El Diario Montañes.- El pasado mes de enero, de manera discreta y sin ninguna explicación pública al respecto, el Gobierno de Giorgia Meloni envió una circular a los municipios italianos en los que les exigía que dejaran de inscribir en el registro civil a los hijos de las parejas homosexuales nacidos en el extranjero por medio de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial. Ante la falta de una ley específica que regule estos casos, algunos alcaldes progresistas llevaban estos últimos años inscribiendo por su cuenta a esos niños, algo que el Ejecutivo les instó a que no hicieran nunca más.
Aquella decisión de Meloni, que fue muy criticada por el colectivo LGBT, ha provocado un efecto colateral: partiendo de una interpretación extrema de la circular enviada a principios de año por el Ministerio del Interior, la Fiscalía de Padua, al norte del país, ha llevado a los tribunales a las 33 parejas de lesbianas que, desde 2017, inscribieron en este municipio a sus pequeños nacidos en el extranjero gracias a la inseminación artificial como hijos de dos madres. Hay 37 niños, con una edades comprendida entre los 40 días y los 8 años de edad, que quedan ahora a expensas de que la Justicia decida, en un proceso que comenzó este martes, si les toca quedarse, al menos legalmente, sin una de sus madres, que perdería al mismo tiempo cualquier derecho sobre el menor.
El inicio de este juicio en los tribunales de Padua propició una protesta de las familias implicadas, que tratan de evitar el terremoto familiar y legal que puede provocar la decisión del tribunal si cancela los derechos de la mujer que no ha dado a luz a los niños. En la primera jornada del proceso lograron una victoria parcial, al cambiar la Fiscalía su posición inicial y considerar que es necesario que examine la cuestión el Constitucional. Ahora le tocará al magistrado encargado del caso decidir si sigue adelante o, en cambio, acoge la petición de la Fiscalía para que sea el alto tribunal el que dictamine si excluir del registro a los hijos nacidos de parejas de lesbianas con la inseminación artificial supone una violación de los derechos de esos niños.
«Ha ido muy bien. Nos ha impresionado que los jueces nos han escuchado con mucho interés, más allá de la posición de la Fiscalía. Ha parecido convincente la cuestión de que resulta inadmisible la impugnación del registro de estos niños», señaló la abogada Susanna Lollini, que representa a una de las parejas de lesbianas implicadas en el proceso, en el que los letrados de la defensa insistieron en la necesidad de que el Constitucional se pronuncie sobre este asunto. El también abogado Michele Giarratano, que representa a 15 de las 33 parejas aplicadas, mostró por su parte la esperanza de que acabe imperando «el interés del menor», lo que a su juicio no ocurrirá si la Justicia opta por apartar a una de las madres «sin tener en cuenta los lazos y los afectos, convirtiéndolo de hecho en huérfano».
El proceso de Padua supone un caso tan extremo como paradigmático de la dificultad que tienen las distintas administraciones públicas en Italia para reconocer los derechos de las minorías sexuales. «Vivimos en un agujero, en el que se cree que los miembros de la comunidad LGBT, aunque pagan impuestos como los demás, tienen que vivir sin derechos para siempre. Italia está al nivel de Hungría y Polonia en esta materia. Somos un caso único en Europa occidental, más allá de otros ejemplos de países como San Marino o el Estado de la Ciudad del Vaticano», lamentó Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno (Familias Arcoiris), referencia en Italia dentro de la comunidad LGBT.
