EFE. LA VANGUARDIA.- El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha subrayado hoy la apuesta de tratar los delitos de odio mediante justicia restaurativa, mediante métodos que pongan en contacto a los autores de esos delitos con sus víctimas a través de mediadores.
Así lo ha planteado Ortiz durante la inauguración del seminario ‘Nuevas iniciativas en la Intervención penitenciaria: programa Diversidad y Justicia Restaurativa’ cuyo objetivo es contextualizar y debatir en qué momento social, jurídico y penitenciario se encuentran los delitos de odio.
Ángel Luis Ortiz ha resaltado que según cifras del Ministerio del Interior, en 2017 se presentaron 1.149 actuaciones de los cuerpos de seguridad relacionadas directamente con delitos de odio, de las cuales el 36 por ciento fueron por racismo, el 31 por ciento por cuestiones ideológicas, el 19 por ciento por identidad sexual y el 7 por ciento por creencias religiosas.
En ese sentido, ha asegurado que la pena de prisión «ha tocado fin» para ese tipo de delitos y ha manifestado que el reto de la administración penitenciaria es «poder intervenir con programas de tratamiento de personas dentro y fuera de centros penitenciarios».
Para ello, la administración apuesta por la justicia restaurativa como una alternativa terapéutica para que la víctima se sienta escuchada y sea parte del proceso. Ha aclarado que este recurso no es una obligación, sino que es para «la víctima que quiera».
«Hay que tener mucho dinero para mantener un sistema privativo», ha resaltado Ortiz, ya que un centro penitenciario con capacidad para entre 1.100 y 1.200 plazas cuesta alrededor de 112 millones de euros y ha señalado que de haberse aprobado los presupuestos para este año se habrían destinado más de 20.000 euros anuales para cada interno, explica.
Durante el seminario también se presentaron sendos estudios sobre sentencias y perfiles de condenados por delitos de odio, el primero de ellos «Estudios de análisis de sentencias en racismo, discriminación racial, xenofobia u otras formas de intolerancia» hace una recopilación de sentencias en esta materia.
Durante la presentación de este, Andrea Giménez, ha resaltado que a pesar de que las fuerzas de seguridad denuncian más de 1.000 acciones al año por delitos de odio, solo se recopilaron 102 casos en los que hubo sentencia entre 2014 y 2016.
El principal factor presente en las sentencias son las expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos o vejatorios, que responden a motivos de odio étnicos o de género y en la mayoría de los casos los acusados han sido condenados.
En ese sentido, el estudio afirma que la pena impuesta en mayor medida es la pena de prisión.
Por otra parte, el «Estudio sobre el perfil de los condenados por delitos de odio», presentado por Meritxell Pérez, ha demostrado que el perfil de condenados por este tipo de delitos es diferente a otras tipologías delictivas.
Según el estudio, las personas condenadas por este tipo de delitos son en su mayoría hombres (89 por ciento), de una edad media de 31 años, solteros, en su mayoría españoles y con un nivel más bajo de estudios, de recursos económicos y menor situación de empleo previo a la condena, respecto a otros condenados.
Mientras tanto, el perfil de la víctimas responde en su mayoría a hombres de procedencia extranjera correspondiente a un 60 por ciento.
Además, señala que en el 75 por ciento de los casos no había conexión previa entre el agresor y la víctima, el 44 por ciento de los casos fueron en la vía pública y la motivación delictiva más frecuente fue por la ideología en un 40 por ciento.
