La Razón.- El Gobierno peruano se ha visto envuelto en una nueva polémica después de que el ministro de Educación, Morgan Quero, declarase que varias violaciones perpetradas en una comunidad amazónica por parte de docentes son «prácticas culturales», palabras compartidas por la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, y que han causado indignación en el país.
La semana pasada, el diario La República informó sobre cientos de denuncias de acoso y abuso sexual de docentes a estudiantes de primaria y secundaria entre 2010 y 2024, en Condorcanqui, provincia de la región Amazonas, y detalló que, incluso, había contagios de VIH de los agresores a los menores, de etnia awajún.
Cuando varios medios de comunicación le preguntaron a Quero sobre el caso, afirmó que trabajarán «algún tipo de solución para zanjar la situación», incluso, «si es una práctica cultural».
«Si es una práctica cultural, que lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano», dijo el ministro.
Poco después, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, expresó en canal N su indignación por las palabras del ministro.
«Es una vergüenza escuchar esto de verdad en este pleno siglo XXI. En ningún momento, en la cultura awajún se ha practicado las violaciones o son temas culturales. Por favor, se trata de los derechos humanos de las niñas y niños», sostuvo.
Pese a la polémica que surgió en redes y las peticiones de renuncia, cuando la prensa preguntó, días más tarde, a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre la frase de Quero, ella le respaldó.
«Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer que sean protegidas (…) Cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir», indicó Hernández, según recoge la emisora RPP.
Quero emitió un comunicado, en el que dijo que sus palabras fueron tergiversadas y que «no existe justificación alguna para actos tan atroces» como los que han ocurrido desde hace años en los colegios y residencias awajún.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros también fue interrogado este lunes en una rueda de prensa con corresponsales sobre el caso y afirmó que nada justifica, «en modo alguno, el abuso a las menores».
El primer ministro explicó que «Perú es un país multiétnico, pluricultural y multilingüístico», pero destacó que es «también un país que no permite por ningún motivo el abuso sexual a niñas, niños ni adolescentes».
«Lo que yo quiero indicar es que se tienen que realizar las investigaciones que correspondan a fin de determinar la responsabilidad de los presuntos autores de estos hechos y en su momento, por supuesto, brindar atención a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido afectados por estos hechos», destacó.
Acerca de la posibilidad de que estas violaciones «vendrían produciéndose muchos años atrás», a su juicio, implica que ha habido un «periodo de desatención en estas comunidades».
Dimisión de los ministros
La Asamblea Verde, conjunto de organizaciones feministas, ambientales y del colectivo LGTB, emitió un comunicado en el que exigieron la renuncia de ambos ministros y también reparación y atención integral para las víctimas de los delitos cometidos.
«Repudiamos este tipo de expresiones, sobre todo viniendo de funcionarios públicos. La violencia sexual es un delito, no debe ser justificada bajo ningún argumento», indicó.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) definió como «deplorable» que la ministra respaldara la afirmación de Quero, y añadió que este hecho «revela la indiferencia y discriminación de este gobierno hacia las niñas y niños awajún.
Además, este tema ha sacado a la luz casos similares en otras comunidades como los wampis, quienes, a través de un vídeo, contestaron a Quero e informaron que, entre 2010 y 2024, el distrito de Río Santiago, en la misma provincia de Condorcanqui, se denunciaron a 175 docentes por estos delitos contra estudiantes wampis del nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados.
