El País.- El pasado 15 de agosto por la tarde, un vehículo policial cubierto de polvo se detuvo ante Michael Opolot. El joven, de 20 años, se encontraba entre la multitud enfervorizada que había acudido a presenciar la visita del hijo del presidente de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba —que también es asesor presidencial en operaciones especiales— a la ciudad de Soroti, en el este del país. Los policías detuvieron y metieron a Opolot en el vehículo sin dar explicaciones y se marcharon, explicaron testigos a este diario.
Según el documento con los cargos formulados contra el joven, al que tuvo acceso la agencia Reuters, Opolot fue acusado el 18 de agosto de “homosexualidad agravada” tras “mantener relaciones sexuales ilícitas” con un hombre de 41 años. Este delito se castiga con la pena de muerte en Uganda, tras la aprobación en mayo de una de las leyes homófobas más duras del mundo. El delito se aplica contra personas “reincidentes”, que transmitan el VIH a otros o que tengan relaciones íntimas con menores o personas con diversidad funcional. A Opolot “se le acusa de homosexualidad agravada porque se alega que la persona considerada víctima no está en su sano juicio”, explica Patience Muwanga, abogada de derechos humanos que forma parte del equipo de defensa y que trabaja para la organización de derechos humanos Chapter Four. “Pero nuestra investigación, y lo que consta en el expediente, [muestra] que en realidad no hay pruebas de que no esté en su sano juicio”, asegura.
Desde su detención, Opolot ha permanecido en la prisión principal de Soroti. El 1 de septiembre, el joven compareció ante el tribunal de primera instancia, pero el procedimiento judicial no tuvo lugar y se pospuso hasta el 14 de septiembre, ya que el fiscal del Estado no estaba presente. Muwanga añadió que están trabajando duro para garantizar que Opolot obtenga la libertad bajo fianza antes de que comparezca de nuevo ante el tribunal. Uno de los familiares del joven, que habló por teléfono con este diario bajo condición de anonimato por temor a represalias, manifestó su gran preocupación ante la posibilidad de no volver a verlo. “Nuestra familia está destrozada”, reconoció, sollozando. “Sé que no es seguro hablar sobre su detención, pero se enfrenta a la pena de muerte. Suplicamos al Gobierno que lo libere, porque es inocente”, agregó.
Jacqueline Okui, portavoz de la fiscalía, se limitó a comentar en una entrevista telefónica, que “la homosexualidad con agravantes es un delito que se puede castigar con la pena capital”. Por su parte, Frank Baine, portavoz de los servicios penitenciarios de Uganda, advirtió de que “los medios de comunicación deben dejar de glorificar la homosexualidad porque no es africana”. “Que afronte las consecuencias de su detención. No puedo hablar de él. De hecho, me siento muy incómodo hablando de él”, añadió.
Pero la abogada Patience Muwanga señala que acusar a Opolot utilizando la ley contra la homosexualidad es “inhumano” y “viola gravemente los derechos de las personas”. “Como abogados de derechos humanos no podemos sentarnos, mirar y esperar. Hay que acelerar el proceso de eliminación de esta ley porque su aplicación va en contra de los derechos humanos”, insiste. Este periódico intentó sin éxito entrar en contacto con el joven detenido, pero las autoridades no permitieron la entrada en las instalaciones penitenciarias.
Escondidos para salvar la vida
Antes de que esta ley fuera promulgada en mayo por el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, las relaciones homosexuales ya eran un delito en el país y merecían penas que podían llegar hasta la cadena perpetua. La norma anterior databa de la época colonial británica. La nueva ley, que surge en un contexto de recrudecimiento de la homofobia en África, no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte y “la promoción de la homosexualidad” con hasta 20 años de cárcel. Defender públicamente la homosexualidad es un concepto vago y la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) siente que está en la cuerda floja.
“La reciente y desenfrenada detención de personas ha sembrado el pánico entre la comunidad LGTBI de Uganda”, afirma Ram Gava, pastor queer (término que se refiere a un amplio abanico de personas que no encajan en la heteronormatividad) cuya iglesia fue clausurada al promulgarse la nueva ley. “Muchas personas queer se están escondiendo para proteger sus vidas”, añade.
Bob Bwana, responsable de programas de Ice Breaker, una organización comunitaria que defiende los derechos del colectivo LGTBI y presta servicios sanitarios en Uganda, afirma que la ley se está convirtiendo cada vez más en un “arma” para atacar a las personas que no son heterosexuales. El responsable afirma que su organización ha registrado diversos ataques, especialmente intentos de chantaje y secuestros por dinero. Esta semana, la Policía detuvo a cuatro personas en el distrito de Buikwe, en el centro de Uganda, y cerró el salón de masajes en el que trabajaban, alegando que ofrecía sexo gay a cambio de dinero. Bwana cuenta que entidades como la suya están “manteniendo conversaciones secretas, dialogando y sensibilizando a los homosexuales” ugandeses para que se mantengan “vigilantes y sean precavidos con el fin de proteger sus vidas”.
Rainbow Railroad, una asociación canadiense que ayuda a personas LGTBI a escapar de la persecución en sus países de origen, aseguró que había recibido 700 peticiones de ayuda de ugandeses entre enero y mayo de este año, más que ningún año en la década que lleva trabajando en este país.
Para Ashwanee Budoo-Sholtz, directora adjunta de la División de África de la ONG Human Rights Watch (HRW), “la comunidad internacional debe mantenerse al tanto de estas violaciones de los derechos humanos y de la amenaza que esta ley representa para la comunidad LGTBI”. Por otra parte, las personas seropositivas y de riesgo del país africano denuncian desatención médica y amenazas y temen que los programas de tratamiento y divulgación contra el VIH desaparezcan por falta de fondos. Alrededor de 1,4 millones de personas viven con sida en Uganda, sobre una población total de 45 millones, y 17.000 mueren anualmente debido al virus, según los últimos datos de la Comisión del sida de Uganda.
El país africano se arriesga a pagar su homofobia institucional con importantes recortes de fondos, vitales para el Estado. Según datos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un 30% de la población de Uganda vivía con menos de 1,77 dólares al día (1,67 euros) en 2020 y más del 40% del presupuesto del país depende del exterior, especialmente en sectores clave como la salud y la educación. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado la “vergonzosa” norma y han amenazado con sanciones al país si no la deroga. El Banco Mundial anunció en agosto que no ofrecerá financiación a Uganda debido a que la normativa antihomosexualidad “va en contra de los valores” de la institución. “Creemos que nuestra misión de erradicar la pobreza en un mundo habitable solo tendrá éxito si incluye a todo el mundo, sin diferencias por raza, género o sexualidad”, señaló la institución en un comunicado.
Pero la respuesta del presidente de Uganda fue clara: “Nadie nos moverá. Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos”, dijo Yoweri Museveni en junio.
