Los docentes investigados por un posible delito de incitación al odio aseguran que el debate sobre las cargas policiales partió de los estudiantes
HECTOR MARÍN. EL MUNDO.- Los profesores investigados del IES El Palau, ubicado en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), han asegurado este jueves que no sabían a qué se dedican los padres de sus alumnos.
De los 11 docentes bajo sospecha, la Fiscalía ha citado este jueves a seis en el marco de una investigación abierta por un delito de incitación al odio después de que algunos padres denunciaron que los alumnos, hijos de efectivos de la Guardia Civil, llegaron a casa llorando el 2 de octubre por los comentarios despectivos que habían escuchado en clase contra la actuación policial para impedir la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
A preguntas de la Fiscalía, los maestros han alegado que fueron los estudiantes quienes plantearon espontáneamente un debate sobre las cargas policiales del 1 de octubre.
La Fiscalía quiere aclarar si algún maestro pudo cometer un delito de odio o de discriminación. Si así fuera, la Fiscalía presentaría una querella contra ellos.
El trato dispensado por algunos profesores a los estudiantes hijos de guardias civiles trajo a las aulas la tensión existente en las calles, según manifestaron unos 200 alumnos que se concentraron tres días después para mostrar en público su repulsa por los presuntos comentarios despectivos.
«Stop discriminación», reclamaron para dar una lección a sus maestros y pedir respeto por sus compañeros. Una veintena de familias se quejó del trato dispensado a sus hijos en el centro. No obstante, según la Generalitat, ningún padre planteó ninguna queja ante los responsables del instituto.
El Ayuntamiento organizó una reunión a la que asistió el director del centro -no investigado-, tres agentes de la Guardia Civil de paisano -entre ellos, un responsable de la Asociación de Madres y Padres del centro- y la directora de los servicios territoriales de Ensenyament de la Generalitat en el Baix Llobregat, Núria Vallduriola.
Vallduriola ha acompañado a los investigados en la declaración de este jueves en la Ciutat de la Justícia para expresarles su apoyo. «Ellos están tranquilos porque no han hecho nada. Es cierto que tienen inquietud porque es triste que se cuestione la profesionalidad de los docentes», ha explicado a este periódico la responsable educativa. «No ha habido nada que pueda considerarse improcedente en un aula educativa», ha zanjado Vallduriola.
De los once profesores investigados, tres respondieron a las preguntas de la Fiscalía antes de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre; seis lo están haciendo hoy, y otros dos lo harán el ocho de enero.
Los tres primeros profesores que ya han declarado esta mañana han defendido que convocaron un minuto de silencio en la escuela a favor de la «no violencia», un acto al que siguió «de forma espontánea» un debate sobre los hechos del 1 de octubre planteado por los estudiantes.
Varios agentes, residentes en Sant Andreu de la Barca, sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Cataluña, recriminaron a los docentes que discriminaron a sus hijos cuando invitaron al alumnado a salir al patio del instituto como señal de protesta por las cargas policiales.
Ante ese escenario, aseguran, sus hijos se vieron obligados a tomar partido entre secundar la condena o quedarse solos en el aula corriendo el riesgo de ser estigmatizados por el resto de estudiantes.
«Algunos de nuestros hijos se sentían hostigados aquella mañana del 2 de octubre», refiere a este periódico Bartolomé Barba, uno de los progenitores afectados y también coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles. «Así que nosotros, sus padres, nos sentimos obligados a ir recogerlos y sacarlos de allí inmediatamente. La Guardia Civil sufrimos actualmente un triple odio en Cataluña», completa Barba, que critica que a los alumnos se les pidió, uno a uno, su punto de vista sobre la «violencia policial» del 1-O. «Algunos de nuestros hijos llegaron a casa llorando».
La mañana del 2 de octubre, en el instituto El Palau -modélico hasta esa fecha, según el Ayuntamiento- estuvo cerca de romperse la convivencia de una comunidad en la que desde 1992 tiene su sede la Comandancia de la Guardia Civil en Cataluña. Hasta la fecha, los agentes y sus familias habían convivido con total normalidad con el resto de los vecinos, abriendo incluso las puertas de servicios de su cuartel, como una guardería, al resto.
