AMANDA MARS. EL PAÍS.- La era Trump ha demostrado en apenas ocho meses que ninguna conquista social es irreversible. Soterradas por el drama permanente de Washington, de la trama rusa a los tacones de la Primera Dama, pasando por las amenazas de un holocausto nuclear, un conjunto de políticas regresivas sobre el aborto, la comunidad LGTB y la igualdad entre hombres y mujeres se ha abierto paso en Estados Unidos. El rodillo conservador ha vuelto a vetar a los transgénero en el Ejército, ha eliminado protecciones a trabajadores y estudiantes gays y, entre otras medidas, ha enterrado unas normas de transparencia con las que se intentaba luchar contra la discriminación salarial en las empresas.
Nada en el historial del presidente (tres matrimonios, una portada en Playboy o sus famosos comentarios soeces sobre sexo y mujeres, por ejemplo) invitaba a pensar que los cristianos evangélicos y otros conservadores religiosos hallaran una especial sintonía. Tampoco en su campaña electoral en asuntos como el aborto o los derechos LGTB ocuparon un lugar central. Y en los primeros días de Gobierno, muchos analistas atribuyeron a la primogénita del presidente, Ivanka Trump, un papel moderador que mantendría a la Casa Blanca abierta al liberalismo social.
Todas estas asunciones se han derrumbado. Por primera vez en 10 años, los republicanos controlan tanto la Casa Blanca como las cámaras legislativas. Y en el Tribunal Supremo, gran transformador de la sociedad estadounidense a través de sus sentencias, lograron colocar a un conservador pata negra, Neil Gorsuch. La Casa Blanca, con problemas para sacar adelante algunas iniciativas estrella como la reforma sanitaria, ha hallado menos obstáculos para satisfacer a la derecha religiosa, especialmente molesta con el avance en los derechos de los gays y transgénero en los últimos años.
El veto a estos últimos en el Ejército se consumó con la ligereza de un tuit. Trump anunció el pasado 26 de julio que los miembros de este colectivo ya no podrían ingresar. Liquidó así la reforma emprendida por Barack Obama, que, después de bendecir que los transgénero ya enrolados pudieran seguir sirviendo tras su cambio de género, abría la puerta a que los transexuales pudieran ingresar en las fuerzas armadas ya en esa circunstancia. Esa puerta se ha vuelto a cerrar, alegando “costes médicos”, y el Pentágono tiene que decidir además si los miles de miembros de este colectivo que ya están en sus filas pueden seguir en ella o los expulsa.
Una tarta nupcial para una boda gay
El golpe al eslabón más débil de la comunidad LGTB, que creía haber conquistado la normalización tras años de lucha, causó conmoción. Pero ese mismo día 26, con mucho menos revuelo, la Administración Trump impulsaba otra medida contra los trabajadores homosexuales. El Departamento de Justicia se involubraba en un pleito entre particulares en un tribunal de Nueva York para argumentar que la ley de derechos civiles no protege a los trabajadores en casos de discriminación por su orientación sexual. Esta posición supone revertir la doctrina de Administración anterior, decidida en 2015 en el seno de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Senado.
El caso giraba en torno al despido de un instructor de esquí despedido después de haber comentado a una clienta que era homosexual y ésta haberse quejado con su jefe. El Gobierno presentó un escrito en el que argumentaba, citando la Ley de Derechos Civiles de 1964 -que prohíbe la discriminación por de raza, sexo, religión o nacionalidad- que “la única cuestión aquí es si, como ley, el Título VII se aplica también a la discriminación por orientación sexual”, y concluía que no.
Este mes el departamento también se personó en otro pleito para defender a un pastelero de Lakewood (Colorado) llamado Jack Philips que se había negado explícitamente a vender una tarta nupcial a una pareja porque estaba formada por gays. “Los más religiosos apoyaron a Trump, pese a reconocer un hombre poco conocedor de la Biblia porque les garantizaba algo muy importante para ello, un juez conservador en el Supremo. Y algunas de estas decisiones, como la de los transgénero, buscan satisfacerles a ellos. Incluso muchos republicanos, como el senador John McCain están en contra de este paso atrás”, opina Geoffrey Skelley, del Centro de Política de la Universidad de Virginia.
Halcones conservadores
El vicepresidente, Mike Pence, fue escogido como aval ideológico de la agenda conservadora y el fiscal general, Jeff Sessions, está actuando como principal catalizador al frente del Departamento de Justicia. Ambos tienen credenciales para ello. Pence, muy religioso, firmó en 2015, cuando era gobernador de Indiana, una ley que permitía a comercios y restaurante vetar como clientes a parejas gais, pero fue tal la polémica que tuvo que rectificar. Sessions, un exsenador republicano de Alabama con duras acusaciones de racismo a sus espaldas, ha votado históricamente contra las políticas a favor del aborto o los derechos LGTB y ahora desempeña un papel clave a la hora de dirigir las políticas trumpistas.
La mano dura prometida por Trump contra la droga, por ejemplo, se cristalizó en mayo con un cambio de directriz de su departamento, que instó a los jueces a aplicar las penas más duras posibles. La recomendación daba marcha atrás en la estrategia de Obama, que buscaba evitar largas condenas para consumidores y pequeños traficantes no violentos para facilitar su reinserción y no retroalimentar el problema.
Un goteo de decisiones ha confirmado el giro conservador desde que Trump llegó a la Casa Blanca. En febrero, por ejemplo, anunció que retiraba la política de Obama que exigía a los colegios públicos que garantizaran a los alumnos el acceso a baños y vestuarios del género con el que se identifican. En mayo firmó la orden ejecutiva de libertad religiosa, por la cual daba luz verde a los clérigos a apoyar candidatos electorales desde el púlpito e instaba a revisar una norma de Obama por la cual las empresas debían cubrir los anticonceptivos en los planes de seguros médicos para sus empleados, abriendo la puerta a excepciones.
Contra las ONG que practican abortos
Y en enero recuperó una norma por la cual ninguna ONG, que sea proveedor sanitario en el extranjero, puede usar fondos estadounidenses para practicar abortos o asesorar al respecto. En mayo anunció que ampliaba esta política y cortaba por completo el grifo a cualquier entidad que lo promoviera, aunque usara esos fondos para la prevención del SIDA o la malaria, lo que se va a traducir en el abandono de muchas organizaciones que operan en África.
Algunas políticas desaparecieron y otras ya no entrarán en vigor, como la referente a la igualdad de salarios aprobada por la Administración de Obama. En 2018, las empresas de más de 100 trabajadores tendrían que dar una amplia información sobre los sueldos con el fin de mejorar la transparencia y combatir la discriminación por sexo o raza. Ivanka Trump, que busca convertirse en una referente del feminismo y el liderazgo de mujeres, ha respaldado la decisión de la Casa Blanca de no aplicarla. Comparte el fin, dice, pero cree que no conseguiría sus objetivos.
Trump puede encontrarse con muchas dificultades entre los republicanos, pero con una parte de la derecha religiosa el idilio es evidente, como algunos de los grupos reconocen con sorpresa. Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación de la Familia, lo admitía en un comunicado el pasado mayo: “Este presidente no piensa en pequeño”, señalaba, “para los provida, que están acostumbrados a que algunos políticos hagan lo mínimo, esta ha sido una agradable sorpresa”.
