SERVIMEDIA. DIARIO SIGLO XXI.- Representantes de Médicos del mundo, la ONG senegalesa Hahatai, Trabajadoras no Domesticadas de Bilbao y otros colectivos y asociaciones de personas migrantes denunciaron el aumento de los abusos y de las actitudes xenófobas contra estos colectivos a consecuencia de la crisis de la Covid-19.
Así lo expusieron durante unas jornadas sobre Covid-19, racismo y migración organizadas por Médicos del Mundo dentro de su ciclo de debates ‘La Invención de la Frontera’, donde todos coincidieron en que «el racismo es algo que ya estaba ahí», pero creen que «la precariedad y el miedo lo han exacerbado». Esta es la opinión de Mamadou Dia, fundador de la organización senegalesa Hahatay-Sonrisas de Gandiol.
A su juicio, lo que esta crisis ha hecho «es sacar a flote muchos problemas que ya existían», y puso como ejemplo el cierre de fronteras. «Todo el mundo se lamentó por ello, pero para nosotros las fronteras siempre han estado cerradas».
«Que se lo digan si no a las miles de personas que llevan años atrapadas en Ceuta y Melilla. Claro que para los comerciantes y los ciudadanos españoles el cierre (de la frontera) supuso un gran problema», reconoció, pero «para los inmigrantes siempre ha sido así».
Lo único que se ha conseguido «ha sido agravar situaciones», señaló, y lamentó que el miedo al contagio haya hecho aflorar actitudes racistas. En este sentido, comparó el recibimiento «con aplausos» de los primeros turistas y las protestas en los pueblos donde se acogen migrantes que llegan en patera.
«Y eso que en África es donde menos ha impactado el virus», reflexionó. Además, prosiguió, «todos los inmigrantes que llegan por mar son sometidos a una PCR y pasan 14 días en cuarentena. ¿Qué turista hace eso?».
El problema, según Liz Quintana, de Trabajadoras no Domesticadas, es que la gente piensa que «los inmigrantes les van a meter el virus en casa. «A muchas de nuestras trabajadoras les están exigiendo PCR, que por supuesto se tienen que pagar ellas», declaró. «Otras siguen confinadas con las personas a las que cuidan tres meses después del fin del estado de alarma», prosiguió, porque «las familias no se fían. Piensan, en fin, que ellas van a traer el virus. No se les ocurre que a lo mejor se contagian trabajando».
En este sentido, Quintana denunció la carencia total de mascarillas, guantes y materiales de protección con la que las trabajadoras domésticas tuvieron que realizar sus tareas durante el confinamiento. «Y ahora, muchas tienen que pagárselo de sus bolsillos», puntualizó.
ABUSOS
Quintana aprovechó también su intervención para denunciar el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas y del sector de los cuidados. Desde el inicio del confinamiento, «se han perdido 30.000 puestos de trabajo según los datos de la Seguridad Social», detalló, y “eso sin contabilizar a todas las compañeras que se emplean en la economía informal».
«Estas mujeres, y en especial las que se encuentran en situación administrativa irregular, han sido las más perjudicadas», aseguró. En general, se piden más horas de trabajo por mucho menos salario, y «hay familias que se están aprovechando de la situación».
«Otras directamente tienen miedo o a su vez también han perdido su trabajo», destacó Quintana. «Lo único cierto es que esta crisis ha puesto de relieve la importancia del sector de los cuidados» y, al mismo tiempo, «la precariedad» de sus trabajadoras, denunció, que «siguen abandonadas por las administraciones y por el conjunto de la ciudadanía».
«Algo similar sucedió con los temporeros, que han trabajado de sol a sol y en condiciones muy precarias para que los demás pudiésemos comer frutas y verduras sin salir de nuestros domicilios». Así se expresó Alessandro Búa, coordinador de Inclusión Social de Médicos del Mundo Euskadi, que no dudó en hablar de hipocresía por parte de ciudadanos y administraciones públicas. En su opinión, «los brotes sucedidos en asentamientos informales durante la temporada de recolección fueron algo perfectamente esperable y ante lo que se prefirió no hacer nada».
“Llevamos años advirtiendo de las pésimas condiciones en las que vivían estas personas“, y lamentablemente, se prefirió mirar hacia otro lado». Búa apuntó que si a todo ello «le sumamos que algunos medios de comunicación y ciertos partidos se dedican a espolear con bulos el malestar propio que ya existe en la ciudadanía, el racismo y la xenofobia crecen de manera alarmante».
Según Mamadou, todo esto ha conducido a que «a algunas personas ya no les dé vergüenza mostrarse en público como racistas“. “Esto ya existía», reiteró, pero “el problema es que ahora ya no se cortan en mostrarlo. Y esto se debe en parte a que han surgido partidos fascistas en el parlamento y medios que justifican esta actitud», subrayó.
Por todo ello, los tres reclamaron una actitud “más proactiva» por parte de todas las administraciones, a las que pidieron medidas legales para evitar la exclusión social de estos colectivos y “mensajes claros y directos en los medios para combatir las actitudes xenófobas».
En opinión de Alessandro Búa, Gobierno y comunidades podrían insistir en la difusión de datos para mostrar, por ejemplo, la tasa de contagios entre los inmigrantes que llegan a España. «Además, les pediríamos mayor coherencia en sus políticas, a fin de que medidas tan necesarias como el Ingreso Mínimo Vital no excluyan a aquellas personas que, por su especial vulnerabilidad, tienen más problemas que nadie en reunir la documentación que se les exige».
