EFE.- La plataforma Movimiento contra la Intolerancia ha advertido de que vivimos en un «ecosistema de intolerancia» en el que la intransigencia y la violencia escolar avanzan en toda España de una manera «inquietante».
Esta es una de las conclusiones del Informe RAXEN 2018, presentado esta mañana en València, y en el que se recoge que el año pasado se registraron 106 incidentes y delitos de odio en la Comunidad Valenciana, entre los que destacan los delitos de racismo y disfobia, además del aumento de denuncias en centros escolares.
«Si juntamos el aumento de intolerancia con el de violencia escolar podemos tener un flujo inquietante de aquí a 4 años», ha alertado el presidente del Movimiento, Esteban Ibarra, quien ha asegurado que esta situación se debe prevenir desde la educación, «ayudando a los jóvenes a desarrollar la tolerancia y el pensamiento crítico».
Asimismo, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia ha puntualizado que este tipo de violencia tarda mucho en ser detectada por la falta de control por parte de los familiares y las instituciones, ya que es una violencia que proferentemente se da a través de las redes sociales e internet.
Ibarra ha lamentado que no exista una ley ni una Fiscalía de Delito al Odio ante estos comportamientos que «atentan contra la democracia» y ante los que «estamos indefensos», por lo que ha pedido que la intervención del ministerio público «no puede faltar en sitios donde se están produciendo estos sucesos», ha añadido.
Por otra parte, el presidente de la ong ha advertido que hasta 2018 no se habían registrado actuaciones de violencia reactiva, para añadir que «no hay nada que justifique la violencia» y que la única reacción es en el marco del estado de derecho.
Los datos registrados por la organización sobre delitos de odio se calcula que solo representan el 11,5 %, ya que, según la Unión Europea, solo se denuncia el 20 % de este tipo de agresiones.
Ha criticado además la actuación del Ayuntamiento de València, que tras un convenio de dos años de atención a las víctimas, ha terminado su colaboración con el anuncio de una oficina que iban a poner en marcha «pero que sigue sin existir», ha añadido.
Desde la organización creen que si se crea esta oficina, estará limitada ya que «nace dependiente de una institución» lo que según Ibarra «limitaría la actuación ante los posibles delitos racistas o sexistas que afecten a la entidad».
