ANA CARBAJOSA. EL PAÍS.- Las manos chatas de Mohamed Riani han enterrado a cientos de cadáveres en el cementerio de Griñón, cercano a Madrid. Aquí, bajo una espesa maleza, descansan los cuerpos que Riani ha sepultado mirando a La Meca, recostados a la derecha y envueltos en paños blancos, pegados a la tierra como manda el rito islámico. Damasco, Jerusalén, Teherán… Las lápidas con caligrafía árabe desvelan el origen de los fallecidos.
Griñón es el único cementerio islámico de Madrid, la comunidad autónoma con mayor número de musulmanes, 200.000. Pero es también el lugar en el que los musulmanes de toda España han enterrado durante años a sus muertos, porque aquí se podía sepultar sin ataúd, como ordena el Corán y a precio de saldo. Cuando el cementerio pasó a manos del Ayuntamiento el pasado octubre, aplicó la ley de sanidad mortuoria de Madrid, que obliga a enterrar con féretro y a pagar tarifas fijas, sublevó a la comunidad musulmana, que exige entierros que respeten su rito, como se comprometió el Estado en los acuerdos de cooperación hace 20 años.
Los vaivenes del conflicto de Griñón han resultado ser una buena ilustración de la ignorancia y la desconfianza mutua que gobiernan las relaciones entre la Administración y los musulmanes en España. Atestiguan también la creciente asertividad de los jóvenes musulmanes, más dispuestos que sus padres a pelear por los derechos que el Estado les reconoce. La indignación de Hicham Oulad, secretario general de los Jóvenes Musulmanes de España es un buen ejemplo. “Igual que tenemos derecho a una vivienda, lo tenemos a un lugar digno para enterrar a nuestros seres queridos. Formamos parte de la historia más profunda de España”. El abuelo y el bisabuelo de Oulad lucharon en la Guerra Civil. Él se siente tan ciudadano español como cualquier otro. “A los musulmanes se nos considera ajenos a este país. No mendigamos. Exigimos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos del Estado con nuestra confesión”.
En España hay 22 cementerios con un espacio reservado para el culto musulmán. Ocho de ellos están en Andalucía, la única comunidad que permite enterrar sin ataúd. Hasta ahora, también se hacía de forma oficiosa en Griñón, donde descansan los caídos de la Guardia Mora de Franco y a donde llegaban cadáveres del centro y norte del país. Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla y León (salvo el de Burgos), Castilla La Mancha y Extremadura carecen de cementerio musulmán. En el resto del país se entierra con ataúd y se buscan soluciones como introducir tierra en la caja o hacer un agujero en la madera que indique que el cuerpo está en contacto con la tierra. Los precios de los enterramientos varían enormemente según el lugar.
La concesión del cementerio al Ayuntamiento de Griñón por parte del Ministerio de Defensa supuso el inicio del fin de 17 años de anarquía funeraria. El Consistorio cerró el camposanto de forma abrupta pero temporal en octubre, para regularizarlo. Cuatro cadáveres y dos fetos se quedaron atascados en el refrigerador de la funeraria de la mezquita de la M-30 de Madrid. Se recolectó dinero en las mezquitas para poder repatriar los cuerpos. Después corrió el bulo de que iban a abrir las fosas y sacar a los muertos. El conflicto estalló. “Vivos o muertos tenemos derechos”. “No hay ni dónde caerse muerto”, se leía en las pancartas que encabezaban la manifestación con la que, a finales del año pasado, se topó la alcaldesa de Griñón, María Antonia Díaz, a las puertas del Ayuntamiento. Se abrió una petición en Change.org, acudió la cadena Al Yazira y los antidisturbios desembarcaron para poner orden. La movilización amagaba con desbordarse.
En el pueblo, donde no había habido problemas de convivencia, aparecieron pintadas del tipo “vete a tu país” y en el Ayuntamiento enseguida se dieron cuenta de que había que actuar y rápido. Reabrieron el cementerio y en horas cavaron 22 tumbas. El conflicto, pensaron, estaba encarrilado. “Lo vamos a dejar precioso. Con una placita, un olivo. Vamos a quitar toda esta maleza y dejaremos una pradera de césped. Defensa construirá un monumento a los caídos en la Guerra Civil”, detalla la alcaldesa, quien insiste en que “queremos que el cementerio sea un referente para todo el centro de España”. El problema de fondo es que la alcaldía y los usuarios del cementerio hablan lenguajes distintos. A la comunidad musulmana lo que menos le preocupa son las malas hierbas.
El acuerdo de cooperación del Estado de 1992 establece que “se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios”. Además del ataúd, a los musulmanes les preocupan las paredes de hormigón que revisten las tumbas provisionales y que ejercen de barrera entre el fallecido y la tierra. “No nos pueden enterrar como a los demás”, sostiene Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, que negocia en el conflicto de Griñón y que destaca el espíritu de colaboración del Ayuntamiento y del resto de autoridades implicadas.
El precio que ha fijado el Ayuntamiento para los entierros a partir de ahora se ha convertido en un obstáculo añadido para sus usuarios. Hasta ahora, las familias le daban a Riani 50 o 100 euros y se olvidaban. Ahora, la tarifa provisional del municipio son 1.960 euros, además de otros 1.500 de la funeraria. A los 10 años, se renegocia la cesión de la parcela. Con estos precios, a muchos musulmanes les sale casi más barato repatriar a sus seres queridos. Otros, tienen seguros de repatriación contratados con bancos para enviar los cuerpos de sus familiares a Marruecos, por ejemplo. “Siempre ha habido gente que prefería enterrar en Marruecos, pero ahora les sale más barato que enterrarlos aquí”, explica Mohamed El Hichou, presidente de la mezquita Al Sunna de Fuenlabrada.
Fernando Arias, director de la fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia y parte en la negociación de Griñón, apunta que “si defendemos un Estado en el que todos tengan los mismos derechos, todos tienen que pagar lo mismo”. El problema, matiza, es que en España “debería haber más cementerios musulmanes, para que tuvieran más elección como los demás ciudadanos”. Cree además que ampliar la oferta resulta crucial. “En 10 años, los nacidos aquí no van a querer repatriar los cuerpos de sus padres y habrá muchos más entierros”. Lo cierto es que las autoridades han de darse prisa. Las 22 tumbas provisionales (seis ya están llenas) no durarán ni dos meses al ritmo actual (180 personas al año).
Sin prisas, Riani apura un bocadillo de calamares en la cafetería del tanatorio de la M-40. Viene de lavar el cadáver de un recién nacido. En tres días, el pequeño Abdel volará hasta Marruecos, para recibir sepultura. A su padre le aconsejaron que no le llevara a Griñón. Dentro de 10 años lo tendría que desenterrar e iría a una fosa común, le advirtieron. Mejor en Marruecos, pensó.
