Los vecinos de Astegieta (Vitoria) hacen guardia armados con palos para impedir la entrada de los Manzanares Cortés en la vivienda social que les corresponde
NACHO CARRETERO. EL PAÍS.- Entre la niebla que flota sobre la carretera surgen, pegados a una rotonda, varios bloques de viviendas. Son casas uniformes, de colores apagados. Conforman el núcleo urbano de Astegieta, perteneciente al municipio de Vitoria, una suerte de pueblecito satélite de la capital alavesa. El censo dice que aquí viven 273 personas.
Si uno se aproxima, la niebla permite ver que las ventanas de la primera fachada del pueblo lucen sábanas a modo de pancartas. Pintadas con espray, se pueden leer decenas de consignas colgadas de ventanas y puertas: «Delincuentes no»; «Astegieta no es racista. ¿Y si fuera tu casa?»; «Astegieta libre de violencia. La convivencia no se impone». Bajo el mosaico de reivindicaciones hay un grupo de vecinos, algunos sentados en sillas de plástico, la mayoría de pie, todos delante del portal número 107. Muchos portan un palo de madera en la mano. Hay más palos y estacas apoyados en la pared, como si fuera un armero al aire libre.
«Hacemos turnos. Vigilamos desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. La mitad de los vecinos está con neumonía por culpa de esto», dice F. L., vecino de 47 años de Astegieta. Los vecinos se conocen entre ellos, se llaman por el nombre de pila, bromean.
Una furgoneta blanca gira desde la carretera y entra en el barrio. Varios vecinos levantan la vista y cogen algunos palos para después dar unos pasos hacia el vehículo. Desde otros puntos salen, también armados y atentos, más vecinos. Falsa alarma. La furgoneta se aleja. No son ellos. No se trata de la familia Manzanares Cortés, conocida como Los Pichis, gitanos y arrendatarios de la vivienda social en la que deberían estar ya instalados después de que el Gobierno vasco se la concediera hace más de un año. Pero los vecinos vigilan. «No los queremos aquí. Son delincuentes y no estamos dispuestos a que entren y vivan aquí. Si hace falta morir para que no entren, no tenemos miedo», dice F. El termómetro señala tres grados.
En busca de un techo
Comienza esta historia hace dos años, cuando Pedro Manzanares Cortés y Natividad Cortés Cortés (apodada La China) deciden salir de Bilbao, donde vivían. «Se nos acabó el contrato de alquiler y no teníamos trabajo. Nos fuimos para intentar buscarnos la vida». Lo explica Pedro en el despacho de un abogado colaborador de la organización SOS Racismo en el centro de Vitoria. Pedro es un hombre menudo aunque fuerte, de piel morena y voz gastada.
La versión que ofrece Javier, el nombre cambiado de uno de los líderes vecinales de Astegieta, es distinta: «Los desterraron. Ellos pertenecen al clan de Los Pichis, uno de los más violentos de Bilbao. Y a ese clan lo destierran de Bilbao por una cuestión de sangre». F. L, también vecino, añade: «Tuvo que ir un patriarca de la Cañada Real de Madrid a sacarlos de allí. Los Pichis son los peor de entre lo peor».
El llamado clan de Los Pichis arrastra un largo currículo de incidentes en la capital vizcaína. Numerosas detenciones por robos en viviendas, venta de drogas, peleas (alguna de ellas con armas de fuego de por medio) e innumerables quejas por problemas de convivencia en el barrio de Ollerías, donde vivían. Sin embargo, a día de hoy, la familia de Pedro no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia e insisten en que quieren alejarse del clan.
Fede García es portavoz de SOS Racismo Araba y es quien está apoyando a Pedro y su familia en este asunto. «Se fueron huyendo de la actividad delictiva de otros miembros de una familia que es amplísima y a la que despectivamente llaman Los Pichis. Se fueron de Bilbao precisamente porque no querían mezclarse en esas cosas», explica en una conversación telefónica. Una explicación que contradice la versión vecinal.
«Yo no niego que me haya equivocado en el pasado», dice Pedro. «Tampoco que haya gente en mi familia que haya hecho cosas malas. ¿Pero eso me convierte a mí en un delincuente? ¿No tengo derecho a intentar seguir con mi vida? Yo solo quiero vivir en paz. Es lo único que quiero para mí y mis hijos».
De Bilbao, cuenta Pedro, se trasladaron a Vitoria. No sin antes haber solicitado una casa en el Servicio de Vivienda del Gobierno Vasco (Etxebide). En la capital, Pedro comenzó a colaborar como mediador de SOS Racismo. Con ese cometido viajaría al cabo de un tiempo a La Puebla de Arganzón (Burgos) acompañando a Fede García. En la localidad varias familias gitanas habían ocupado unas viviendas y, cuenta Pedro, su mediación logró resolver la situación.
De nuevo, la versión de los vecinos de Astegieta se sitúa en el otro lado: «Qué va a ser mediador ni nada. SOS Racismo lo tiene en nómina para poder empadronarlo en Vitoria. A La Puebla fue a intentar ocupar una casa», dice Jose, vecino de 52 años que pide ocultar su verdadero nombre. «Y no nos creemos tampoco que haya seguido los procesos para optar a una vivienda. A estos les saltaron en la lista y los colocaron aquí porque no le importamos a nadie». Desde el Servicio de Vivienda Vasco son firmes: «Se les trató como a cualquier otra familia y siguieron todo el procedimiento previsto y legal con rigurosidad».
Mientras Pedro y su familia esperaban a que les entregasen el piso, se instalaron de forma provisional en Abetxuko, otro pueblo del municipio de Vitoria. Era agosto de 2016. Y, de nuevo, este asunto tiene dos caras.
La que ofrecen Pedro y SOS Racismo es la de un acoso y derribo por parte de los vecinos de Abetxuko durante aquella estancia. «No podíamos ni salir de casa», recuerda Pedro. «Nada más llegar, los vecinos comenzaron a decir que éramos de Los Pichis, que no nos querían allí. Nos insultaban, nos acusaban de que robábamos en la panadería y que íbamos armados». Fede, de SOS Racismo, añade: «Les hicieron la vida imposible. Con niñas pequeñas en casa. Les rodeaban la vivienda, les atosigaban. Fue inaudito». Pedro completa: «Lo que nos hicieron no se lo deseo a nadie».
Ana, una vecina de Abetxuko que prefiere no dar su nombre real, explica casi en susurros en una calle del pueblo: «Aquí se fue a por ellos desde el principio. Es verdad que a veces eran molestos, que venían más gitanos y estaban en la calle y gritaban. Pero es que fue un linchamiento. Los querían echar antes de que hubieran hecho nada porque eran de Los Pichis».
La tensión duró hasta diciembre, cuando el programa Alokabide del Servicio de Vivienda informa a los Manzanares Cortés de que por fin tienen casa: tercer piso del número 107 de la avenida de Los Huetos, en Astegieta, el pueblo donde la versión que ha llegado desde Abetxuko no ofrece dudas: son criminales, son delincuentes. Son Los Pichis. «Los vecinos de allá nos advirtieron claramente», dice F. Comenzaba la verdadera tensión.
Que llegan Los Pichis
El 3 de diciembre de 2017, víspera de la entrada de la familia en la casa, unos desconocidos acceden a la vivienda que ya estaba lista y la destrozan. Revientan los muebles, rompen los electrodomésticos, ventanas, cerraduras… El Servicio de Vivienda presenta una denuncia a la Ertzaintza y envía un cerrajero al piso para que arregle la puerta. Cuando llega, los vecinos le invitan a irse.
SOS Racismo Araba acoge en su sede a la familia mientras las autoridades tratan de resolver la situación. Astegieta luce una gran pancarta a su entrada: «No queremos a Los Pichis». La tercera intentona es con seguridad privada. Varios miembros escoltan a los obreros que llegan al barrio, pero no pueden entrar en el piso: han cambiado la cerradura. Una cuarta visita con notario para levantar acta zanja los intentos: los vecinos se han instalado en el portal con palos y no están dispuestos a que sus nuevos vecinos se muden.
Con la situación bloqueada y una demanda en trámite, el Ayuntamiento de Vitoria decide instalar a la familia, de forma provisional, en el Centro Municipal de Acogida Social, un albergue acondicionado para pasar unos días. Llevan diez meses.
Pedro ha enviado ya tres escritos a la Fiscalía, pero ninguna institución parece darse por enterada. Hay un inmovilismo llamativo. Desde el Servicio de Convivencia del Ayuntamiento de Vitoria (PNV) son escuetos: «Queremos sacar este tema del foco mediático». Algo más se explica Peio López, concejal de Políticas Sociales (PSOE): «El piso lo concede el Gobierno Vasco y quien tiene que hacer cumplir la ley es el Gobierno Vasco. Y estoy seguro de que lo harán. No se puede negar sus derechos a ninguna familia».
La entrada de la casa sigue bloqueada por los vecinos, palos en mano y pancartas con eslóganes claros. Están participando en una suerte de ronda de conversaciones con el Ayuntamiento para tratar de llegar a una solución, pero no parece cercana.
Los tractores, el PP y miedo
Desde hace unos meses, cada sábado por la tarde, la ciudad de Vitoria ve desfilar por sus céntricas calles decenas de tractores. Junto a ellos, cientos de vecinos, de Astegieta y otros barrios, se echan a la calle para evitar que la familia Manzanares Cortés se instale en la casa. El pasado sábado fueron más de 20 los tractores que llegaron a la plaza de la Virgen Blanca.
En estas concentraciones toma forma el rechazo hacia la familia de Pedro. Sara, vecina de Astegieta que prefiere no dar su nombre real, agarró el megáfono en una de las últimas marchas de protesta: «La convivencia no se puede imponer. Si no te quieren, no te quieren y punto. Vete por donde has venido», arrancaba el discurso. «Nadie quiere vivir con delincuentes. Vitoria se muestra inepta para asegurar la convivencia con un famoso clan. Los pueblos de Álava no se tocan».
Pedro muestra un vídeo de este discurso en su móvil. También tiene numerosas fotos de las concentraciones: «¿Ves toda esta gente aquí reunida? Todos están ahí por mí. Porque me odian. Y ninguno me conoce», dice con gesto de incógnita.
Dos de los participantes en una de las últimas tractoradas fueron Javier Maroto, exalcalde de Vitoria y actual vicesecretario del PP del País Vasco, y Alfonso Alonso, presidente del PP vasco. Peio López, concejal de Políticas Sociales, es claro: «Vitoria está dando una imagen de sociedad primitiva. Las consignas que se escuchan son lamentables. Somos una sociedad plural y tenemos que convivir». El pasado sábado, por primera vez, el Ayuntamiento de Vitoria no autorizó la tractorada.
«Que nadie se confunda. Nosotros no somos racistas. Esto no es una cuestión de racismo porque ellos sean gitanos», explica F., vecino de Astegieta. «Aquí en el barrio vive una familia de gitanos y nadie tiene ningún problema con ellos. Viven también magrebíes y africanos. Nos da igual eso. Lo que no queremos es vivir con delincuentes». Y después añade: «Pero si la propia policía, en privado, nos dice que no lo permitamos. Que no les dejemos entrar».
Pedro afirma que su única intención es vivir en paz y dejar atrás su pasado. «¿Por qué no me dan una oportunidad? ¿Por qué no se sientan a hablar conmigo?». La respuesta de los vecinos, en boca de Javier, es nítida: «No nos fiamos de ellos. Ponemos la venda antes de la herida porque no queremos una desgracia. Esto no es un laboratorio para experimentar convivencia. Si vienen y ocurre una desgracia los que la vamos a sufrir somos nosotros y nuestras familias». Sara añade: «Si vienen a vivir aquí estaríamos con miedo. Miedo de salir a la calle, de que mi hijo vaya al parque, de dejar el coche abierto en un descuido… No queremos vivir así». Y Jose cierra: «Si no saben convivir que los metan en un edificio solo para ellos. En el edifico de la Policía Nacional, por ejemplo, que está casi vacío».
La respuesta llega desde SOS Racismo y el Ayuntamiento de Vitoria. Fede García, de la ONG, se muestra molesto: «Pero, ¿quiénes se creen ellos para pedir una hoja de credenciales a una familia? ¿Para exigirle a nadie antecedentes? Les están negando un derecho humano como es la movilidad. Se está criminalizando a una familia. Nadie ha hablado con ellos jamás».
Peio López, concejal, añade: «No podemos negarle a una familia sus derechos. Ellos solicitaron una vivienda y tienen derecho a vivir en ella. Y nosotros, como Ayuntamiento, tenemos la obligación de garantizar la convivencia. Entendemos que haya miedo, pero nosotros garantizamos que no habrá problemas».
«Esto acaba mal»
La solución no parece sencilla. Desde el Ayuntamiento aseguran que la familia va a entrar «sí o sí, porque tienen derecho». Y que están buscando la fórmula de cómo hacerlo. De momento, a la espera de lo que diga la justicia.
Dice F., vecino de Astegieta, que, si la familia Manzanares Cortés entra, lucharán. «Si vienen, hay sangre, eso te lo aseguro». Y añade Jose: «Hay un muerto. Seguro, cien por cien. Si vienen, hay muerte». Pedro Manzanares responde: «Si es por la paz y por la convivencia, yo estoy dispuesto a morir. Mi familia ha hecho cosas, pero ninguna tan grave como la que me están haciendo ellos a mí».
A las nueve de la noche los vecinos de Astegieta recogen los palos y bastones, cierran el centro social y regresan a sus casas. A las siete de la mañana del día siguiente volverán a hacer guardia.
