Organizaciones antirracistas neerlandesas y los progresistas neerlandeses han pedido este martes a la Comisión Europea que “evalúe” iniciar un proceso de infracción contra Países Bajos por la “posible violación de la legislación europea” con el “racismo institucional” del escándalo de las ayudas a los padres inmigrantes, que llevó a la dimisión del Gobierno de Mark Rutte. ,La eurodiputada progresista Samira Rafaela (D66), del intergrupo Lucha contra el Racismo y por la Diversidad
La Haya, 2 feb (EFE).- Organizaciones antirracistas neerlandesas y los progresistas neerlandeses han pedido este martes a la Comisión Europea que “evalúe” iniciar un proceso de infracción contra Países Bajos por la “posible violación de la legislación europea” con el “racismo institucional” del escándalo de las ayudas a los padres inmigrantes, que llevó a la dimisión del Gobierno de Mark Rutte.
La eurodiputada progresista Samira Rafaela (D66), del intergrupo Lucha contra el Racismo y por la Diversidad (ARDI) del Parlamento Europeo, redactó la misiva enviada a Bruselas pidiendo “adoptar una posición firme y decisiva contra el racismo institucional denunciado” en su país en la Agencia Tributaria.
A medida que pasan las semanas, van saliendo a la luz nuevos detalles del escándalo que llevó al Gobierno neerlandés a presentar el 15 de enero su dimisión en bloque para asumir responsabilidades y, según la carta, las víctimas fueron, no solo desde 2014, sino desde 2006, “seleccionadas para una inspección (fiscal) exhaustiva debido a su origen étnico o su doble nacionalidad”.
Los datos sobre el origen de las víctimas “se utilizaron ilegalmente por la autoridad tributaria para redactar modelos generales de clasificación de riesgo, colocando rentas con doble nacionalidad bajo estricta supervisión, sin una justificación legítima”, una “elaboración de perfiles étnicos por burócratas que eligieron nombres que sonaban extranjeros”, dicen.
CONTRARIO A LA LEGISLACIÓN EUROPEA
“¿Opina la Comisión que las prácticas de las instituciones neerlandesas están en conflicto con la legislación de la Unión Europea (UE) existente y las directivas sobre no discriminación e igualdad de trato? ¿Puede la Comisión investigar una posible infracción de la legislación, en este caso la discriminación por origen étnico y la doble nacionalidad en el ámbito de la protección o las ayudas sociales?”, preguntan.
Un informe parlamentario concluyó que la Agencia Tributaria había cometido “una injusticia sin precedentes” y se habían violado “los fundamentos del Estado de derecho”, mientras que la Autoridad de Protección de Datos (AP) señaló que las autoridades fiscales actuaron de “manera ilegal y discriminatoria” al tener en cuenta la nacionalidad para evaluar una solicitud de ayudas para el cuidado de niños.
La investigación sobre el papel que jugó el racismo y la discriminación en el escándalo aún están en marcha en Países Bajos, pero Rafaela cree que “la evidencia está ya sobre la mesa”.
POLONIA Y HUNGRÍA
La Comisión puede iniciar una procedimiento de infracción, una herramienta de peso, a los países europeos que no cumplan con las normativas comunitarias, lo que ya ha ocurrido en otras ocasiones con Países Bajos por infracciones del mercado interior o violación de normas ambientales, pero no por cuestiones de racismo o funcionamiento del Estado de derecho.
Un ejemplo reciente es el procedimiento abierto contra Polonia y Hungría, donde la Comisión cuestionó la independencia del poder judicial y el respeto a la libertad de prensa y los derechos de las personas LGTBI, una situación que llevó a Países Bajos a ser el primero en la UE en bloquear las extradiciones de presuntos delincuentes a territorio polaco, alegando falta de garantías de que reciban un juicio justo.
El Congreso neerlandés respaldó la semana pasada una moción para pedir a la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa, que investigue la situación del Estado de derecho en Países Bajos tras el escándalo de las ayudas, por lo que un procedimiento de Bruselas sería el segundo escrutinio externo al Estado de la democracia en este país. EFE
