En un informe, la FeSP y la ReMC advierten del «retroceso» en la libertad de expresión e información y critican obstáculos por parte de los Gobiernos para la apertura de radios y teles comunitarias
PÚBLICO.- Cada vez son más habituales las agresiones a periodistas y fotoperiodistas por parte de algunos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de los policías autonómicos, mientras éstos desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas. Un grave retroceso en el derecho a la libertad de información y expresión en nuestro país que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) denuncian en un nuevo informe en el que incluyen casos particulares de varios incumplimientos de la ley por parte de la Policía.
Según el informe, los profesionales que más sufren estas malas prácticas son los fotoperiodistas freelances y los colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos.
Este retroceso en la libertad de expresión y el incremento de los obstáculos policiales al trabajo de los profesionales de la información ya ha sido denunciado en distintas ocasiones por otras organizaciones, destacando la representante sobre libertad de medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), Dunia Mijatovic, quien ha recordado en varios comunicados que las agresiones a periodistas han de ser tratadas como «ataques directos a la libertad de expresión», y ha exigido que se pongan los medios para que, quienes ejercen el periodismo, puedan desempeñar su trabajo con seguridad.
Obstáculos gubernamentales
Ambas organizaciones también denuncian obstáculos a la labor informativa por parte de los gobiernos central y autonómicos, que «incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual» al no responder o al denegar las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro. La norma, de 2010, contemplaba el reconocimiento de las «emisoras comunitarias», radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil, una antigua reivindicación de las organizaciones sociales españolas.
«Pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno central aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas comunidades autónomas como excusa para negar las solicitudes de licencias», critican la FeSP y la ReMC.
La mayoría de estos casos fueros puestos en conocimiento del Defensor del Pueblo, quien emitió varios Recordatorios de deberes legales que, según denuncian, han sido ignorados una y otra vez.
Pero los obstáculos van aún más allá, ya que según recoge el informe, numerosas emisoras comunitarias han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por, precisamente, carecer de licencia. Es el caso, entre otros, de la Televisión de la Assemblea per a la Comunicació Social (ACS), a la que en mayo de 2014 la Generalitat de Catalunya notificó una propuesta de resolución de un expediente sancionador con una multa de 500.001 € y el precinto de equipos.
