EFE. LA VANGUARDIA.- La asociación tunecina Shams (Sol), que defiende los derechos de la comunidad LGTB+ en el país, anunció hoy que presentará esta semana ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra el jefe del Gobierno, Elyes Fakhfekh, por crímenes contra la humanidad basados en supuestas prácticas homófobas.
En un documento de una docena de páginas al que tuvo acceso EFE, la ONG asegura que existe una persecución «sistemática» del Estado a través del artículo 230 del Código Civil que criminaliza y castiga la homosexualidad con hasta tres años de cárcel y permite los exámenes anales forzados para probar las relaciones homosexuales.
«Nuestro objetivo es denunciar las violaciones cometidas durante el durante el mandato del exprimer Ministro Youssef Chahed entre 2016 y 2020 pero, como ya que no se encuentra en el puesto, lo hacemos contra su sucesor, que es la continuación de la política del Estado», explica su director Bouhdid Belhedi.
Shams acusa a las instituciones, tanto a los tribunales como las fuerzas de seguridad, de facilitar las torturas físicas y psicológicas al criminalizar tanto las relaciones sexuales no normativas.
La ONG critica, además, las sentencias contra víctimas de agresiones físicas y sexuales que han sido inculpadas tras denunciar a sus agresores mientras estos suelen ser absueltos.
Según la fuente, el pasado año la Policía arrestó 121 personas en este contexto y accedió de manera ilegal al contenido de sus teléfonos móviles en busca de «pruebas» para su inculpación.
«Esperábamos lanzar las negociaciones con Fakhfekh al término de la crisis sanitaria para recordarle su compromiso durante la campaña electoral en el que se mostró a favor de despenalizar la homoseuxalidad. Sin embargo, con la composición del actual Parlamento, de mayoría conservadora, no nos lo planteamos, sería totalmente contraproducente», subrayó Belhedi.
En mayo de 2019, tras cuatro años de litigio, la Justicia tunecina desestimó una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado que exigía la suspensión de las actividades de Shams por un presunto delito contra «la moral» religiosa. Desde entonces, la organización lucha por que su estatus jurídico sea publicado en el Boletín Oficial del Estado como recoge la constitución.
Asociaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional exhortaron al Gobierno a revisar con urgencia las leyes «discriminatorias» para adaptarlas a las normas internacionales y se lamentaron de la deriva conservadora del país, hasta ahora pionero en la defensa de las libertades individuales en la región del Magreb.
Tras la revolución de 2011, que terminó con la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, las personas LGBTQ salieron de la sombra, aunque su situación es todavía muy precaria, ya que Túnez es aún uno de los 70 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales.
