PÚBLICO/EDUARDO BAYONA@E_BAYONA.- Los datos de Interior apuntan a una intensificación de los episodios de trata de personas, una actividad que se ha mantenido en niveles elevados pese a la crisis sanitaria y las restricciones a la circulación y en la que las tramas de carácter sexual y laboral suponen más del 90% de los casos.
El tráfico y la explotación sexual de las mujeres no ha parado con la pandemia, ni mucho menos: las fuerzas de seguridad del Estado han liberado en los dos últimos años a 386 mujeres y niñas que estaban siendo sometidas a explotación sexual tras haber sido captadas por redes de trata de seres humanos, cifras que se disparan hasta las 909 si se tiene en cuenta el año y medio anterior a la crisis sanitaria.
El promedio resultante es de cinco liberaciones por semana, con Andalucía (255, un 28%), Catalunya (115, un 12,6%) y Castilla y León (103, un 11,3 %), por este orden, como los territorios con mayor número de liberaciones (suman más de la mitad), según consta en la respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que se había interesado por conocer «cuántas mujeres han sido liberadas en lucha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la trata» desde el cambio de Gobierno a mediados de 2018.
La respuesta señala que, «si bien no se dispone de registros ni datos estadísticos sobre el número de lugares en los que se ejerce o se obliga a ejercer la prostitución en España», sí se dispone de información «sobre el número de mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos», con frecuencia de origen extracomunitario, que han sido localizados en las «inspecciones llevadas a cabo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en locales en el ejercicio de su función preventiva contra la trata y explotación de seres humanos».
Las cifras ofrecidas por Interior en la respuesta resultan dispares con las que ese mismo departamento recoge en la última versión de su Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos, que por una parte incluye los datos de las operaciones que desarrollan las policías autonómicas, también las localizaciones realizadas fuera de los prostíbulos y, por otro lado, diferencia entre víctimas de trata (captación y traslado) y de explotación sexual (prostitución coactiva con lucro para el promotor), situaciones que en ocasiones se dan al mismo tiempo en una única víctima, además de otras formas de tráfico de personas.
Para el año 2020, el primero de la pandemia y uno de los dos únicos que coinciden en las dos series, el plan recoge la detección de 160 víctimas de trata con fines de explotación sexual dentro de un grupo de 415 que ejercían la prostitución bajo coacciones y otras 99 de tráfico de seres humanos para ser explotados en el plano laboral dentro de un total de 548 que sufrieron ese tipo de abusos.
«La trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro tiempo y, lamentablemente, una realidad en Europa y en nuestro país que supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona», señala Heredia, que destaca los «cinco objetivos prioritarios y dieciséis líneas de acción» que contempla el plan, y que «afectan tanto a instituciones públicas como al tercer sector».
«Su objetivo es permitir un abordaje multidisciplinar e integral de este fenómeno criminal grave y de enorme complejidad», anota, y dice que «pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas».
«Deberían ser más» las liberadas, sostiene Ana María García Costas, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y de la oenegé gallega Faraxa, que se dedica al acompañamiento de las víctimas de trata y de explotación sexual además de «representarlas en las acciones judiciales que se derivan de las denuncias que han tenido el valor de poner».
La letrada, que llama la atención sobre el descenso que se está produciendo en la edad de las mujeres que son identificadas como explotadas sexualmente, explica cómo con la pandemia y los confinamientos «la prostitución se ha trasladado de los clubes a pisos y chalets más ocultos y de más difícil acceso», lo que dificulta la labor tanto de las fuerzas de seguridad como de las oenegés que operan en esos ámbitos.
La trata se suma a la explotación sexual que sufren las mujeres a manos de esas redes, explica García Costas. «Las redes van allí donde crece la pobreza a captar mujeres, que parten de una situación de necesidad y de desprotección», incide la abogada, que explica cómo esa situación de base tiene consecuencias posteriores: «Sacar a una mujer de su ámbito reduce sus posibilidades de defensa. Si es complicado el rescate de una víctima de trata es porque no conoce a nadie donde se encuentra, porque está aislada».
José López Riopedre, sociólogo y antropólogo de la UNED que lleva varias décadas estudiando la prostitución mediante la técnica de las historias de vida, recomienda «mirar con lupa» esos datos policiales por el riesgo de que puedan estar hinchados.
«Las situaciones de violencia y explotación son afortunadamente minoritarias», sostiene, al tiempo que califica de «paradójico que a menudo la ayuda a las mujeres que son localizadas en esa situación sea una orden de expulsión y un billete de vuelta a su país».
«La prostitución es un fenómeno dinámico, que cambia», señala, mientras cuestiona las estimaciones que apuntan a la existencia de entre 300.000 y 400.000 mujeres en situación de prostitución en España. «Jamás ha habido voluntad política de saber cuántas hay, aunque gente que llevamos más de veinte años estudiándola en España hace tiempo que consensuamos que serían entre 80.000 y 100.000».
De ellas, añade, «como mucho un 10% podría ser víctima de situaciones de trata o de violencia para explotarlas». Serían, en ese caso, entre 8.000 y 10.000 mujeres afectadas.
