Una resolución pide al gobierno birmano que tome medidas urgentes contra el odio hacia las minorías del país quince días después de que Aung San Suu Kyi rechazara en La Haya las acusaciones de genocidio
AGENCIAS. EL PAÍS.- La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución este viernes por la que condena con firmeza a Myanmar por los abusos de los derechos humanos cometidos contra la minoría musulmana de los rohinyás, por los arrestos arbitrarios, las torturas, violaciones y muertes a detenidos. El órgano de 193 miembros aprobó con 134 votos favorables, nueve en contra y 28 abstenciones la resolución por la que se pide al gobierno de Myanmar que tome medidas urgentes para combatir el odio contra los rohinyás y otros grupos minoritarios de la sociedad en los estados de Rakhine, Kachin y Shan. La resolución, que no tiene efecto legal, sí refleja la opinión del mundo sobre el asunto.
La mayoría budista de Myanmar considera que los rohinyás son bengalíes de Bangladés, aunque sus familias hayan vivido en el país durante generaciones. Prácticamente a todos se les ha negado la nacionalidad desde 1982, por lo que son apátridas y no tienen libertad de movimiento ni otros derechos básicos. La crisis de los rohinyás explotó en agosto de 2017, cuando los militares de Myanmar desplegaron una ofensiva en Rhakine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinyá. Dicha campaña provocó el éxodo masivo hacia Bangladés y disparó las acusaciones contra las fuerzas de seguridad, señaladas por violaciones en masa, asesinatos y quema de hogares.
El embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Hau Do Suan, calificó la resolución como «otro ejemplo clásico de dobles estándares y aplicación selectiva y discriminatoria de las normas de derechos humanos» diseñadas para «presionar políticamente a Myanmar». El embajador dijo que la resolución no busca soluciones a una situación compleja en el estado de Rakhine y no reconoce los esfuerzos del gobierno para encauzar los retos de la zona. La resolución, dijo, «sembrará desconfianza y creará una mayor polarización de las diferentes comunidades en la región».
La resolución de Naciones Unidas muestra su alarma por el continuo flujo de musulmanes rohinyás al vecino Bangladés durante las pasadas cuatro décadas, país al que han llegado 1,1 millones de personas desde Myanmar, incluyendo 744.000 que lo han hecho desde agosto de 2017 «en las secuelas de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad y armadas de Myanmar». La asamblea también ha expresado su alarma por el hallazgo de una misión internacional e independiente al país «de brutales violaciones de los derechos humanos y abusos sufridos por los musulmanes rohinyás y otras minorías» por las fuerzas de seguridad, que cometieron «indudablemente los crímenes más graves bajo la ley internacional».
El texto de Naciones Unidas pide un cese inmediato de las hostilidades y reitera el cese de «la discriminación sistemática e institucionalizada» contra los rohinyás, el desmantelamiento de los campos de desplazados de esta y otras minorías de Myanmar y «crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario, digno y seguro de todos los refugiados», algo que los rohinyás han rechazado reiteradamente por miedo a la ausencia de esas condiciones de seguridad en Myanmar.
El varapalo a Myanmar llega dos semanas después de que la política birmana Aung San Suu Kyi, de 73 años, consejera de Estado de Myanmar, defendiera a su país ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ) y rechazara las alegaciones de genocidio contra los rohinyás. Suu Kyi calificó de “conflicto interno de lucha contra el terrorismo, sin intención genocida” la situación que ha provocado el éxodo de decenas de miles de miembros de esta comunidad hacia el vecino Bangladés. La política birmana aseguró que Myanmar “no persigue a los rohinyás para que desaparezcan”.
