Piden la liberación de las personas del CETI y la anulación de los expedientes de deportación

| 13 abril, 2020

Más de un centenar de ONGs y movimientos sociales de España han lanzado este martes una campaña a nivel estatal en cual han demandado a Pedro Sánchez «la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria»

EL PUEBLO DE CEUTA.- Más de un centenar organizaciones tales como ONGs y movimientos sociales del estado español han lanzado este martes la campaña online ‘#RegularizacinYa’ en la que han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez «regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria». Por ello, han exigido «un cambio de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas».

Con esta iniciativa han querido «alzar la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden  acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales. «. Entre las siete reivindicaciones que le han mandado al Gobierno Central hay una que hace referencia a Ceuta y Melilla. Concretamente en la que piden la «liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, anulación de todos los expedientes de deportación y agilización de los laisse-passez y, por último, cierre definitivo y permanente de estos centros».

Las demás reivindicaciones que le han trasladado al Gobierno Central son la «regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería; la resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio; para la consecución de esta regularización extraordinaria, el Gobierno debe de asegurar  procedimientos y medios administrativos expeditos para la tramitación y resolución de estos expedientes; priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar, sin supeditarse a ningún requisito administrativo; Sanciones efectivas y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico; y para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos en el Estado español: sustento económico y apoyo socio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta, una vez cumplida la mayoría de edad. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajo desde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizado al cumplir los 18 años».

El manifiesto critica dos medidas migratorias aprobadas por este Gobierno: «Medidas como el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a “uso y desuso” de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin papeles”. Son políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad».

Esta iniciativa afirma que «para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas  juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional». Como alternativa proponen «la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida».

En Ceuta, se ha sumado a esta iniciativa Elin. Según los datos aportados por el manifiesto, en la actualidad en España hay casi 600 mil personas que se encuentran en una situación administrativa irregular.

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