EFE. LA VANGUARDIA.- El Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución en la que condena los delitos de odio y expresa su preocupación por su incremento, al tiempo que pide «aislar a las fuerzas políticas que los fomenten».
La propuesta de resolución, que ha sido presentada por el PSC y defendida por su diputado Ferran Pedret, ha sido aprobada por casi unanimidad en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, que ha celebrado esta mañana una reunión por videoconferencia.
En el texto se expresa la preocupación de la cámara legislativa catalana por el aumento de los delitos de odio en muchos lugares de Europa, y también en Cataluña y el conjunto de España, y se insta a al gobierno central y al catalán a que hagan campañas de sensibilización contra la discriminación y el discurso del odio.
El Parlament pide combatir los discursos o conductas en las que se fomente el odio por motivos políticos, religiosos, raciales, xenófobos u homófobos, y hace un llamamiento a la ciudadanía y a las diversas organizaciones a «aislar a las fuerzas políticas que lo fomenten».
Un enmienda de ERC, que ha sido añadida al texto aprobado, pide asimismo al Gobierno central, al poder judicial, a la fiscalía y a las fuerzas de seguridad, así como al jefe del Estado, que eviten «actitudes y decisiones que puedan contemporizar o normalizar los discursos del odio, así como las fuerzas políticas que los fomenten».
La CAI ha rechazado, en cambio, otras dos propuestas de resolución, una del PSC y otra de Ciudadanos (Cs), por las que se pretendía evitar que la Asamblea de Cargos Electos de Cataluña establezca una «doble institucionalidad», así como suprimir la página web del expresidente Carles Puigdemont.
En la primera de estas propuestas, la presentada por el PSC, se pedía evitar que la Asamblea de Cargos Electos pudiera ser entendida como una institución paralela al Parlament, o que el Consejo para la República -con sede en Waterloo (Bélgica)- pueda trascender el ámbito de una simple entidad privada.
Según Pedret, lo que el PSC quería con esta propuesta es asegurar que este tipo de entidades no puedan «suplantar» a las instituciones democráticas de Cataluña.
El texto ha sido rechazado con los votos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, aunque el portavoz de Catalunya en Comú Podem en la comisión, Marc Perés, ha puntualizado que su rechazo era únicamente porque la propuesta no contribuye «a pasar página» en la lógica del reproche, y también porque los cargos electos tienen derecho a asociarse si así lo desean.
La otra propuesta de resolución rechazada ha sido defendida por el diputado de Cs Dimas Gragera, y en ella se buscaba que el Parlament obligara a cancelar la página web de Carles Puigdemont así como a justificar de forma más detallada sus gastos y los de su oficina de expresidente.
Las tres formaciones independentistas -JxCat, ERC y la CUP- se han opuesto de forma rotunda por entender que se quería discriminar a Puigdemont con respecto a las prerrogativas que tienen el resto de expresidentes, algo en lo que también han coincidido el resto de grupos, excepto el PP.
