaciones sin «tutela institucional» y que pueda tener interlocución directa en inmigración, mientras que considera que los Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid (Cepi) están «desfasados».
Ha defendido además un proyecto de ley autonómica «de consenso», «realizable» y que «no caiga en falsas promesas al tercer sector» y que destierre el concepto de tolerancia y lo sustituya por el respeto, pues las personas migrantes y refugiadas no deben ser toleradas sino respetadas «en la plenitud de sus derechos».
