La Conferencia de Religiosos de España, el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública, la Fundación La Merced Migraciones y Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes suscriben el documento
Organizaciones cristianas y colectivos humanitarios advierten de que si el Partido Popular y Ciudadanos pactan un Gobierno con Vox, el deber ético de la hospitalidad, el valor de la solidaridad y la lucha por los Derechos Humanos estarán «gravemente amenazados» y sus defensores correrán el peligro de ser perseguidos e ilegalizados.
RAFAEL J. ÁLVAREZ. EL MUNDO.- El documento, que está recorriendo los foros políticos y sociales de Madrid desde primera hora de la tarde del jueves, está firmado, entre otros, por la Conferencia de Religiosos de España, el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública, la Fundación La Merced Migraciones o Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes. «Los principios de negociación de Vox tienen una enorme trascendencia ético-política: intentan criminalizar un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la solidaridad».
Los firmantes se refieren a las condiciones impuestas por el partido de Santiago Abascal para apoyar un Gobierno regional del PP y Ciudadanos, un puñado de exigencias que pasa por identificar a los inmigrantes en situación irregular, expulsar a los menores no acompañados (los MENA), ilegalizar a los colectivos que «favorezcan la inmigración ilegal», suprimir las ayudas a los migrantes sin papeles y cobrar a los países de origen las facturas por su atención sanitaria.
«Las identificaciones con perfil étnico están denunciadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde 2009. Aplicarlas, además, a niños y niñas nacidos en otros países, suma a todo lo anterior la vulneración del interés superior del menor», afirma el manifiesto Salvemos la Hospitalidad, otra vez.
En este sentido, la exigencia de Vox dispara directamente no sólo contra los migrantes, sino contra quienes los acogen. «Su objetivo es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a las personas en situación irregular y [éstas] se queden en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que, mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, retornen a su país», asegura el documento, que recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza a toda persona el derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a buscar asilo.
Firmado también por la Federación Internacional Pro Derechos Humanos de España, la Red Solidaria de Acogida, Cuarto Mundo España o la Coordinadora de Barrios y parroquias como Nuestra Señora de Belén de Fuenlabrada o San Carlos Borromeo de Entrevías, el manifiesto censura la pretensión de Vox de mezclar el «comportamiento altruista» con la «promoción de la inmigración»: «Conlleva poner en situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles». «La hospitalidad no se puede perseguir ni criminalizar, y quien intente hacerlo está remando contra la Declaración de los Derechos Humanos».
El texto no sólo desmiente el supuesto incremento de gasto que supone la atención sanitaria a migrantes, sino que aporta datos del Instituto de Economía de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra que colocan en un 15% el aumento de la mortalidad entre los sin papeles desde que el Gobierno del PP aplicó su exclusión sanitaria, entre 2012 y 2018. «El Ministerio de Sanidad no fue capaz de demostrar el supuesto ahorro producido por la exclusión sanitaria de las personas migrantes. Ninguna de las personas atendidas por la Seguridad Social notó una mejora en la asistencia derivada del supuesto ahorro. Frente a esa falacia de derroche de dinero público, la exclusión sanitaria causó un incremento de 70 muertes anuales».
El manifiesto resume así las pretensiones de Vox: «Un nuevo intento de criminalizar a defensores/as de los derechos humanos».
Finalmente, el texto invita al PP y a Ciudadanos a «rechazar» esos principios de la formación de extrema derecha y a «todos los partidos que respetan los derechos humanos» a buscar un acuerdo «que nos proteja de las políticas xenófobas y racistas promovidas por Vox».
