El primer ministro israelí firmó un acuerdo con Acnur por el que aceptaba albergar a 16.000 extranjeros, pero se echó atrás ante la presión de sus socios de coalición
ANA GARRALDA. ELDIARIO.ES.- De la gloria al infierno en apenas siete horas pasaron los inmigrantes sin papeles (la mayoría de ellos procedentes de Eritrea y de Sudán) que se encuentran en los centros de internamiento de Israel. Entre las cuatro de la tarde y las once de la noche del lunes, Benjamín Netanyahu canceló el acuerdo al que había llegado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), arrojando un jarro de agua congelada sobre las esperanzas de los casi 40.000 migrantes a los que varios de los ministros del gobierno califican de forma reiterada y despreciativa como “infiltrados”.
Tras reunirse con representantes de las comunidades más afectadas por el fenómeno de la inmigración irregular en el sur de Tel Aviv, en compañía del ministro del Interior Arie Deri, colgó un comunicado en las redes sociales: «Tras sopesar de nuevo los pros y los contras, decidí cancelar el acuerdo».
El pacto preveía que 16.250 inmigrantes serían trasladados a países occidentales y otros tantos recibirían un permiso de residencia temporal en Israel con permiso de trabajo.
Por este motivo, el martes decenas de entre los que tienen permiso para salir por el día de los centros de internamiento se manifestaron frente a la sede del Likud en Tel Aviv. En menor número otros lo hicieron frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén, donde ahí hay una tienda de protesta permanente de la comunidad etíope reclamando que el gobierno no hace lo suficiente para liberar a uno de los suyos que está detenido por Hamás en Gaza.
Algunos se colocaron en fila, con el torso desnudo y encadenados, para denunciar que el Gobierno israelí los trata como si fueran esclavos, dado que previamente puso en marcha un plan de deportaciones voluntarias con una indemnización económica de unos 30.000 euros por cabeza, pero con destino a un país como Uganda en el que las redes criminales a muchos les quitaron el dinero y les colocaron en la frontera.
Críticas desde la sociedad civil y la oposición
Varias organizaciones de derechos humanos –entre ellas la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), la Línea Caliente para Trabajadores Inmigrantes, el Centro de Desarrollo de los Refugiados Africanos, los Médicos por los Derechos Humanos, y – critican al Ejecutivo por incumplir la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), que fue firmada por Israel.
La portavoz de la Organización para la Ayuda de los Refugiados en Búsqueda de Asilo (ASSAF), Orit Maron, denunció que “nuestros dirigentes utilizan el término mistanenim (infiltrados) para deshumanizarlos, de forma que dejen de ser vistos como personas para ser percibidos como amenazas”. Según Maron, “el discurso del miedo acaba calando en la opinión pública y la gente termina creyéndose que hay millones de africanos que están ahí al lado y que quieren venirse al jardín del Eden”.
Ser tratados como seres humanos, y no como delincuentes, es la principal demanda de los eritreos y sudaneses. “Una vez más, ha vuelto a quedar en evidencia que gobierna en función de los equilibrios internos con los partidos de extrema derecha y de lo que le dicen los sondeos”, señala Reut Michaeli, directora de un grupo de ayuda a los inmigrantes.
La política zigzagueante del primer ministro israelí le ha acarreado no pocas críticas de los partidos de la oposición. “Israel necesita un primer ministro con capacidad para tomar decisiones y sobre todo para actuar no con falta de liderazgo y cobardía”, tuiteó el líder del Partido Laborista, Avi Gabbay. “Netanyahu no tiene política, solo un encendedor y un extintor de incendios que utiliza según sus intereses”, la nueva secretaria general de Meretz, Tamar Zandberg.
Programa de deportaciones masivas
El gobierno israelí dio en febrero una nueva vuelta de tuerca a su estrategia de expulsión de decenas de miles de solicitantes de asilo subsaharianos, proponiendo una oferta excluyente. O bien optar por la detención indefinida en una prisión israelí –práctica que contraviene la legislación internacional en esta materia– o aceptar un vuelo de ida a un tercer país no identificado, muy probablemente Ruanda o Uganda.
Durante años, Netanyahu impulsó un oscuro programa para librarse de los solicitantes de asilo, especialmente los de Eritrea y Sudán. Con supuestos acuerdos secretos con gobiernos africanos que aceptarían acoger a los solicitantes de asilo, la idea era entregarlos después a terceros países, incluidas zonas de guerra como Sudán del Sur. Ahora parece que el gobierno vuelve a apostar por ese programa clandestino.
Israel selló oficialmente su frontera con Egipto en 2013, después de que unos 65.000 extranjeros entraron al país. A medida que aumentaron las cifras, habitantes de Tel Aviv y políticos contrarios a acogerlos comenzaron a hacer denuncias en gran parte infundadas de que los solicitantes de asilo estaban cometiendo delitos, quitando los empleos a los trabajadores locales y desestabilizando los barrios donde se establecieron.
A medida que aumentaba el sentimiento antiinmigrante, el gobierno fue haciendo la vida más difícil para los solicitantes de asilo. Desde 2013, miles de ellos han sido detenidos y trasladados a un centro de detención situados en el desierto del Neguev.
Algunos rabinos –liderados por la ONG Rabinos por los Derechos Humanos– han ofrecido públicamente ocultar a los solicitantes de asilo en riesgo de deportación. Y en el macrocentro de detención de Holot, cientos de detenidos han organizado una huelga de hambre.
Susan Silverman, una rabina de Jerusalén (y hermana de la cómica norteamericana Sarah Silverman), ha puesto en marcha una campaña para que los israelíes oculten a los solicitantes de asilo africanos en sus hogares, comparando su situación con la de Ana Frank.
Más de 2.000 personas rodearon la residencia del embajador de Ruanda para protestar por su participación en las deportaciones. Algunos pilotos de El Al, la aerolínea de bandera israelí, se han negado a participar en los vuelos de deportación, aunque la compañía asegura que no se le exigió que transportaran a refugiados.
