La jueza de Almazán (Soria) recupera la causa sobre el amigo de Antonio Machado y otras seis personas asesinadas en Cobertelada (Soria). La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad ha documentado el carácter sistemático de la represión franquista apuntando responsables «jerárquicos». La justicia española da carpetazo a estas denuncias y «que se reabran es una cosa extraordinaria», dice el presidente del colectivo, Iván Aparicio
JUAN MIGUEL BAQUERO. ELDIARIO.ES.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria) ha reabierto la causa de la conocida como ‘fosa de los maestros’. El auto judicial desempolva el caso del asesinato de siete personas en el contexto de la represión franquista en Cobertelada, entre ellos un amigo de Antonio Machado, para comprobar si siguen vivos algunos de los responsables de los delitos: el comandante civil y el militar provincial de la época.
La decisión de la jueza titular significa «otro agujerito contra el muro de impunidad del franquismo, que al final se tendrá que resquebrajar», declara a eldiario.es el presidente de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD), Iván Aparicio. El colectivo memorialista es promotor tanto de los trabajos exhumatorios como de las denuncias por crímenes contra la humanidad «ante el hallazgo de la fosa que albergaba los restos de los maestros».
«Lo normal es que estas causas no se abran», o que la justicia española dé un rápido carpetazo al asunto. «Que se reabran es una cosa extraordinaria», recalca Aparicio. La clave para conseguir doblegar el carácter impune de los crímenes franquistas ha estado, entiende, en documentar que la represión rebelde «forma parte de un plan premeditado», sistemático, y que tenía responsables con nombres y apellidos.
El «patrón habitual» de las fosas
La justicia española rechazó en 2017 la posibilidad de realizar la búsqueda de la tumba ilegal. «La causa fue sobreseída a solicitud de la Fiscal Jefe de Soria cuando se habían ordenado diligencias con el fin último de poder exhumar los restos mortales», rememora la asociación en un comunicado. La exhumación fue realizada por Recuerdo y Dignidad y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Pero cuando aparecieron los huesos, la jueza de Almazán ordenó la presencia de la Policía Judicial. El informe oficial certificó «las evidencias de muerte violenta y enterramiento clandestino» que recogía el equipo dirigido por el antropólogo forense Francisco Etxeberría. La sepultura calcaba «el patrón habitual» de las fosas del franquismo.
La reapertura del caso responde a la solicitud de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad «a raíz de las exhumaciones llevadas a cabo ahora hace un año, los informes forenses y la amplísima documentación recopilada sobre la represión sistemática en Soria» entre julio y septiembre de 1936. «Y de los asesinatos de los maestros en concreto», especifican.
Nombres y apellidos para la justicia
«La justicia necesita responsables y confirmar que lo ocurrido forma parte de un plan premeditado», argumenta Iván Aparicio. Y es lo que han hecho. Aportar «documentación extensísima» que certifican las «claves» para considerar los asesinatos de cinco maestros y dos personas sin identificar en Cobertelada como «crímenes contra humanidad por motivación política».
Un archivo estratégico ha sido el Boletín Oficial de la Provincia en el que el Gobernador Civil, «hablando de la violencia, se responsabiliza de la orden incluyendo las acciones de las ‘milicias patrióticas’ y fijando que la autoridad en ese caso dependía de él o del Gobernador Militar». De ahí, el oficio ordenado por la jueza –fechado a 21 de septiembre– ordena «comprobar la pervivencia» de tales sujetos por su participación en las ejecuciones extrajudiciales.
Entre los archivos aportados al juzgado hay «expedientes penitenciarios de asesinados y desaparecidos de las cárceles de Almazán, Soria y el Burgo de Osma». También los «expedientes de la época acusándoles por sus ideas políticas, motivo por el cual serían asesinados». O la noticia del telegrama de Emilio Mola ordenando detener a los «elementos izquierdistas». Y los «testimonios y escritos relativos a las órdenes de asesinato».
Todo casa con los «patrones de detención, asesinato bajo custodia y desaparición». Como en las 586 víctimas civiles que la asociación soriana tiene contabilizadas en una provincia donde no hubo guerra, solo represión. La documentación aportada en el recurso judicial incluye «fundamentos de derecho que plantean los asesinatos dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y por tanto imprescriptibles», según Recuerdo y Dignidad.
«Llevamos un año preparando esta reapertura», concluye Aparicio. Ahora el auto de la jueza, «muy cortito», pero contundente, «habla de localizar a estas dos personas –el entonces Gobernador civil de Soria, Ramón Enrique Casado, y el Comandante militar de la época, Rafael Sevillano Carvajal– si siguen con vida». El orden jerárquico de la represión que iba de los gerifaltes del franquismo a las ‘milicias patrióticas’ formadas por los requetés, falangistas y miembros sublevados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ejecutaban los asesinatos selectivos.
«La impunidad del franquismo ahí sigue, y hay que tomar medidas parlamentarias y de todo tipo para acabar con ella, pero esto es otro agujerito contra el muro de impunidad del franquismo», describe Iván Aparicio. «En Argentina ocurrió lo mismo, pequeñas causas que acabaron formando una grande» contra el terrorismo de Estado, señala.
El presidente de ASRD destaca además la «sensibilidad» que demuestra la jueza al reabrir el caso de la ‘fosa de los maestros’. La fundamentación jurídica «coincide con los organismos internacionales» que definen las desapariciones forzadas como «crímenes que no han prescrito».
