El Mundo.- La «Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025» observa un ligero aumento del rechazo vinculado a la inseguridad o a los bulos sobre un trato de favor en el reparto de las ayudas públicas, si bien sigue siendo minoritario
El peso de la población inmigrante en Andalucía es del 10,37%, por debajo significativamente de la media española (15,24%), pese a que la comunidad autónoma es una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular que arriba por mar hasta la península. La llegada a las costas andaluzas de pateras se sitúa cada año, con el buen tiempo, en el foco de la atención de los medios de comunicación, por el enorme riesgo para las vidas de las personas y también por los recursos que se despliegan para su rescate en alta mar.
Sin embargo, a tenor de la radiografía del fenómeno migratorio realizada recientemente por la Junta, Andalucía está lejos de estar entre las comunidades con mayor presión migratoria y lejos también de ser una comunidad que perciba el hecho migratorio como uno de sus principales problemas.
El Gobierno andaluz aprobó el pasado martes el documento «Estrategia andaluza para la inmigración 2021-2025: inclusión y convivencia», donde se definen los principales ejes de actuación que se pondrán en marcha para garantizar una gestión de la inmigración equilibrada y respetuosa con los derechos de las personas.
Ese documento incluye un exhaustivo análisis de la realidad de la población inmigrante en la comunidad autónoma y permite rebatir algunos de los prejuicios que con frecuencia se utilizan para convertir la llegada de extranjeros en arma arrojadiza en el debate político. Los datos que se reproducen a continuación están extraídos del documento elaborado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, cuyo titular es Elías Bendodo, y aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del pasado martes.
Para empezar, conviene subrayar que existe una distribución desigual de la población inmigrante en Andalucía, encontrándose provincias con hasta un 20% de población inmigrante (Málaga o Almería), cercanas al 10% (Huelva y Granada) y próximas al 5% (Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla).
Los territorios de origen también son diferentes en cada provincia, si bien es Marruecos el país que aporta más personas a nivel global, salvo en las provincias de Córdoba y Huelva, en las que el grupo más numeroso es el que procede de Rumanía.
En Andalucía, como en el resto de España, y tras el drástico descenso de los flujos migratorios que se registró a consecuencia de la crisis de 2008, se ha registrado un repunte en la llegada de personas extranjeras coincidiendo con la recuperación económica. Ese repunte se ha visto interrumpido por la pandemia del Covid, cuyos efectos a largo plazo son difíciles de prever.
Al margen de este último paréntesis, el repunte de los flujos migratorios data de 2017, cuando se rompió una tendencia de cinco años de descensos. En aquel periodo, el número de personas residentes en Andalucía nacidas en el extranjero mostraba una evolución en forma de curva, con un pico en 2012 y un valle en torno a 2016, lo que indica que la crisis de 2008 impulsó la salida de personas inmigrantes hacia otros países».
Tras recuperarse la economía, destacó el aumento de las llegadas procedentes de Marruecos, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Honduras. Los redactores del informe observan, por un lado, un cierto grado de feminización, también un repunte de la inmigración familiar, y la existencia de un grupo en situación irregular. «En todo caso, cabe destacar que la gran mayoría de la población inmigrante se encuentra en una situación administrativa estable, de acuerdo con la información disponible», apunta el informe de la Consejería de Presidencia.
Los redactores del estudio señalan a este respecto, sin embargo, que los datos hacen previsible un aumento de las personas en situación irregular por las posibles denegaciones de las solicitudes de protección internacional y las extinciones de autorizaciones de residencia tras la pérdida del empleo como consecuencia de la crisis del COVID-19.
«Que la citada pandemia tendrá efectos en el patrón inmigratorio puede darse como altamente probable. Es difícil apuntar cómo exactamente. No obstante, las curvas de evolución de la inmigración en Andalucía y España sugieren que, después de la crisis económica sufrida a partir de 2008, la población inmigrante se redujo entre los años 2012 y 2016, es decir, con unos años de latencia respecto al comienzo de la crisis, para volver a recuperar la línea ascendente a partir de 2017. Esto, evidentemente, no dice lo que ha de suceder en los años venideros, aunque muestra un precedente», subraya el informe.
El estudio apunta también a los cambios que va a introducir el Gobierno de España en la gestión de los procesos de acogida para que sean las comunidades autónomas las que asuman buena parte de las competencias. Así, Andalucía se enfrenta «a un reto próximo» , teniendo que ampliar los escasos recursos de los que está dotado el sistema para atender a quienes reciben la condición de refugiados.
PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN
En lo que respecta a la percepción de la sociedad andaluza, cabe resaltar que las principales preocupaciones de su población, de acuerdo con el Estudio de Opiniones y Actitudes de la Población Andaluza ante la Inmigración (OPIA VIII, 2019), se relacionan con el mercado de trabajo, la atención sanitaria, la política y la corrupción.
La inquietud por la inmigración aumenta respecto a los resultados de la encuesta anterior (2017), pero «se mantiene lejos de los principales motivos de preocupación manifestados por la población andaluza».
Apunta, por otro lado, el informe de la Consejería de Presidencia que se viene observando una «tendencia creciente de la percepción de la inmigración como amenaza a la seguridad y como competencia por los recursos y ayudas públicas».
Sin embargo, destaca que dichas percepciones continúan siendo minoritarias», pese a la difusión social de «esta idea errónea de que las personas inmigrantes reciben un trato preferente de las administraciones públicas».
Por el lado contrario, la valoración positiva de la inmigración se relaciona con su componente laboral («proporcionan mano de obra») y su contribución a evitar el envejecimiento de la población. Ambas apreciaciones registraron en 2019 su mayor valor desde 2005, mientras que quienes afirmaban encontrar «pocos o ningún» efecto positivo en la inmigración se reducían al 22%, valor más bajo de la serie, apunta de nuevo el informe.
Igualmente, se señala que el contacto cotidiano con personas inmigrantes genera perspectivas más integradoras: el 76% de las personas que mantienen relaciones con personas inmigrantes valoran su relación como positiva y el 15% muy positiva. Sólo el 5% la considera negativa o muy negativa.
Andalucía, en comparación con el conjunto de España, presenta mayor frecuencia en las relaciones de vecindad y amistad entre personas de distintas procedencias, lo que apunta a un mayor grado de integración social.
La actitud hacia la inmigración cambia en función de la edad. Así, a mayor edad, se observa una opinión más desfavorable, «pudiéndose hablar de brecha generacional». También influye el nivel educativo. De esta forma, «a mayor nivel educativo aparece una valoración más positiva, mientras que, a menor nivel, emerge un sentimiento de agravio en materia de protección social».
En tercer lugar -subraya el informe- , «el posicionamiento ideológico juega un papel relevante, en el contexto de polarización e instrumentalización de la inmigración en la pugna política». «Como señalábamos anteriormente, el contacto cotidiano entre poblaciones facilita posiciones más abiertas, aunque en espacios de alta concentración de población inmigrante también genera recelo, especialmente en lo referente a la utilización del espacio público».
Por último, menciona que la variable del sexo pierde fuerza, aunque se sigue registrando una actitud más desfavorable entre las mujeres que entre los hombres.
BALANCE DE PATERAS EN 2021
El número de inmigrantes irregulares llegados a la Península y Baleares por mar en lo que va de año (hasta el 15 de julio) es de 6.115, según el último balance publicado por el Ministerio del Interior y que no desglosa las cifras por comunidades autónomas. Dada su extensión y su cercanía con África, la mayor parte de esas llegadas lo hacen a través de las costas andaluzas. El flujo de llegadas ha subido un 26,4% con respecto a lo registrado en 2020, cuando la pandemia provocó un caída brusca en el tráfico de pateras. De momento se está lejos de las cifras alcanzadas en 2019 (10.856) o 2018 (15.686) en el mismo periodo del año, si bien, a lo largo de 2021 la mayor presión de la migración irregular se ha sufrido en Canarias.
El volumen total de los llegados a España por mar, incluyendo a Canarias y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), es casi el doble, con 13.724 personas registradas, lo que supone un incremento del 78% con respecto a 2020, y supera también lo registrado en 2019 (11.703 personas).
