Varias fundaciones de extrema derecha no han depositado ante el Registro del Ministerio de Justicia sus últimas cuentas anuales, según el Gobierno
LUCAS MARCO. ELDIARIO.ES.- La ley española obliga a los patronatos de las fundaciones a depositar sus cuentas anuales en el registro dependiente del Ministerio de Justicia, aunque no existe sanción alguna para aquellas que incumplen la norma. Hecha la ley, hecha la trampa. Así, entidades ultras y nostálgicas de la dictadura franquista, sin parangón en el resto de la Unión Europea, obtienen beneficios fiscales y se saltan esta obligación a la torera.
La Fundación Ramiro Ledesma Ramos no ha presentado sus cuentas anuales, según una respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet. Otras, como la Fundación José Antonio Primo de Rivera, solo han depositado las cuentas correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La Fundación Serrano Suñer solo las ha depositado hasta 2016.
La Fundación Nacional Francisco Franco y la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano únicamente tienen depositadas las cuentas hasta 2017. La Fundación Blas Piñar es la única de la galaxia ultra que tiene depositadas las cuentas hasta 2018. Otras entidades ultras como la Fundación Yagüe o la Fundación las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, no constan inscritas en el Registro de Fundaciones, según el Gobierno.
Estas fundaciones, abiertamente franquistas y que constituyen una llamativa excepción en la Unión Europea, se benefician de deducciones fiscales por donaciones y donativos. La Fundación Nacional Francisco Franco, tal como publicó este diario, ha obtenido más de dos millones de euros donados por entusiastas de la dictadura. «Compete al Poder Judicial la adopción de medidas que conduzcan a la suspensión o disolución de las asociaciones», recuerda el Ejecutivo.
El Gobierno asegura que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática «estudiará las actuaciones por vía sancionadora» (multas de 200 a 100.000 euros) en el caso de que «cualquier persona física o jurídica» lleve a cabo acciones que «supongan el incumplimiento de obligaciones legales en materia de memoria histórica y democrática».
El régimen sancionador, recuerda el Gobierno, incluye el cierre temporal de los locales donde se realicen «actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración» del golpe de Estado de 1936, de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, «de la dictadura franquista o del dictador Francisco Franco».
