Exigen al Gobierno que se garantice la financiación y y el empleo de las personas destinadas a atender a un grupo poblacional tan importante
LA RAZÓN.- Ante la situación excepcional generada por la crisis del coronavirus, Plena Inclusión destaca mediante un comunicado el valor del compromiso y entrega de organizaciones y profesionales que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
“Desde Plena inclusión, movimiento asociativo que agrupa a 935 entidades que trabajan en la atención y defensa de los derechos de 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, TEA y parálisis cerebral y sus familias, se quiere remarcar el enorme valor que en esta situación crítica supone el compromiso y la entrega mostrados por profesionales y personal voluntario que acompañan desde cientos de asociaciones a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo” afirman.
Una vez decretado el estado de alarma por el Consejo de ministros, desde esta asociación denuncian que parecen ser los grandes olvidados. «Las medidas tomadas por las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas frente a la crisis de la pandemia del coronavirus han generado inquietud en miles de familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo» -aseguran- por lo que han traslado al Gobierno la necesidad y la urgencia de ciertas medidas vinculadas al mantenimiento de la atención a un grupo poblacional tan importante y vulnerable.
En en el comunicado hecho público hoy manifiesta lo siguiente:
- Se traslada a los responsables de las comunidades autónomas la necesidad de garantizar la financiación de los servicios sociales comprometidos con el tercer sector, garantizando su sostenibilidad y el mantenimiento de puestos de trabajo.
- Se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que incorpore, en las medidas de protección social a familias vulnerables, también a las familias con personas con discapacidad intelectual que tengan necesidad de servicio de apoyo para la atención en su domicilio dado el cierre temporal de los centros en los que se les atendía. Esta demanda conecta plenamente con el espíritu del capítulo II del Real Decreto 7/20202 que se publicó ayer, 12 de marzo.
- Asimismo, solicita a las administraciones públicas que mantengan líneas de financiación con las que se asegure la sostenibilidad económica y el interés social de los centros especiales de empleo.
