ABC.– El Parlamento de Portugal ha aprobado una ley contra la discriminación por cáncer y otras enfermedades graves, que en la práctica se traduce en proteger a las personas afectadas para que no se les vete el acceso a una hipoteca o un seguro de vida, tal cual viene sucediendo hace años.
La propuesta del Partido Socialista logró un amplio respaldo, ya que se pronunciaron a favor los líderes de la oposición conservadora, el PSD comandado por el polémico Rui Rio, así como los comunistas, el Bloco de Esquerda, Los Verdes, el Partido Animalista e Iniciativa Liberal.javascript:falsePUBLICIDAD
Se trata, por tanto, de un amplio consenso en un asunto que venía perjudicando de forma muy grave a los pacientes con signos exteriores evidentes de sufrir las consecuencias de la quimioterapia, por poner solo el ejemplo más flagrante.
Las quejas en este sentido no habían hecho más que aumentar en Portugal debido a que, en los casos más llamativos, bastaba con que una mujer se presentara en una oficina bancaria o en una agencia de seguros con un pañuelo tapando su cabeza (señal de que se le habría caído el pelo a causa de los efectos secundarios generados por las sesiones radiológicas) para que se encontrara con que se le cerraban las puertas, algo que no sucedía con las personas sin estas patologías. De esta forma, se complicaba el acceso a la compra de una vivienda y la contratación de un seguro que la adquisición suele llevar aparejada.
Aún han sido denunciados abusos peores en esta misma línea, puesto que incluso se dan casos en los que se les permite sumarse a pagar por esos servicios, pero… se les impone una penalización por si acaso sus condiciones no fueran las adecuadas para garantizar el desembolso requerido.
Adiós a la ‘discriminación financiera’
Este hecho constituye una muestra de lo que se ha dado en llamar ‘discriminación financiera’, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la Constitución portuguesa dice claramente: «Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley». Y prosigue: «Nadie puede ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de cualquier derecho o exento de cualquier deber en razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, situación económica, condición social y orientación social».
O sea que la discriminación financiera estaba prohibida, pero se realizaba. Hoy, sin embargo, se han sentado las bases legales para que semejante circunstancia no se produzca más.
La aprobación de la nueva normativa ha sido elogiada desde los más diversos sectores porque así se acabará por fin con esta práctica basada en que los bancos y compañías de seguros entienden que el riesgo es mayor con estas personas en cuestión, incluso aunque la situación clínica esté perfectamente controlada.
Dos leyes anteriores tumbadas
Todos los indicios apuntan a que la regulación será promulgada sin cortapisas por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, al contrario de las dos últimas leyes de contenido ‘social’. Así, su intervención resultó clave para que el Tribunal Constitucional tumbara la norma que permitía la eutanasia en determinadas circunstancias.
El contexto actual de la pandemia por coronavirus, con decenas de personas muriendo cada día, no parecía el momento más adecuado para abordar un tema de estas características y Rebelo de Sousa tenía serias dudas acerca de la idoneidad del documento.
Por eso, ejerció su derecho de veto y prefirió que el Constitucional tomara una determinación, lo que terminó desembocando en la declaración de «inconstitucionalidad» de la legislación, en virtud de la «inviolabilidad de la vida humana».
No en vano, al presidente le llamó la atención que se utilizaran «conceptos claramente indeterminados» en los requisitos para despenalizar la muerte médicamente asistida, una sospecha que refrendó el TC.
La razón era que la ley tumbada establecía la eutanasia para los supuestos de «sufrimiento intolerable, con lesiones definitivas de gravedad extrema, de acuerdo con el consenso científico, así como enfermedad incurable y fatal».
Con posterioridad, le tocó el turno a la ley de inseminación post-mortem, vetada por Rebelo de Sousa porque argumentaba que «presenta disposiciones que pueden generar incerteza jurídica, algo nada aconsejable en una materia tan sensible».
Así, el documento volvió al Parlamento y debe ser modificado si los socialistas pretenden alcanzar una hipotética aprobación definitiva.
Ahora la postura del mandatario coincide con la de amplios sectores de la sociedad portuguesa, pero en estos dos casos paralizados no era así. Sobre todo, en lo relativo a la inseminación después de morir, ya que implicaba legalizar las técnicas para fecundar a una mujer con espermatozoides del hombre con quien compartía su vida, siempre que hubiera fallecido en un plazo temporal de entre 6 meses y tres años atrás.
En la actualidad, frenar la discriminación financiera se interpreta como una medida acertada cuyo impulso procede del Partido Socialista, que recupera así cierto crédito de cara a la población tras los dos reveses citados anteriormente.
