CRISTINA ROMÁN. EL MUNDO.- El origen étnico o racial, el antisemitismo, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la exclusión social… Éstos son los principales motivos en España que despiertan conductas de odio y que pueden desembocar en delito.
Estas acciones de odio se traducen en abusos y agresiones sexuales, lesiones, amenazas, hurtos, violaciones… y acaban en infracciones administrativas y civiles, faltas o delitos.
El número de delitos de odio acontecidos en España durante el año 2013, asciende a 1.172. Así lo muestra un informe pionero, elaborado por el Ministerio del Interior y presentado esta última semana con el objetivo de identificar conductas discriminatorias y poder, así, diseñar una política real y efectiva contra la discriminación.
Se trata del primer balance de personas discriminadas por cuestiones relacionadas con los delitos de odio. Actualmente, España está siendo pionera en la recopilación y publicación de este tipo de datos, incluyendo, en la medida de lo posible, el número de incidentes denunciados y registrados por las autoridades policiales.
La cooperación entre los cuerpos de Seguridad del Estado ha sido la clave para su elaboración. Han colaborado en el informe la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y las policías locales. En cuanto al procedimiento, se graba el tipo de hecho en cuestión y se especifica el ámbito o contexto delictivo en el cual se desarrolla la acción.
Por ejemplo, un acoso en un campo de fútbol por motivos raciales con humillaciones será objeto de aplicación de la ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte. Se impondrá una sanción administrativa a esta norma y se contabilizará como un delito de odio. Por último, se incluirá, en este caso, en el ámbito del racismo como motivo de la discriminación.
Pocas denuncias
Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian su caso. Según indica este organismo, las víctimas «no denuncian porque creen que nada va a cambiar si lo hacen, y porque sucede tan a menudo, que piensan que de nada sirve».
Por esa razón, una de las novedades que incluye este balance es que, aunque la víctima no sea capaz de identificarse como discriminada, lo puede hacer cualquier otra persona, incluido el agente de Policía o cualquier otro testigo, incluso aunque la víctima no esté de acuerdo.
Los motivos más frecuentes en España que demuestran con acciones el sentimiento de odio son: la orientación sexual y la identidad de género (452 casos identificados en nuestro país); el origen étnico o racial (381); la discapacidad (290); la religión o las creencias (42); la situación de pobreza y la exclusión social (también conocida como aporofobia) (cuatro) y el antisemitismo (tres). En total, 1.172 incidentes en 2013 catalogados como delitos de odio, entre delitos, faltas e infracciones.
Alrededor del 20% de los hechos producidos contra las personas con discapacidad están relacionados con los hurtos. Casi un 12% se identifican con abusos sexuales.
En cuanto a las víctimas en situación de exclusión social o pobreza, se identifican como hechos producidos por el odio las expresiones y conductas de intolerancia referidas al odio, repugnancia u hostilidad ante la persona pobre, sin recursos o en desamparo.
Los tipos de hechos delictivos relacionados con el odio son: abuso sexual (164 casos registrados en España); lesiones (149); amenazas (114); agresión sexual (91); actos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte (83);hurto (67); agresión sexual con penetración (64); vejaciones leves (58); exhibicionismo (32) y otros (350). El primer tipo penal, de abusos sexuales, está muy relacionado con los hechos cometidos contra la orientación o identidad sexual.
Andalucía, Cataluña y Madrid poseen los valores más destacados, con 299, 188 y 136 casos respectivamente. Las comunidades que tienen menos de 10 casos de delitos de odio son Ceuta y Melilla (cuatro), La Rioja (dos), País Vasco (cuatro) y Cantabria (seis).
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explicó en el Senado que su objetivo es «identificar y perseguir cualquier tipo de delito de odio para diseñar una política de prevención de estas conductas discriminatorias».
