El encuentro se produjo en Gante horas después de que Estrasburgo condenase al país por haber negado la entrega de Natividad Jauregi a España
El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, prófugo en Bélgica, cenó el martes de la semana pasada, como amigo e invitado, en casa de la etarra Natividad Jauregi, acusada por la Audiencia Nacional de haber asesinado con un tiro en la nuca al teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche y de tener relación con otros cinco asesinatos. El encuentro se produjo en Gante, horas después de que el Tribunal de Estrasburgo condenase a Bélgica por haber negado la entrega de la terrorista a España.
A esa cena, celebrada el 9 de julio y en la que la terrorista de ETA debió de sentirse indudablemente respaldada en su propia casa, también asistieron, además del ex presidente de la Generalitat, varios acompañantes de Puigdemont y el abogado Paul Bekaert, el hombre que consiguió que los tribunales belgas negasen en su día la entrega de la terrorista a los tribunales españoles, que lleva defendiendo a etarras desde hace 30 años y que ha asumido también parte de la defensa del político catalán.
No era la primera vez que el ex presidente de la Generalitat -huido de la Justicia para no rendir cuentas de su responsabilidad por la organización del 1-O y la proclamación de la independencia de Cataluña– acudía al domicilio de la terrorista Natividad Jauregi, también conocida en ETA como Pepona, y en Bélgica como María o Jasone.
Según fuentes belgas consultadas por este periódico, a principios del pasado junio Puigdemont también estuvo compartiendo mesa con ella, con el abogado Bekaert y con el rapero Valtònyc. El motivo era la huida de España de este último, en mayo de 2018, después de que los tribunales le condenasen a tres años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y amenazas. Valtònyc publicó un vídeo en las redes sociales en el que, entre otras cosas, animaba a «matar a un guardia civil» y a «ponerle una bomba al fiscal».
Precisamente, fue Valtònyc quien testimonió parcialmente el encuentro del mes de junio al difundir por las redes sociales una fotografía fechada el día 4 de ese mes posando con Natividad Jauregi y que se reproduce en estas líneas. Ella, con el pelo cano, aparece en la imagen sonriente ante la cámara, con un delantal rojo en la cocina de su domicilio. Puigdemont no consideró conveniente aparecer en esa imagen y Valtònyc la borró de su cuenta de Twitter unas horas después.
Puigdemont, que sigue reclamando para sí un lugar preeminente como representante de Cataluña y hace valer en su refugio de Waterloo su cargo como ex president, no parece tener mayores escrúpulos políticos ni personales a la hora de elegir a sus compañeros de viaje: una terrorista, un abogado de terroristas cuya línea de defensa siempre ha sido poner en duda el sistema democrático español, un huido por enaltecimiento, además de sus contactos con la extrema derecha belga –Tom Van Grieken, el líder de los ultranacionalistas flamencos, asistía a sus actos e hizo público reiteradamente su respaldo a los independentistas catalanes-, son algunos de los respaldos que se ha buscado mientras continúa su campaña internacional. El ex president también ha mantenido encuentros con la presidenta del Sinn Féinirlandés, Mary Louise McDonald, y el europarlamentario de la misma formación Math Carthy. Además, tuvo el gesto de recibir a Arnaldo Otegi en su sede de Waterloo y se ha reunido con el eurodiputado flamenco Mark Demesmaeker, que pidió la libertad del líder abertzale.
La última noche en la que Puigdemont fue invitado por la etarra Natividad Jauregi ambos habían sufrido un revés por parte de las instituciones europeas.
Pepona acababa de saber que ella y su abogado habían perdido un pleito importante, sobre todo desde el punto de vista de la imagen, habida cuenta que echaba por tierra el empeño -compartido por Puigdemont- de presentar a España como un país falto de garantías y a Bélgica como el lugar que todas las preserva. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgoacababa de publicar horas antes que imponía a las autoridades belgas el pago de una indemnización total de 25.000 euros por «daños morales» a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo por haberse negado a cumplir la euroorden por la que España reclamaba a la terrorista. Aquel día, la situación de la etarra era de incertidumbre porque, aunque la sentencia no implicaba que Bélgica tuviese que entregarla, sí abría la puerta a nuevos procedimientos judiciales que podrían poner en peligro su cómoda vida.
Natividad Jauregi entró en ETA como miembro de un comando legal en 1978 con 20 años y poco después pasó a ser del comando Vizcaya, un grupo al que se le atribuyen al menos seis asesinatos en menos de un semestre: los de José Luis Raimundo Moya, Francisco Francés Garzón, José Olaya de la Flor, Manuel Sánchez Borrallo, Magín Fernández Ferrero y Ramón Romeo Rotaeche.
Según una sentencia de la Audiencia Nacional de 2007 en la que fueron condenados dos de sus compañeros -entre ellos su pareja-, Jauregi estuvo presente en la misa a la que acudía Ramón Romeo y, al finalizar la ceremonia, siguió sus pasos, sacó una pistola y efectuó un solo disparo en la nuca, «a poca distancia y por la espalda». La etarra escapó a Francia en 1984 y después huyó a México. Ella y su pareja pusieron un restaurante con el que lograron un importante reconocimiento social, hasta que a él lo detuvieron y le entregaron a España.
Un año después, Pepona regresó a Europa y empezó otra trayectoria de éxito en Bélgica, con una empresa de catering reclamada por políticos y artistas flamencos en un lugar que siempre se ha resistido a entregar a los etarras, donde los jueces les llaman «refugiados políticos vascos» y donde ETA es considerada un «movimiento de resistencia armada». Nunca pudo ser juzgada. Sólo estuvo en la prisión de Brujas unas horas tras ser detenida en su casa de la avenida Bernad Spaelaan.
En la sentencia en la que se negaba su extradición a España, los jueces belgas recordaban la «represión sangrienta de Franco» -aunque cuando Jauregi entró en ETA el dictador llevaba tres años muerto-, aseguraban que a los vascos se «les había quitado el derecho de autodeterminación» y acusaban al Estado de someter a los «sospechosos» de terrorismo a un «régimen específico de supresión de libertad con circunstancias inhumanas».
Desarmado por el Tribunal de Derechos Humanos este argumentario que en parte ha sido asumido por la defensa de Puigdemont -el ex president aseguró que no había huido, sino que sólo buscaba ser juzgado por «la justicia verdadera» porque en España «no hay garantías de una sentencia justa»-, el prófugo consideró necesario acudir a la casa de su amiga -calificada por el abogado común como «una mujer de mundo»- en un momento potencialmente delicado. Él acababa de atravesar su propio momento complicado una semana antes, cuando el Tribunal de Justicia de la UE no le permitió tomar posesión de su escaño en la Eurocámara y ni siquiera pudo acudir a Estrasburgo a arengar a sus 4.000 seguidores por temor a ser detenido.
