Los padres del IES San Fernando acuden a la Fiscalía para que paralice la reubicación de menores inmigrantes en el recinto educativo porque, aseguran, «atenta contra los derechos de nuestros hijos»
ROCÍO RUIZ. LA RAZÓN.- La forma de expresar su rechazo ha sido recurriendo a la Fiscalía, a la que solicita su intervención para paralizar el traslado de estos jóvenes procedentes del saturado centro de Hortaleza en base a las denuncias que hicieron sus propios monitores al Ministerio Fiscal. Los trabajadores aseguraban que «hay menores inmigrantes que se encuentran desprotegidos, sufriendo continuamente insultos, humillaciones y robos por parte de sus compañeros (…). Cuando llega la noche es cuando se manifiesta de forma más rotunda el caos organizativo que invade el centro. Tras la cena, gran parte de los menores se ausentan, van llegando a lo largo de la madrugada en un estado deplorable y cualquier intención de poner el mínimo límite a sus conductas o las correspondientes medidas educativas es respondida con todo tipo de insultos, vejaciones y agresiones físicas (…) son habituales los intentos de amotinamiento y agresiones que hace necesaria la presencia de la Policía», exponen en su escrito.
Los padres ven necesaria una correcta atención a los menores extranjeros, pero exigen que sus hijos también la reciban. Y de eso no están tan seguros si atienden a las denuncias de los educadores del centro de Hortaleza porque dudan de los recursos materiales y personales que habrá para la atención a estos niños si son instalados en el instituto en el que compartirán instalaciones con alumnos de la ESO, Bachillerato, FP de grado medio y superior, la mayoría menores de edad.
En el escrito, registrado el 26 de noviembre, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los padres exponen que la decisión de trasladar a los Menas, «atenta contra los derechos de nuestros hijos» e instan a la Fiscalía a que promueva las acciones legales oportunas o adopte las medidas de protección necesarias.
Aseguran que la decisión «ha sido tomada a espaldas de la comunidad educativa y sin que haya sido informada de manera oficial, además de pasar por la cesión de varios edificios de titularidad de la Consejería de Educación a la de Políticas Sociales y Familia», como es la residencia localizada dentro del recinto escolar.
Los padres rechazan que su instituto sea la solución a la situación de emergencia social que se ha creado con los Menas de 14 a 17 años a los que la Comunidad de Madrid tiene que dar una primera acogida hasta que determina su edad y se toman otras decisiones que afectan a su tutela. Sin embargo, creen que, el hecho de compartir zonas comunes del centro, «generaría una situación complicada de gestionar por parte de la dirección y supondría una convivencia diaria entre el alumnado menor de edad y los menores extranjeros, los cuales precisan de una supervisión que no podrá ser atendida por el IES». Es por esto por lo que considera que la situación «podría suponer un peligro grave para nuestros hijos, también menores de edad, los cuales tienen el mismo derecho de protección que los menores extranjeros y consideramos un peligro potencial que se ubiquen en las instalaciones del IES teniendo en cuenta que tienen libertad de movimiento y que podría ocurrir la misma situación que denuncian los educadores de Hortaleza (robos, agresiones físicas, amotinamientos, presencia policial, drogas…) lo que evidentemente afectaría tanto a la integridad física y moral de nuestros hijos como a su educación», exponen los padres.
Ayer, el AMPA del centro celebró una asamblea extraordinaria y urgente para conocer la posición de las familias. Unas horas antes, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, proponía a todos los grupos parlamentarios llevar a cabo «un gran pacto como el de la Cañada Real» para desbloquear la atención a los Menas porque «es prioritario dar atención a estos chavales, que también tienen derechos… La situación se está enquistando de una manera perversa y hay que desbloquearla, no se puede jugar al juego de la oca con estos chicos», informa Ep.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, lamentó que ni el Gobierno de España, ni la Comunidad de Madrid hayan sido «capaces de planificar cómo atender a estos menores. Tenemos las puertas abiertas, pero no puede ser que las abramos y luego los menores duerman en los jardines de la M-30 porque no hay espacio».
La portavoz de Podemos, Clara Serra, reivindicó que haya una mejora de la coordinación entre administraciones para «subsanar errores y negligencias graves e insostenibles». El vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, pidió que no se estigmatice a los niños» pero los cierto es que tanto Tres Cantos como Somosierra y Pozuelo han rechazado los lugares donde se ha tratado de reubicar a los menores.
