ABC.- Profesores de alemán que no pueden ejercer o niños autistas sometidos a la inmersión lingüística, una barrera añadida al no ser su idioma materno. Son dos ejemplos de los casos más graves de «discriminación» e imposición idiomática que han trasladado este jueves representantes de la asociación Hablamos Español a dirigentes de la Generalitat.
De esta primera reunión, valorar el «compromiso de buscar una rápida solución» a estas situaciones más acuciantes y «una buena disposición para devolver el español a los espacios oficiales y a la Educación», tal como han destacado desde la entidad que preside Gloria Lago, quien ha participado en el encuentro por videoconferencia.
El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura, Vicente Barrera, y el director general de Política Lingüística y Ordenación Educativa, Ignacio Martínez -se había anunciado la presencia del conseller de Educación, José Antonio Rovira- han asegurado que se redactará lo antes posible una nueva ley que entraría en vigor el próximo curso 2024/25, con la que «se pondría punto final a la imposición lingüística en la enseñanza».
No obstante, desde Hablamos Español les han mostrado también su preocupación porque las medidas anunciadas sólo repercutan en las zonas de predominio castellanohablante, cuando «los niños no son parte del paisaje, son personas con derechos individuales que hay que respetar», por lo que debe preservarse que todos puedan «estudiar en su lengua materna».
Vía judicial por un 25% mínimo en castellano
De hecho, aparte de los casos más llamativos como los antes citados, en esta asociación han hecho hincapié ante los dirigentes autonómicos en que «los casos más frecuentes son los de familias que no pueden escolarizar a sus hijos en español, los de quienes reclaman que los centros de enseñanza y otras administraciones públicas se comuniquen con ellos en español y los casos de familias cuyos hijos son castigados de forma arbitraria por realizar sus exámenes y trabajos en español».
Han expuesto situaciones concretas de hogares afectados, algunos ya en vía judicial, así como otros en los que tras agotar la vía administrativa reclamando un mínimo de 25% en castellano en asignaturas troncales están a punto de elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
«Ingeniería social» y miles de firmas para una nueva ley
Asimismo, Hablamos Español ha alertado al conseller y al director general de que los llamados Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) se utilizan en la práctica como «proyectos de ingeniería social» para retirar el castellano «y trasladar a la comunidad educativa el mensaje dañino y contrario a la realidad de que hay una lengua oficial que es moralmente mejor utilizar en detrimento de la otra».
Finalmente, han recordado las «miles de personas» que han apoyado su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Libertad de Elección de Lengua, con el cuádruple de firmas necesarias, por lo que les han instado a agilizar su tramitación y que puedan defenderla ellos mismos ante el Pleno de las Cortes Valencianas, tal como permite la normativa.
