El Mundo.- La detención de ocho adolescentes por presuntamente agredir sexualmente a otras tres niñas menores ha conmocionado en las últimas horas al municipio alicantino de Crevillente, pues una de las víctimas es una adolescente de 13 años que sufre una discapacidad. Es además, la única que ha presentado denuncia, según han confirmado a EL MUNDO fuentes de la Guardia Civil.
De hecho, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, había asegurado que había «tres denuncias de agresiones a menores», y que fue a raíz de la primera denuncia cuando se produjeron las otras dos. Sin embargo, desde la Guardia Civil se explica que la investigación de la primera denuncia, que ha sido desarrollada por el Equipo Mujer Menor de Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, condujo a la localización de las otras dos víctimas. Ninguna de ellas ha presentado de momento denuncia.
Los ocho menores, con edades entre los 15 y los 17 años, están acusados de agredir sexualmente a la joven de 13 años y este martes pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores. El juzgado de Menores de Alicante acordó dejar en libertad con cargos a los ocho detenidos y ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros durante seis meses para seis de los arrestados, según ha adelantado el diario Información.
La primera de las víctimas sufre una discapacidad y no fue hasta que relató los hechos a la orientadora de su instituto cuando desde el centro escolar se decidió interponer la denuncia. Al parecer, el pasado mes de abril, y durante cinco días seguidos, fue agredida sexualmente por cinco menores a los que realizó felaciones. Otros tres llegaron a pedírselo ofreciéndole a cambio dinero: dos euros por felación.
De hecho, la chica conocía a los jóvenes de su instituto, si bien no todos estudian en el mismo centro. Aun así, se decidió finalmente a relatar su calvario porque estaba sufriendo «acoso e insultos» por parte de familiares de los menores implicados. De hecho, a la puerta de los calabozos de los juzgados de Alicante se ha visto un gran despliegue policial, ante el numeroso grupo de personas que se había congregado para recibir a los menores a su salida.
Solo uno de los investigados ha reconocido que mantuvo relaciones con la menor, aunque en su declaración ha precisado que fueron consentidas y que incluso empezaron por iniciativa de ella. El resto de los acusados ha negado los hechos, según han explicado este jueves a Efe los abogados Joaquín de Lacy y Enrique Giménez, que defienden a cuatro de los ocho adolescentes.
De Lacy ha manifestado que de la declaración de todos los detenidos se deduce que no hubo agresión sexual alguna y, además, que la denuncia ante la Guardia Civil de la niña de 13 años, que presenta trastorno autista, incurre en contradicciones.
Ha proseguido que sus dos representados han negado la veracidad de la denuncia y ha subrayado que no entienden lo que acontece, además de sufrir en las últimas horas acoso a través de las redes sociales, donde han recibido mensajes en los que les tachan de «violadores» y que «hay que echarles» del pueblo.
Está previsto que la denunciante de 13 años acuda la próxima semana al Juzgado de Menores de Alicante ya que únicamente ha formulado la denuncia ante la Guardia Civil, sin haber declarado aún en sede judicial, donde deberá ratificar o no lo dicho ante el instituto armado.
Preguntado por este caso, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado su consternación y ha expresado su confianza en que este episodio no sea una «consecuencia no deseada de la peor ley contra las mujeres que se ha promulgado en España», en referencia a la del ‘sólo sí es sí’.
En declaraciones a los periodistas en Alfara del Patriarca (Valencia) tras la inauguración del VI Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat, Mazón ha dicho que a raíz del ‘sólo sí es sí’ en los últimos meses se ha visto la reducción de penas a miembros de la Manada o que abusadores y violadores «han salido a la calle».
Por su parte, ha afirmado que el Consell que preside actuará en «prevención», en reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el endurecimiento de las penas y en confiar en los consejos del «trabajo riguroso» de los expertos jurídicos, todo ello para «trabajar desde el rigor y seriedad». Ha añadido, además, que la Generalitat introducirá políticas preventivas en los centros educativos y que revisará la atención a los centros de menores.
