Sociedad Civil Catalana presentará este miércoles una querella contra la Asamblea Nacional por un delito de odio y de apología de la violencia
CRISTIAN REINO. LA VERDAD.- La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, recibió este martes el rechazo casi unánime, de una manera u otra y con diferentes escalas de crítica, de las fuerzas políticas españolas. Ninguna formación (salvo la CUP) avaló la posición de la dirigente nacionalista, quien el martes dio por buena la vía de la violencia en las calles, pues de esta forma el conflicto catalán tiene visibilidad en el exterior y sale en portadas de periódicos internacionales.
La justificación de los actos violentos protagonizados por jóvenes radicalizados en protestas contra la sentencia del Supremo tuvo este martes duros reproches, muchos más en Madrid que en Barcelona. El Gobierno central fue muy enérgico. «La violencia no conviene nunca», afirmó la vicepresidenta, Carmen Calvo. «No hay nada que justifique la violencia», añadió la titular de Justicia, Dolores Delgado.
El Ejecutivo central exigió «contundencia absoluta» en el rechazo a la violencia y puso el foco en el presidente de la Generalitat, que tardó días en condenar las algaradas y que se ha mostrado crítico con la acción de los Mossos pero no con los jóvenes radicales, quienes han recibido un cierto amparo en el independentismo, desde el argumento de que la violencia en este caso no es gratuita y tiene una justificación por la severidad de la sentencia. «Si tuviera 20 años estaría en la calle tirando piedras», admite un alto cargo secesionista en privado, que resume el sentir de una parte de la clase dirigente nacionalista.
El Gobierno pide al independentismo contundencia absoluta en la condena de la violencia
El Gobierno catalán, en cualquier caso, se desmarcó este martes públicamente de la ANC. Con todos los peros del mundo y con una cierta ambigüedad, pero la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, expresó en nombre del Ejecutivo catalán que «pese a que estos disturbios puedan hacer visible la existencia de un conflicto, que no negamos que lo hagan visible, ese no es el camino mayoritario que hemos escogido los catalanes, que estamos por las reivindicaciones masivas y cívicas».
ERC, mientras, se acogió a la fórmula del rechazo a todas las violencias, que sirve para salir al paso, aunque pusiera el foco sobre todo en la violencia policial. «No hay ninguna imagen de violencia que nos represente, no nos representa la Brigada móvil de los Mossos cargando, afirmó Gabriel Rufián, ni tampoco alguien con un cóctel molotov». El PNV también se desmarcó. Su candidato por Vizcaya, Aitor Esteban, admitió que la violencia da visibilidad, pero «negativa» y «no beneficia en nada al ‘procés’ ni a los partidos nacionalistas». «Con la violencia lo único que puedes ir es a peor, no se abren soluciones políticas y, si a alguien perjudican, es precisamente a aquellos que defienden la causa independentista», remató.
Entre los partidos de ámbito estatal las críticas fueron unánimes. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió mesura a los representantes públicos y criticó las palabras de la presidenta de la ANC. «Hacen mucho daño al independentismo», un movimiento que, según dijo, se ha significado por apostar «por vías pacíficas de manera inequívoca». La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó por su parte que las declaraciones de Paluzie demuestran que el secesionismo catalán «ve útil» la violencia. «Lo único bueno que tiene todo esto es que ya se le ha caído la careta al separatismo, que ya están enseñando realmente que no les importa que se use la violencia, que la justifican, la amparan, la ven útil incluso», señaló.
Querella contra la ANC
Mientras, Sociedad Civil Catalana anunció que este miércoles tiene previsto presentar una denuncia ante Fiscalía contra la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, por un delito de odio y apología de la violencia. SCC adujo que la violencia se debe «condenar siempre de forma contundente y rotunda». «No podemos tolerar que haya representantes públicos, con influencia en ciertos sectores de la opinión pública, que se dediquen a pronunciar declaraciones antidemocráticas que puedan correr el riesgo de ser interpretadas de una manera incorrecta», argumentó la plataforma.
