#TeCedoMiVoto es una iniciativa que busca reivindicar un mayor acceso al voto para este colectivo
SUSANA YE. VERNE / EL PAÍS.– Safia El Aaddam nació hace 23 años en Tarragona y se considera una persona con inquietudes políticas. Sin embargo, no podrá votar ni en las elecciones generales, ni en las europeas, ni en las autonómicas catalanas, ni en las municipales de su ciudad. «Años residiendo aquí y cumpliendo con mis deberes, pero sin los mismos derechos», lamenta Safia.
La razón es que, pese a haber nacido en España, Safia carece de nacionalidad española, un requisito indispensable (salvo algún caso que veremos más adelante) para ejercer el derecho al voto. Según el Código Civil, para obtener la nacionalidad en el nacimiento no basta con haber nacido en territorio español, sino que es necesario que uno de los progenitores tenga la nacionalidad, que ambos sean apátridas o que se desconozca la identidad de ambos. No es ninguno de los casos de Safia. En términos jurídicos, a diferencia de otros países, en España se impone el «derecho de sangre» sobre el «derecho de suelo».
Según los datos del INE, recogidos por el Anuario de la inmigración 2018 del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), en España hay unas 520.000 personas que, como Safia, poseen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España.
Safia empezó el proceso para dejar de ser considerada «residente» y obtener la nacionalidad española a los 18 años, después de ver cómo sus amigos acudían a las urnas pero ella no. Es solo una de las limitaciones que implica su situación. Además del voto, la nacionalidad española también le permitiría gozar de los derechos que poseen los ciudadanos de la Unión Europea, marcharse de Erasmus o presentarse a una oposición, entre otras cosas.
Aunque Safia cumple con los requisitos para solicitar la «nacionalidad por residencia», que en su caso concreto son un año de residencia legal, buena conducta cívica y suficiente grado de integración, aún no lo ha conseguido. No es un caso único. Según los datos del Ministerio de Defensa y del Defensor del Pueblo, en 2017 había 400.000 personas pendientes de obtener la nacionalidad.
Pese a que en 2015 entró en vigor el registro telemático, una medida que prometía agilizar el proceso de obtención de nacionalidad, lo cierto es que no ha obtenido los resultados esperados. El proceso se alarga varios años. Muchos afectados creen que, más allá de las cuestiones informáticas, detrás de estos retrasos hay una falta de voluntad política.
Desde 2015, además, para la obtención de la nacionalidad española por residencia es necesario superar dos exámenes. El primero, para acreditar un conocimiento básico de la lengua española. El segundo, para acreditar el conocimiento de la Constitución y de la realidad sociocultural españolas.
Estas pruebas no son precisamente gratuitas, sino que ambas suman 200 euros. Lo que se añade a los 102 euros que, desde 2015, son necesarios para iniciar los trámites y al coste adicional que muchas veces supone la obtención de documentación en el país de origen. Safia se encuentra a la espera de que se aplique la dispensa por haber cursado estudios en España, tal y como se planteó en un proyecto de orden ministerial de 2016.
El anuario de la inmigración 2015-2016 del CIDOB recordaba que «uno de los grandes problemas en el estudio de la participación política de los inmigrantes en España es la falta de estadísticas oficiales». Sí sabemos, por lo menos, como recoge el anuario de 2018 de esa institución, que en España residen unos 6,2 millones de personas foráneas (un 13,3% de la población española).
Esta cantidad incluye a las 2,1 millones de personas que poseen la nacionalidad española pese a haber nacido fuera de España, a las más de 4 millones que poseen nacionalidad extranjera y han nacido fuera de España y a las 520.000 que, como Safia, poseen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España.
En teoría, solo las 2,1 millones de personas con nacionalidad española pueden votar en las elecciones. Aunque, como hemos mencionado más arriba, hay algunas excepciones. En primer lugar, los ciudadanos de la Unión Europea, que pueden votar en las elecciones municipales y en las europeas, así como ser elegidos alcaldes y concejales. En segundo lugar, desde 2011, también pueden votar en las municipales aquellos extranjeros procedentes de los 12 países con los que España ha suscrito convenios especiales y que cumplan algunos requisitos, como estar empadronados y demostrar un mínimo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida. Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago son los países que integran la lista.
Pese a las limitaciones estadísticas, se calcula que 464.074 personas en ambas situaciones votaron en las elecciones municipales de 2015. Uno de los que lo hicieron fue Jorge Hincapié, colombiano de 27 años, que llegó a España cuando tenía ocho. Titulado en arquitectura, arrancó el año pasado los trámites para nacionalizarse español con la esperanza de opositar algún día.
Para votar en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, tanto los ciudadanos de la Unión Europa como los procedentes de países con convenio tendrían que haberse inscrito en el CERE (Censo Electoral de Extranjeros Residentes en España). Jorge Hincapié no llegó a tiempo para hacerlo en 2011, ya que hay que solicitarlo con bastantes meses de antelación, pero sí en 2015. De cara a las próximas elecciones, también lo ha hecho. Tal y como establece el protocolo, ha ido al Ayuntamiento de Barcelona para presentar su empadronamiento y ha confirmado vía online, tras recibir un código vía postal, que quiere votar.
#TeCedoMiVoto
«Lleváis invisibilizándome desde que nací pero llevo gritando desde que tengo voz. No me vais a callar», escribió Safia en Twitter. Safia recuerda un momento que ilustra bien su sensación de impotencia: se encontraba reflexionando con la también activista Míriam Hatibi cuando, al explicar su situación, rompió a llorar.
Toda esta rabia le ha llevado a impulsar la iniciativa votaresunderecho.es, así como un hashtag para visibilizarlo: #TeCedoMiVoto. La idea consiste en poner en contacto a personas que no pueden votar por su situación administrativa con otras que, pese a que tienen la posibilidad, prefieren no hacerlo.
Esta idea surgió al lado de su amiga Elisabet Alarcón, de 21 años y de Barcelona, quien le ofreció su papeleta. «Soy abstencionista porque veo desigualdad en que dificulten la participación a los que han emigrado», comenta Elisabet.
Con el apoyo de su compañero Ahmed Nasser El Alaoui y con la colaboración de unas 30 personas han sacado adelante el proyecto, en el que ya hay apuntados 300 donantes y 431 buscadores de votos.
El mecanismo es sencillo: basta con introducir en qué ciudad vives, qué cita electoral eliges, compartir tu motivación (si quieres) y quedar con la otra persona para votar en las urnas. También han convocado una concentración en Barcelona en la víspera de las elecciones generales. «Es un parche pero al menos los nacidos aquí tenemos la sensación de que nuestra voz llegará a las urnas», concluye Safia.
La iniciativa recuerda a la que en las elecciones de 2015 protagonizó el colectivo Marea Granate y que, con el hashtag, #RescataMiVoto, puso en contacto a abstencionistas y a emigrados que no podían votar por los obstáculos al voto rogado. También recuerda a la iniciativa a la que se adhirieron cerca de un centenar de organizaciones y que, a partir del año 2006, reivindicaba una mayor participación política para los migrantes con el lema «Aquí vivo. Aquí voto«.
El voto de las personas extranjeras puede ser una herramienta poderosa de integración. Sin embargo, como reconoce el Migrant Integration Policy Index (MIPEX), un estudio que analiza las políticas de integración de inmigrantes en Europa y otros países, su participación política sigue siendo uno de los ámbitos más débiles dentro de los procesos de integración
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