‘Defender a quien defiende’ denuncia siete nuevos casos de violencia policial con grabaciones que «dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes. Las sanciones previstas en la Ley Mordaza deben imponerse solo a quienes se resistan a obedecer «un requerimiento expreso e individualizado» de los agentes policiales, recuerda la plataforma
ESTELA BANGO. INFOLIBRE.- Asociaciones agrupadas bajo la plataforma Defender a quien defiende presentaron este jueves un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo en el que denuncian siete nuevos casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes presuntamente incurrieron en un uso de la fuerza no autorizado, en el marco del estado de alarma, según informan desde el colectivo. Entre las organizaciones firmante están Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Asociación Libre de la Abogacía, la Cooperativa Red Jurídica, Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans o el Grupo Motor de No Somos Delito.
Estos casos están documentados por la acción ciudadana tanto con grabaciones como con denuncias. Los siete nuevos casos a los que refiere el escrito tuvieron lugar entre el 25 de marzo y el 15 de abril, en Barcelona, Bilbao, Tenerife, Palma, Alicante y Madrid. Las imágenes «dan cuenta de bofetadas, empujones, golpes y patadas propinados por agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en acciones contrarias a los protocolos existentes y a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que han de regir toda actuación policial», según informan desde las organizaciones de Derechos Humanos.
Esta plataforma ya denunció el pasado 25 de marzo otros cuatro casos de violencia policial. Desde Defender a quien defiende exigen «accionar los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades y, cuando haya indicios de delito, la activación urgente por parte del Ministerio de Interior de todos los mecanismos de investigación y su remisión a las autoridades judiciales». La respuesta del Ministerio del Interior a esta denuncia afirma trasladar estas exigencias a la Dirección General de Policía para la «adopción de medidas oportunas» en relación a los casos documentados a través de las grabaciones de la ciudadanía.
La toma de imágenes no constituye una infracción en ningún caso. La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, «solo sanciona el uso no autorizado de las imágenes si pone en riesgo la seguridad personal o familiar de los agentes instalaciones protegidas o si pone en riesgo las operaciones policiales», indican desde las diversas asociaciones. La grabación de este tipo de actuaciones policiales está amparada por el derecho a la libertad de información y a la defensa, ya que en muchos casos se toman con el objetivo de que se conviertan en pruebas. Además, estas imágenes «han permitido conocer y denunciar malas praxis policiales e importantes vulneraciones de derechos».
Asimismo, gran parte de la ciudadanía vive la inseguridad jurídica de circular por la vía pública en las circunstancias que así dispone el Real Decreto sobre el estado de alarma, ya que «no existe un mecanismo adecuado que pruebe o justifique un desplazamiento en el espacio público, cuando haya lugar a una identificación», señala la plataforma. En este aspecto, el Defensor del Pueblo ya ha instado a la Secretaría de Estado de seguridad a elaborar instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la Dirección General de la Guardia Civil para que «se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones del artículo».
Más de 500.000 personas se encuentran en situación administrativa no regularizada
Como señalan desde Defender a quien defiende, el actual marco legal no prevé las circunstancias de subsistencia de más de 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa no regularizada o de quienes se ven afectados por las Ley de Extranjería.
Además, muchas de las personas que trabajan en sectores esenciales, como los relacionados con cuidados, no pueden demostrar la necesidad de su desplazamiento. «Esta situación ha sido documentada por las organizaciones integrantes de la Plataforma, quien también ha puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y del Defensor del Pueblo al menos tres casos que dan cuenta de ello», informan vía comunicado.
Las sanciones previstas en la Ley de Seguridad ciudadana solo deben imponerse a quienes se salten las indicaciones del estado de alarma y se resistan a obedecer «un requerimiento expreso e individualizado» por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde esta plataforma señalan que la constatación de dicho proceder se ha producido a través de la guía que unifica las sanciones en el estado de alarma que se ha publicado este jueves. Las indicaciones que se están dando a los agentes es que inicien expediente sancionador de manera directa, así como a las delegaciones de gobierno que incoen y sancionen por la conducto, no por desobedecer una orden directa.
Por parte de entidades como SOS Racismo alertan del incremento de identificaciones basadas en perfiles étnico-raciales y señalan que «es imprescindible que durante el período de alarma se generen mecanismos de control de las actuaciones policiales y de denuncia de malas praxis».
