EFE.- Veintiséis organizaciones y sindicatos han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, en proceso de tramitación parlamentaria.
El pasado 19 septiembre, todos los grupos parlamentarios excepto el PP y UPN del Grupo Mixto apoyaron en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley promovida por Podemos contra la discriminación del colectivo LGTBI.
Las ONG lamentan que el plazo para la presentación de enmiendas «haya sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones».
Los firmantes piden a los parlamentarios que «hagan todo lo que esté en su mano» para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible».
En el manifiesto, las ONG reclaman a los grupos políticos que «durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades, ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados».
«Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos; confiando en que el compromiso es compartido», indican.
Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de Podemos, el PP anunció que iba a presentar una enmienda a la totalidad con la presentación de texto alternativo, mientras que otros grupos como PSOE, Ciudadanos y PNV dijeron que iban a presentar enmiendas parciales.
Entre otros puntos, la propuesta de ley recoge que, a partir de los 16 años, los menores transexuales y transgénero puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin consentimiento paterno o que, desde la pubertad, puedan ser tratados hormonalmente.
También busca que el colectivo sea nombrado y tratado de acuerdo con la identidad de género manifestada, aunque sean menores de edad, o que en los centros educativos puedan exteriorizar su identidad de género.
Propone que las personas transexuales y transgénero sean consideradas en toda la legislación laboral como personas en riesgo de exclusión social.
Las organizaciones firmantes del manifiesto son Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE) y la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA).
También, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz y Movimiento Contra la Intolerancia.
Suscriben el manifiesto, además, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol).
