El Español.- En muchos países, los registros administrativos de población, como el padrón o el registro civil, están ligados al desarrollo y al goce de derechos y servicios básicos a los que dejan de acceder las personas sin censar.
“Vives aquí y te tienes que empadronar, es un derecho y una obligación”. ¿Cuántas veces habremos oído una frase por el estilo? El padrón es una de las herramientas que tiene la Administración pública para conocer cuántas personas residen en un territorio. Los datos de los registros administrativos, como el padrón o el registro civil, están profundamente ligados al desarrollo y la implementación de políticas públicas.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, alrededor de 98 de los 230 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren datos de población para su seguimiento.
Además, los registros, censos y padrones (y otras fórmulas) son las bases de los marcos de muestreo de encuestas nacionales y resultan indispensables para ajustar políticas y programas públicos en todos los niveles de la Administración Pública.
Las agencias de Naciones Unidas, en línea con su meta de no dejar a nadie atrás, y en colaboración con entidades públicas, son las principales impulsoras a nivel mundial de la mejora de la eficiencia y cobertura de los sistemas de registro e identificación.
En este ámbito destacan, por un lado, la meta 9 del ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), que comprende el objetivo de “proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos”. Y por otro, los esfuerzos de agencias como UNICEF o el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU)
Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, 1.000 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar su identidad. La mayoría se encuentra en África subsahariana y Asia del sur, y pertenecen a los grupos más pobres y vulnerables. Se trataría de mujeres y niñas marginalizadas y personas migrantes, refugiadas o aquellas con un menor nivel de educación o con discapacidad.
Los sistemas de identificación, como los registros civiles o de población, otorgan un reconocimiento ante la ley y una prueba de la identidad jurídica. Estar dentro del sistema abre la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, votar, adquirir una nacionalidad, matricularse en la escuela, contratar un seguro, comprar una tarjeta SIM, registrar una propiedad, o acudir a la justicia.
En los países del continente europeo y Norteamérica, la proporción de niños menores de 5 años registrados ante las autoridades civiles es plena. En España, este dato ha permanecido inalterado, en el 100%, desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015.
Sin embargo, esto no significa que todas las personas que residen en el país figuren en los sistemas de identificación españoles (Registro Civil, censo y padrón), ni tampoco que todos tengan sus derechos cubiertos. Muchas personas no pueden acceder a servicios básicos por el mero hecho de no estar empadronados en un municipio.
La “puerta de acceso a los DD.HH.”
El padrón municipal es un instrumento estadístico que fue ideado inicialmente para contar cuántas personas viven en un área geográfica determinada. Pero con el tiempo sus funciones prístinas se han desvirtuado. Esta es la conclusión que arroja María Segurado, responsable de la Red Jurídica de Migración de Cáritas Española.
El padrón municipal era una herramienta con un doble objetivo: “saber cuántos somos y saberlo para ajustar políticas públicas”, explica Segurado. Ahora, “el padrón se ha convertido en una puerta de acceso a derechos humanos, pervirtiendo su objetivo, que es conocer cuántos somos y cómo nos organizamos en función de los que somos”, concluye.
La mayoría de personas víctimas de las trabas administrativas del empadronamiento son extranjeros, y en particular, personas indocumentadas. Algunas de estas aún disponiendo de un pasaporte o una tarjeta de identidad extranjera, no pueden inscribirse en el padrón porque estos documentos están caducados.
A ojos de la Administración, un documento caducado equivale a no tener una identidad, aduce Segurado. “Este problema lo tienen, por ejemplo, las personas venezolanas que no podían renovar sus pasaportes. Los que estaban regulares perdían la regularidad, los que estaban empadronados perdían el padrón”, afirma.
Si revisamos la legislación relativa al padrón, debemos tomar cuenta de que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Por tanto, figurar en el padrón depende, por encima de todo, de la residencia habitual.
En la mayoría de casos, las personas que más protección social necesitan son las que no figuran en los padrones. Otro de los grupos afectados por este problema son las personas que viven en asentamientos de chabolas o las que están en situación de calle. Figurar en los padrones es indispensable para poder acceder a determinados servicios básicos como los servicios sociales, la sanidad o la educación.
Según el último recuento de Personas Sin Hogar en la ciudad Madrid, realizado en 2018, de las 650 personas sin hogar identificadas, un 51,3% afirmaba no estar empadronada en el municipio. Aunque no se puede conocer con exactitud la cifra total de personas no empadronadas, esta cifra nos demuestra que no son pocas.
Desde Cáritas, una de las organizaciones que acompañan a las personas no empadronadas en el proceso de inscripción en los padrones, insisten en la necesidad de “abrir o modificar la legislación para que esas personas indocumentadas puedan empadronarse. Porque están y viven, no son seres invisibles o transparentes”.
