La presión de estos grupos tanto a nivel nacional como en las instituciones internacionales y la falta de fondos y voluntad política podrían provocar un retroceso de los derechos de las mujeres conseguidos en las últimas décadas
MARISA KOHAN. PÚBLICO.- Puede parecer un caso de poca importancia, pero supone la punta de un iceberg que esconde una ofensiva planificada y decidida de grupos conservadores contra las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En agosto de 2015 la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) denunció a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) ante la Comunidad de Madrid e inició una campaña paralela en Change.org exigiendo que la Federación fuera sancionada con contundencia por «publicidad ilegal de fármacos». La campaña incurre, además, en falsedades y utiliza una imagen de un feto ensangrentado, ligándola a una organización de Estados Unidos que nada tiene que ver con la federación.
¿El motivo? La federación había hecho público en su web el número de su revista Diálogos para que fuera ampliamente consultado y que contenía publicidad de un medicamento que requería receta médica para su adquisición, cosa que la ley prohíbe. Este detalle, que la federación afirma que desconocía, motivó finalmente una «sanción administrativa leve» de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que fue subsanada y que la propia Comunidad dio por zanjada con una amonestación de 1.500 euros. La Comunidad de Madrid reconocía que la federación no había ingresado dinero alguno por la publicación de la revista, ni se había beneficiado de ninguna forma por la venta de medicamentos.
¿Asunto zanjado? No. Esta sanción sirvió a la AEAC como punta de lanza. El 5 de mayo de 2016 el Boletín Oficial del Estado publicaba la lista de entidades de utilidad pública, entre las que se encontraba la federación. Un día después, la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó un recurso contra esta decisión, afirmando que la federación no podía ser considerada de utilidad pública porque había sido sancionada por financiarse ilegalmente usando como base la infracción administrativa de la CAM. Sólo 20 días después el Ministerio del interior revocaba la declaración de utilidad publica, una decisión que la federación considera como «asombroso por la celeridad en la actuación del Ministerio».
En noviembre de 2017 la Audiencia Nacional desestima el recurso de la FPFE sobre la retirada de la calificación de utilidad pública. La sentencia, afirmaba, entre otras cosas, que los argumentos de la resolución del Ministerio «no pueden calificarse como arbitrarios, ni caprichosos, sino razonables». La sentencia omite, sin embargo, que la sanción que impuso la Comunidad de Madrid fue «leve en grado mínimo».
«En un principio pensamos que era un ataque a nuestra plataforma, a nuestra organización, pero nos tememos que van a seguir por el mismo camino para intentar coartar todo lo que sean derechos sexuales», afirma a Público Guillermo González Antón, presidente de la FPFE.
Este caso ejemplifica de forma clara una nueva manera de actuar de los grupos ultraconservadores para minar los derechos sexuales y reproductivos, y muy en especial el derecho al aborto.
Ya no se trata sólo de grupos tradicionales ligados claramente a la iglesia, como el caso del Opus Dei o de los Legionarios de Cristo, sino organizaciones que toman la forma de asociaciones de la sociedad civil, que enarbolan la bandera de los derechos y captan adeptos a través de campañas y marketing agresivo como las mejores agencias de publicidad. «Utilizan diversas formas de presión, como infiltrarse en los partidos políticos, presionar a los parlamentos, emprender acciones judiciales para desgastar a las organizaciones, organizar campañas o medios de comunicación y recurrir a mensajes sencillo e impactantes que deforman la verdad, manipular datos o falsificar hechos», afirman desde Calala, una organización que apoya el trabajo de las organizaciones de mujeres en diversas partes del mundo.
De hecho, para varias expertas consultadas, el triunfo del Partido Popular en 2011 supuso una demostración de la influencia de estos grupos de poder. La ofensiva de reformas emprendidas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó la reforma de la ley del aborto de 1985, «soliviantó a las organizaciones ultraconservadoras y fue un acicate para una ofensiva política. El intento de reforma de la ley del aborto de Gallardón, provenía de la presión política de estos grupos«, afirma una fuente que prefiere mantener el anonimato. «Porque no existía ningún tipo de demanda social para el cambio».
«Hemos visto en los últimos años un cambio radical en la forma de actuar de estos grupos antiderechos», afirma Silvia Adalvert García, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. «Cuando Trump gana las elecciones se inicia una ofensiva a nivel internacional y a través de la conocida como ley mordaza (gag rule) que anula los fondos públicos para cualquier tema relacionado con los derechos sexuales y reproductivos». Esto ha supuesto, según esta experta, un resurgimiento de los movimientos más conservadores no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa y América Latina, donde la influencia de estos grupos ha sido tradicionalmente muy poderosa. «Su nueva estrategia es esa, y lo dicen públicamente: conseguir acabar con los fondos que están destinados a los derechos sexuales y reproductivos y concretamente al aborto».
Ataque contra los derechos humanos
«La persecución siempre ha existido» afirma Viviana Waisman, presidenta de la organización Women’s Link, «pero ahora hay un momentum relevante de ataque a los defensores de los derechos humanos, de los que los derechos sexuales y reproductivos forman una parte clave».
Para Waisman, hay un patrón preocupante en la acción de estos grupos, que se repite y que su organización ha constatado en su trabajo en América Latina. «Los ataques comienzan siempre por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sus defensores, para seguir con un ataque a los derechos de las personas LGTBI y continuar con el resto de los derechos humanos».
Para AWID, una organización que defiende los derechos de las mujeres, «la movilización anti-derechos en el nivel internacional constituye una respuesta al avance significativo de las organizaciones feministas y progresistas y al efecto que han producido durante las tres décadas pasadas», según afirman en un informe reciente.
«Los actores anti-derechos están socavando el contenido mismo y la estructura de nuestros conceptos, instituciones y protecciones de derechos humanos, con consecuencias desastrosas para los derechos humanos y la justicia de género. Esto se manifiesta en los derechos sexuales, incluyendo los derechos a la integridad corporal, el derecho a elegir la propia pareja, y el derecho a decidir sobre las relaciones sexuales; los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género…» afirma AWID.
El impacto en las mujeres.
Este retroceso de los derechos tiene un impacto tremendo en la vida de las mujeres. Por un lado, apunta Adalvert, las mujeres y las organizaciones que garantizan sus derechos «están perdiendo espacios de participación y de incidencia política, y cuando esto ocurre, nuestros derechos están en regresión absoluta. Perdemos espacios y financiación y todo lo que tiene que ver con lo derechos de las mujeres pasa al final de la cola».
Otra de las consecuencias, afirma esta experta, es que las conquistas que pensábamos ya asentadas en materia de derechos sexuales y reproductivos se puede ir perdiendo y acabar diluyéndose en los discursos. «En un momento comenzaron a diluirse con los recortes y la crisis económica pero cada avance de estos movimientos fundamentalistas o llamados anti-elección, son retrocesos en los derechos de las mujeres».
Para esta experta, este retroceso, unido a que las mujeres no conocen sus derechos, es una bomba de relojería.
«El año pasado realizamos un sondeo entre mujeres de hasta 30 años y descubrimos que el 80% no sabía que abortar era gratuito, a pesar de que hace ya ocho años que se aprobó la ley de interrupción del embarazo en 2010″.
Para Adalvert, esto tiene una explicación muy clara: «que no se están poniendo los medios ni existe la voluntad política de que esos derechos sexuales y reproductivos sean reconocido y accesibles para todas las mujeres.
Para los expertos consultados, lo mismo pasa con la anticoncepción y con la educacion sexual, que son asignaturas pendientes.
Para González, estos ataques de los grupos ultraconservadores son preocupantes, no sólo por el peligro que supone para la supervivencia de las organizaciones, sino porque si funcionan, «si sus estrategias tienen éxito van a suponer mayores recortes de derechos. De hecho a nivel nacional, los anticonceptivos, que deberían estar aprobados todos y financiados según la ley 2/2010 y la estrategia nacional de salud que la desarrolla, están frenados. Y todos estos movimientos obstaculizan que se implemente esta ley, que los anticonceptivos sean gratuitos, que el acceso de las mujeres a los sistemas de anticoncepción y a los sistemas de salud sexuales y reproductivos se vean mermados. Y cuando se ponen en tela de juicio a las organizaciones que defienden estos derechos, los más perjudicados es la ciudadanía y en concreto las mujeres».
