AMNISTÍA INTERNACIONAL. En un nuevo informe publicado hoy, a menos de dos meses de las elecciones generales polacas, Amnistía Internacional afirma que el sistema jurídico de Polonia presenta peligrosas lagunas en lo que se refiere a la protección del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) y de otras minorías contra los crímenes de odio.
El documento en cuestión, titulado Targeted by hatred, forgotten by law, describe cómo se ha excluido de la legislación sobre crímenes de odio a comunidades enteras, entre ellas las personas sin hogar, con discapacidades y LGBTI.
Polonia tiene un sistema jurídico de dos niveles, que protege a algunos grupos minoritarios, pero abandona a su suerte a otros.
La comunidad LGTBI polaca tiene que hacer frente a actitudes de discriminación generalizadas y arraigadas en todo el país. Aunque no existen estadísticas oficiales fiables, una destacada organización LGTBI polaca llamada Campaña contra la Homofobia registró, sólo en 2014, al menos 120 crímenes de odio homofóbicos o transfóbicos, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor.
En la ciudad de Szczecin, algunas personas LGBTI aseguraron vivir con temor desde que un joven gay de 20 años murió en enero de 2014 a consecuencia de una brutal paliza, cuando salía de un club gay. Su cuerpo fue hallado en una cercana zona en obras, con la cara llena de hematomas y los pantalones bajados. Había muerto ahogado, al haberle sumergido el rostro repetidas veces en un charco.
Las autoridades no contemplaron la posibilidad de que su asesinato fuese producto de la homofobia, y el tribunal trató la agresión como un delito común cuando condenó a los dos hombres responsables.
En mayo de 2015, cuando el activista antinazi y artista callejero Dariusz se encontraba en Zywiec ante uno de sus propios murales, que representaba un arco iris, un hombre le propinó patadas, le escupió y le llamó “puta marica”. Sin embargo, en la sentencia dictada contra el responsable, este insulto se calificó simplemente de «lenguaje vulgar», y no se hizo referencia a su carácter homófobo.
Asimismo, varias personas sin hogar han recibido en Polonia fuertes palizas durante los últimos años, pero aunque algunas de ellas se debieron, al menos en parte, a la condición socioeconómica de la víctima, la policía las trató como delitos comunes.
En octubre de 2012, una persona sin hogar conocida como Stanislaw, fue golpeada y quemada en Rzeszów. Pese a que los autores de la agresión reconocieron haber agredido en el pasado a otras personas sin hogar por «aburrimiento», la sentencia no reflejó la gravedad del móvil.
“Polonia ha tomado ciertas medidas encomiables para combatir los crímenes de odio motivados por el racismo y la xenofobia. Sin embargo, resulta difícil aceptar que no se haya dado la misma importancia a otros grupos minoritarios que viven a diario con el mismo temor y la misma hostilidad», explica Marco Perolini.
Esta falta de protección se traduce en la ausencia de mecanismos institucionales, como fiscalías especializadas o unidades policiales de coordinación, para tratar las agresiones discriminatorias por motivos de discapacidad, orientación sexual, identidad de género y condición socioeconómica. De igual forma, tampoco ha habido ninguna iniciativa encaminada a desarrollar políticas efectivas para prevenir estos crímenes de odio, investigar todos los casos y enjuiciar a los responsables.
Además, como el Estado polaco no recopila sistemáticamente datos sobre las agresiones perpetradas contra estos grupos, las autoridades no pueden conocer la envergadura del problema.
Por otro lado, se ha paralizado la reforma del Código Penal, que incluía un proyecto de ley presentado en 2012 para proteger a las personas LGBTI, con discapacidades o ancianas de los crímenes de odio. La propuesta encontró una feroz resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad polaca, hasta el punto de que, en 2015, un miembro del Parlamento la calificó de «intento de introducir una ideología de género enfermiza que promueve patologías sexuales”.
Probablemente, esta cuestión será motivo de debate durante el periodo previo a las elecciones generales polacas, que se celebrarán el 25 de octubre.
“Polonia debe tomar, de una vez, medidas concretas para garantizar que la ley proteja por igual a todos los grupos minoritarios del país. El próximo gobierno y el próximo Parlamento deben tratar como prioritarios los derechos humanos, y considerar de la máxima urgencia la erradicación de la discriminación. Nadie debe vivir en Polonia con temor de sufrir violentas agresiones sólo por ser quien es”, concluye Marco Perolini.
