La colonia tenía una de las leyes más duras de Europa. El sí a una nueva, con más supuestos, se ha impuesto en un referéndum cuyo resultado se ha conocido esta madrugada
El aborto dejará de estar penado con cadena perpetua en Gibraltar. El sí a que entre en vigor la ley aprobada por el Parlamento en 2019, que recoge un mayor número de supuestos y cuya aplicación quedó paralizada, se ha impuesto con rotundidad a los que abogaban porque no se produjese ninguna variación legislativa.
Según los datos publicados por el Gobierno de la colonia británica, un total de 12.176 personas —el 52,1 por ciento de las 23.343 que formaban el censo— participaron este jueves en un referéndum que tuvo que ser suspendido meses atrás por la pandemia. De ellas, 7.656 —el 62,8 por ciento— han apoyado un nuevo marco legislativo que contaba con el respaldo, entre otros, del presidente Fabian Picardo.
La opción de no, defendida principalmente por el movimiento provida y el obispo católico de La Roca, Carmel Zammit, fue secundada por 4.520 gibraltareños —el 37,1%—. Los votos nulos fueron 167.
Los resultados de esta votación se han conocido la madrugada de este viernes, después de una larga cita con las urnas, e implican que Gibraltar deje atrás una de las leyes provida más duras de Europa.
Esta norma se incluía dentro de Delitos contra las Personas y advertía que el ciudadano que la violase «está sujeto a pena de prisión de por vida». En este escenario se situaba tanto a la mujer que pretendiese interrumpir su embarazo como a la persona que lo facilitase administrándole fármacos o empleando cualquier instrumental, en clara referencia a los profesionales sanitarios.
La condena sería de un máximo de cinco años de cárcel para quien proporcionase «veneno, sustancias nocivas o instrumentos» a otra persona «con la intención de que se utilice o emplee ilegalmente para procurar el aborto espontáneo de una mujer».
«No se comete delito cuando el acto que ocasiona la muerte del niño se realiza de buena fe y con el único fin de preservar la vida de la madre», recogía la ley sobre el único supuesto en el que se despenalizaba la interrupción de la gestación.
Joseph García, del Partido Liberal, y Marlene Hassan-Nahon, de Together Gibraltar, se habían unido a Picardo, líder del GSLP, para apoyar una ampliación de supuestos que se incluyó en la Ley de Crímenes de 2019 aprobada por el Parlamento y cuya aplicación estaba paralizada. «En este referéndum se pregunta si esa norma debería entrar en vigor o no», explicaron a El Confidencial fuentes del Gobierno gibraltareño, que detallaron que el censo lo componían 23.343 personas mayores de 16 años.
Nuevos supuestos
La nueva legislación que entrara en vigor aún se sitúa lejos de las que han impulsado otros países de la Unión Europea, España, sin ir más lejos, pero supone una evolución. Esta exige la tutela y el criterio de dos médicos del sistema sanitario, que para apoyar la interrupción deberán confirmar que se produzca uno de estos cuatro supuestos: el embarazo «no supera las 12 semanas», el aborto «es necesario para evitar lesiones graves y permanentes en la salud física o mental de la embarazada», proseguir con la gestación pone en riesgo la vida de la madre o «existe un riesgo sustancial» de que se haya producido una «muerte fetal». Los últimos tres casos no cuentan con limitación temporal: se podrá aplicar, si los facultativos así lo estiman, tanto al principio como al final del embarazo.
El texto legislativo reconoce con limitaciones la objeción de conciencia entre el personal sanitario al recordarles que “una persona que tiene el deber de actuar no puede negarse a salvar vidas”, en referencia a las situaciones en las que la salud de la mujer corra peligro.
En la colonia nunca se ha impuesto la pena de cadena perpetua por abortar, como recordaron fuentes del Ejecutivo gibraltareño, pero no es menos cierto que ha sido así, en buena parte, porque muchas de sus ciudadanas optaban por desplazarse a España para hacerlo. Lejos de una comunidad reducida en la que todos se conocen y que cuenta con un fuerte colectivo antiabortista.
El Movimiento Provida de Gibraltar —Gibraltar Pro-Life Movement— ha sido sin duda uno de los más activos. Sus redes sociales fueron un hervidero conforme se acercaba el referéndum, con numerosas publicaciones en las que animaban a la gente a votar no y la difusión de vídeos e intervenciones en medios de sus rostros más visibles.
En su ‘bando’ tenían un fuerte aliado: Carmel Zammit, el obispo católico de la colonia, quien hizo pública una pastoral en la que se mostraba partidario de mantener la actual legislación y en la que justificaba su postura afirmando que en la Constitución de Gibraltar se defiende «enfáticamente el derecho a la vida».
Frente a ellos, los citados políticos y los componentes del ¡Gibraltar por el Sí! —Gibraltar for Yes!—, un movimiento ciudadano que también se ha volcado en las redes para que se actualizase la normativa sobre interrupción de embarazo.
Una de las cuestiones que recordaron a los ciudadanos que este jueves tenían la opción de votar es que «las mujeres gibraltareñas siempre han abortado, pero no en Gibraltar. Esto no terminará votando no. Solo brindará una falsa seguridad a aquellos que están en contra del aborto, una percepción de moralidad colectiva».
El debate ha sido encarnizado y ha dividido más a la colonia que el surgido del Brexit, por eso se presupone que habrá un número elevado de ciudadanos descontentos.
